Ciudad de México, julio 26, 2024 19:00
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Acusan vecinos actos de corrupción en DBJ por caso del edificio irregular de Tiburcio Sánchez 116, publica ‘Reforma’

El diario ‘Reforma’ publica este viernes que “a pesar de que a la Delegación Benito Juárez se le notificó la sentencia del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo en la que ordenaba clausurar, demoler y sancionar al desarrollador del proyecto del 116 de Tiburcio Sánchez de la Barquera, Residencial Mexicali, tardó casi un mes en ejecutar sólo la clausura, por lo que vecinos acusan actos de corrupción”.

Este lapso permitió que el abogado de los supuestos propietarios de los departamentos, ahora habitados sin permiso de ocupación, pidiera una suspensión de la clausura, la cual le fue otorgada al día siguiente, agrega el matutino en nota firma por la reportera Lorena Morales publicada en la sección Ciudad (página 3) de su edición impresa.

“Que lástima que la corrupción llegue a estos niveles, en donde la misma autoridad finja cumplir con su obligación cuando es todo lo contrario, lo único que están haciendo es simular algo perfectamente bien planeado y acordado”, acusó el vecino Joaquín Amezcua, quien investigó, denunció y demostró que la obra en la colonia Merced Gómez es irregular porque se construyeron seis niveles donde sólo se permiten tres.

Precisa ‘Reforma’ que el pasado miércoles fue clausurado el inmueble por el Instituto de Verificación Administrativa, cuatro meses después de emitida la sentencia administrativa, pero el edificio ya está habitado “Quizá haya supuestos compradores, pero no hay permiso de ocupación y mientras no haya permiso de ocupación no pudo haber una escrituración; entonces, son compradores ficticios para impedir una clausura, y es lo que ya había dicho con anterioridad, entre más tiempo se tarde el Invea, entre más tiempo se tarde la Delegación, más tiempo se le da a las inmobiliarias para manejar este tipo de triquiñuelas”, destacó Amezcua. El vecino también cuestionó el tiempo que tardó el TCA en notificar a la Delegación la sentencia (cuatro meses), mientras que la suspensión para no clausurar otorgada a los supuestos propietarios salió en un día.

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