El Estado les vuelve a fallar

Fue consumada la extinción del fideicomiso para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, que son coadyuvantes en un estado democrático de derecho.

POR DINORAH PIZANO

Se ha consumado la extinción del Fideicomiso 10232, que garantizaba la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de otros muchos más, en el Senado de la República.

No bastó la manifestación de personas ni organizaciones, ni tampoco el plantón apostado a las afueras de la Cámara Alta para exigir que se revisara la decisión del Ejecutivo de extinguirlos todos por tratarse de instrumentos ‘opacos’ y haber sido utilizados como ‘caja chica’ de gobiernos anteriores, que desviaban miles de millones de pesos sin ser detectados.

Como recordarán, en abril pasado, esta decisión despertó polémica por todos los rubros a los que afectaría la eliminación de los recursos que administraban los fideicomisos. La investigación académica y científica, los proyectos cinematográficos y artísticos en general, la gestión de la cultura, la prevención y atención de desastres naturales, entre muchos otros.

El Fideicomiso 102 era empleado “para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la Ley…”

Según ONG´s y defensores y defensoras de derechos humanos, en lugar de extinguir el fideicomiso, se “debía fortalecer las medidas, mecanismos, reglas de operación, que permitan  su uso eficiente, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas, el escrutinio público y la participación ciudadana”:

Aseguraron que organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciando, al conocer la decisión de trasladar los recursos de los fideicomisos, que las medidas implementadas por los Estados en relación a la  pandemia del Covid-19, no pueden, ni deben ir en detrimento del ejercicio del derecho, y de los avances que ya existen en la materia.

En cualquier caso, se transgrede la LEY LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS que mandata que cualquier modificación al Mecanismo Federal de Protección, debe atender a los principios de progresividad y eficacia en la garantía de los derechos humanos de las y los involucrados, así como de organizaciones de la sociedad civil en la materia.

Por su parte y en comunicado conjunto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DDHH), y la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) señalaron que en un país como México –en donde se concentraron 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entre 2019 y 2020, y que es el segundo país del mundo con mayor número de periodistas asesinados, sólo detrás de Irak–.

Consideran por tanto una aberración desaparecer los fondos, “sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión, o e derecho a defender derechos humanos”.

A pesar de que legisladores de Morena sostuvieron que a pesar de la eliminación de los fideicomisos, los rubros ya antes descritos seguirán  siendo apoyados con recursos, aunque sin intermediaros, la realidad es que este esquema en otros programas han demostrado ineficacia y mayor opacidad.

Basta ver lo que  ha sucedido con la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), órgano autónomo, ahora inexistente, que era el encargado de dar seguimiento y canalizar recursos para la mejora, equipamiento de mobiliario e instalaciones físicas de las escuelas en México.

A partir del 2019, dichas funciones pasaron a ser responsabilidad del Consejo de Infraestructura Educativa, instancia conformada por autoridades educativas a nivel federal y local, y de los Comités Escolares de Participación Administrativa operados por padres de familia y maestros de los planteles.

¿Cuál ha sido el resultado? Contrario a lo predicho. Sin rendición de cuentas, ineficiente, sujeto a corruptelas de todos los participantes, y claro está, con las escuelas en pésimas condiciones y por ende, con las y los niños de México como principales afectados.

La falta de supervisión y estrictas reglas de operación para la entrega del dinero público a un fin determinado, no sólo no ha resuelto la problemática que estaba destinada a resolver. En el camino muchos se han beneficiado indebidamente de este esquema que prueba que un decreto, sólo funciona cuando se tiene control estricto de cada uno de sus procesos.

Dicho Mecanismo cuyos recursos ya no existen más, representaba el instrumento por medio del cual el Estado podía cumplir con su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, y valorar a su vez,  el importante papel de los defensores de derechos humanos y periodistas como coadyuvantes en un estado democrático de derecho, así como el enorme riesgo que deben afrontar debido a sus labores.

El Estado les ha vuelto a fallar.

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