Llueve a Romero y Toledo en debate de candidatos a la diputación del distrito 26: ‘son pillos disfrazados de políticos’, lanza Lety Varela
STAFF/LIBRE EN EL SUR
En el contexto de la ausencia del abanderado de Por la Ciudad de México al Frente, Héctor Barrera, los candidatos a la diputación por el distrito 26, que comparten Benito Juárez y Coyoacán, se lanzaron en el debate ornaziado pir el Instituto Electoral local contra los diputados y ex delegados Jorge Romero y Mauricio Toledo, por el manejo turbio en los fondos de reconstrucción.
Leticia Varela Martínez, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) abrió pista cuando espetó que ellos dos “son pillos disfrazados de políticos”, y que votar por el candidato del Frente es votar por “una mafia”.
Al advertir sobre la ausencia en el debate de Barrera (quien es diputado federal de mayoría por Coyoacán), estimó que él no podría haber ido a pedir el voto, sino a pedir perdón porque estuvo entre los legisladores que aprobaron el “gasolinazo”.
La candidata del Partido Humanista, Esther Rodríguez, fue más allá al interpretar la ausencia de Barrera para eludir las explicaciones que debe dar sobre el destino de fondos etiquetados por 33 millones de pesos anuales que le tocó gestionar como diputado federal.
En el intercambio de puntos de vista sobre desarrollo urbano, Varela fue secundada en sus acusaciones a Romero y Toledo por prácticamente todos los debatientes, aunque el independiente Roberto Castillo añadió que ninguno de los partidos ahí representados está exento de complicidades en temas de corrupción.
También participaron María del Carmen Portillo, de Nueva Alianza; Guadalupe Tron, del Partido Verde, y Hannah de la Madrid, del PRI, quienes condenaron el desarrollo inmobiliario desordenado promovido por administraciones panistas, en el caso de BJ, y de perredistas, en el caso de Coyoacán.
Después de presentar una foto de Romero y Toledo juntos, Varela ofreció que, de llegar al primer Congreso de la Ciudad, promoverá auditorías a fin de que se deslinden responsabilidades por el desvío de recursos del fondo de reconstrucción.
