Ciudad de México, noviembre 16, 2026 10:50
Francisco Ortiz Pinchetti Inseguridad Opinión

Inseguridad maquillada

Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

“La Presidenta presume un espejismo de pacificación con cifras oficiales rasuradas, mientras el INEGI y la sangrienta realidad en las calles desmienten su discurso…”

Un ejemplo es la alcaldía Benito Juárez de CDMX. Aunque sus habitantes la perciben en las encuestas del INEGI como la demarcación capitalina más segura, las cifras oficiales desmienten esa tranquilidad. Según la Fiscalía y el Observatorio Nacional Ciudadano, es en realidad la tercera alcaldía con mayor incidencia delictiva por superficie en la capital, con más de 580 delitos anuales por kilómetro cuadrado.

 POR FRANCISCO ORTIZ PINCHETTI

En medio del escándalo de corrupción en el Instituto Nacional Electoral que inevitablemente enloda a Morena en vísperas de los comicios intermedios del año próximo, las cifras manejadas por la Presidenta en sus conferencias matutinas recientes sobre una “drástica” disminución del 50 por ciento en los homicidios dolosos registrados en el país, así como la supuesta mejora sustancial en la inseguridad general, resultan otra falacia de las muchas que caracterizan a la autollamada Cuatroté.

Esa presumida caída de los crímenes quedó desmentida de manera casi simultánea por el informe definitivo del INEGI sobre defunciones por homicidio ocurridas en 2025 —documentado a partir de certificados médicos y actas de defunción, y no de los reportes manipulables de las fiscalías—, según el cual efectivamente hubo una reducción con relación al año anterior, pero apenas del 12.1 por ciento… y no del 50 por ciento que pregona el discurso oficial.

Además, cosa especialmente grave, los datos duros del instituto confirman que los jóvenes siguen siendo el sector más golpeado por la violencia criminal: al sumar los rangos de 15 a 34 años, los homicidios suman 13 mil 999 víctimas (el 47.5 por ciento del total nacional) y se mantienen como la principal causa de muerte entre la población joven y adulta joven, incluso por encima de los accidentes.

A la mandataria le parece un logro también que seis de cada 10 mexicanos (el 58.1 por ciento)  nos sintamos inseguros en la localidad en que vivimos, como revela otro estudio del INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Y, por otro lado, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, publicada este 11 de noviembre por el propio INEGI con el balance de lo ocurrido durante 2025, revelan que el sector productivo sigue fuertemente castigado por la delincuencia y la impunidad: una de cada cuatro empresas en México fue víctima de algún delito.

Todo ello, ojo, con datos oficiales.

Para entender el tamaño de la manipulación oficial basta revisar los números sin maquillaje. Mientras Claudia Sheinbaum Pardo presume en Palacio Nacional que los asesinatos cayeron a la mitad —pasando de un promedio de 86.9, dijo, a 43.4 diarios entre septiembre de 2024 y octubre de 2026—, las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI documentaron 29 mil 488 homicidios en 2025 frente a los 33 mil 550 de 2024. Eso significa que en México se asesinó en promedio a 80.8 personas cada día (y no 43.4, que de por si no era como para sentirnos orgullosos, digo), durante el año pasado, una tasa de 22.6 por cada 100 mil habitantes que ubica al homicidio como la octava causa de muerte en el país y la sexta entre los hombres, quienes representan el 87.5 por ciento de las víctimas.

¿De dónde sale entonces el milagro estadístico del gobierno? De comparar peras con manzanas y de la contabilidad creativa de las fiscalías estatales. La mandataria toma como base los reportes preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que en 2025 solo contabilizó 24 mil 344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio (un promedio de 66.7 diarios). Entre las actas de defunción que recopila el INEGI en los registros civiles y servicios forenses y las carpetas de investigación que abren los ministerios públicos hay un boquete de cinco mil 144 muertos desaparecidos de la estadística oficial. Es una diferencia de 21.1 por ciento y la mayor brecha en más de una década, alimentada por la vieja maña de reclasificar asesinatos como homicidios culposos o accidentes para entregar buenas cuentas al poder, como ocurre en estados como Zacatecas o San Luis Potosí, donde el INEGI llegó a registrar hasta siete muertes por agresión por cada cuatro víctimas reportadas en las fiscalías.

Todo ello, por supuesto, sin contar el sospechoso comportamiento de las desapariciones en el país, cuyo registro histórico supera ya las 133 mil personas (con un alza acumulada de 4.8 por ciento en el último año según Red Lupa) y donde las desapariciones forzadas rompieron récord histórico este 2026 con un disparo de 142 por ciento, por más que el gobierno presuma hoy supuestas bajas de hasta 70 por ciento en entidades como San Luis Potosí.

Tampoco hay tregua alguna en la vida cotidiana de quienes producen y generan empleos. La ENVE 2026 exhibe que durante 2025 se cometieron tres millones de delitos contra 1.4 millones de unidades económicas, equivalentes al 25.9 por ciento del total nacional. Aunque la proporción bajó marginalmente frente al 27.2 por ciento de 2023, en números absolutos las empresas victimizadas aumentaron en 100 mil establecimientos. El costo de esa inseguridad ascendió a 115 mil 100 millones de pesos, cifra equivalente al 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto, repartida casi a partes iguales entre el gasto obligado en medidas preventivas —alarmas, cámaras, cerraduras y seguridad privada— y las pérdidas directas por los ilícitos sufridos, lo que representa un golpe promedio de 44 mil 560 pesos por establecimiento.

La extorsión encabeza ese azote criminal con 787 mil casos —el 26.2 por ciento del total, nueve de cada diez cometidos por vía telefónica—, seguida por el robo hormiga y los asaltos. El impacto frena directamente la actividad productiva: por miedo a los criminales, el 19.2 por ciento de los negocios redujo o eliminó el manejo de efectivo, el 17.6 por ciento recortó sus horarios de operación y el 14.5 por ciento canceló planes de inversión, con especial crudeza en entidades como Tabasco, Morelos y Puebla. Todo ello ocurre bajo un manto de impunidad intacta: la cifra negra alcanzó el 91.8 por ciento, pues apenas el 8.2 por ciento de los delitos derivó en una carpeta de investigación, mientras el 58.9 por ciento de los empresarios que optaron por no denunciar señaló que hacerlo ante la autoridad es una pérdida de tiempo. No sorprende que el 71.2 por ciento de los establecimientos considere inseguro el estado donde opera.

Esa misma distancia entre el discurso optimista y lo que ocurre en la calle se repite en la percepción ciudadana. Aunque la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI suele ser utilizada por el gobierno para presumir ligeras mejorías trimestrales, la realidad es que más de la mitad de los mexicanos seguimos sintiéndonos inseguros en la ciudad donde vivimos. Y cuando la percepción mejora en algún punto del mapa, el contraste con la realidad delictiva suele ser tan revelador como engañoso.

El ejemplo de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, resulta ilustrativo. Sus habitantes la evalúan de manera recurrente en las encuestas del INEGI como una de las demarcaciones delpaís en la que sus habitantes se sienten más seguros del país, la más segura de Ciudad de México. Sin embargo, al revisar las carpetas de investigación de la Fiscalía capitalina y los análisis del Observatorio Nacional Ciudadano, la supuesta burbuja de tranquilidad se desinfla. Esa supuesta percepción resulta engañosa: Benito Juárez es en realidad la tercera alcaldía de CDMX con más alta incidencia delictiva por metro cuadrado —solo detrás de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza—, con un promedio superior a los 580 delitos por kilómetro cuadrado al año, dentro de sus apenas 26.6 kilómetros cuadrados de superficie.

Eso significa más de 40 carpetas abiertas cada día y más de 15 mil ilícitos anuales. Más aún: en el cuarto trimestre de 2025 registró una tasa de 880.2 delitos por cada 100 mil habitantes, también el tercer sitio más alto de la metrópoli, solo debajo de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Así funciona el país de los otros datos: la propaganda oficial vende una sensación de alivio en medio de una crisis de violencia y desapariciones que no cede, mientras en Palacio Nacional se canta victoria sobre la inseguridad con cifras a medias, muertos rasurados de las carpetas oficiales y millones de ciudadanos y empresarios pagando de su bolsillo el costo de un Estado rebasado. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

NUEVA CHAMBA. Hay quién sugiere que si acaso aparece algún día doña Guadalupe Taddei Zavala, se le nombre titular del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado. A ver si así, digo.

@fopinchetti

(Publicado originalmente en SinEmbargo Mx.)

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