Ciudad de México, diciembre 10, 2024 09:22
Cámara de Diputados

Morena amplía y endurece, peligrosamente, la prisión automática

La modificación constitucional viola –sin más– la presunción de inocencia.

ITZEL GARCÍA MUÑOZ

Hoy 14 de noviembre amanecimos con la noticia de que  la Cámara de Diputados aprobó una polémica reforma constitucional para endurecer y ampliar la prisión preventiva oficiosa, mecanismo que viola el principio de presunción de inocencia y de la libertad personal.  Lo anterior a pesar de   que  la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano para que ajuste esta figura a lo que se conoce como prisión justificada,

Con la reforma al artículo 19 constitucional, se añadieron al catálogo de delitos por los cuales se aplicará la prisión preventiva oficiosa: la extorsión, el contrabando, operaciones con facturas falsas, introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.

Cabe destacar que de última hora, la bancada oficialista excluyó el narcomenudeo y la defraudación fiscal.

Además, la reforma obliga a las personas juzgadoras a ordenar prisión automática en todo los delitos contenidos en el artículo 19 constitucional cuestiòn que anula la posibilidad de que se revise el caso  y de aplicar otro tipo de medidas cautelares. En pocas palabras, primero encerrarán a las personas, y después investigarán lo que traerá como consecuencia que las personas sean privadas de su libertad sin sentencia alguna.

La diputada Laura Ballesteros señaló que la prisión preventiva oficiosa significa cárcel automática para personas inocentes, pobres, jóvenes y mujeres; y que la reforma es inconstitucional, inconvencional, regresiva de derechos humanos y agrava el acceso a la justicia.

De acuerdo con los legisladores de Morena la reforma busca terminar con la impunidad. Sin embargo, a juicio de los especialistas, aparte de ser una medida violatoria de derechos humanos es una medida desesperada ante el pésimo funcionamiento de las fiscalías.

La minuta será enviada al Senado para su discusión y votación por lo cual no se espera cambio alguno.

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