Nuestro Instituto Nacional Electoral

La autonomía es la piedra fundacional de nuestra joven y débil democracia. No la tiremos por la borda.

POR RODRIGO CORDERA THACKER

La historia de nuestro país es una compleja. De convertirnos de una colonia a un país soberano. De peleas cruentas en torno al centralismo y federalismo en los primeros años de nuestra vida independiente. De la defensa de nuestra soberanía por el ataque de poderes extranjeros e internos. De la lucha entre conservadores y liberales. De la dictadura porfirista y la revolución mexicana. Del asentamiento de un partido único que le dio nacimiento al México del siglo XX a la transición democrática.

En todas las transformaciones sociales descritas anteriormente ninguna había buscado la democracia de manera seria e institucional. Y no es posible entender la transición a la democracia sin la generación de reformas para consolidar órganos constitucionales autónomos del estado, que le den certeza, legalidad e institucionalidad a la práctica democrática. El Instituto Nacional Electoral, es eso. Es la realización del sueño democrático mexicano.

No es posible entender la consolidación de órganos constitucionales autónomos generados a finales del siglo XX sin recordar el pensamiento liberal y republicano que le dio vida a las democracias liberales y la división de poderes a finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Montesquieu lo planteó atinadamente en su obra “El espíritu de las leyes”. Promovió la división de poderes en 3: el legislativo, el ejecutivo, y el judicial para que ningún individuo ostentara el poder total. La constitución de 1824 encarna ese pensamiento.

Hablando estrictamente de nuestra historia reciente, podemos irnos al año de 1977 en donde el presidente José López Portillo plantea una reforma del Estado y de las agrupaciones políticas. Esta reforma propició cambios importantes, aunque el control de las elecciones y el conteo de los votos seguía siendo de manera centralizada.

La reforma política de 1977 propició una serie de cambios que vale la pena resaltar de un texto del Doctor José Woldenberg (2012):

• Se les da validez jurídica a los partidos políticos. Se les reconoce como entidades de interés público.
• Se abre la puerta a la competencia electoral mediante el registro condicionado.
• Se completa la ampliación del congreso y se introduce la figura de representación proporcional y diputados plurinominales.
• El estado otorga recursos para la competencia electoral a los partidos inscritos en la contienda.

Ahora, aunque esta reforma propició cambios importantes y fungió como una despresurización social, en 1988 las elecciones presidenciales vivieron de una mayor competencia, pero no de certeza, ni legalidad. La historia popular arguye de un fraude electoral, debido a que el sistema electoral colapsó y las boletas electorales se quemaron.

Este (des) encuentro social obligó al poder del estado a buscar mejoras en la administración pública para garantizar fe y legalidad al proceso electoral. Vale la pena decir, que la lucha democrática es de un empuje popular y social. Es un cambio fraguado por la gente más que un cambio de mentalidad en el poder.

En 1989 se logró otra reforma electoral que dio vida a un organismo nuevo e independiente más no autónomo. Se generó el Instituto Federal Electoral, que pertenecía en gran medida a la Secretaría de Gobernación. La reforma al artículo 41 constitucional le dio las armas para en el futuro próximo consolidarse como un órgano autónomo.

En 1994, antes de las elecciones presidenciales, el país volvió a vivir momentos de tensión política y de violencia. El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional pone al gobierno del presidente Carlos Salinas, contra las cuerdas, además de la persecución de partidarios del PRD y el asesinato del candidato del PRI.

Por lo que se busca una salida pacífica y se propone otra reforma constitucional.

Dicha reforma se enfocó en la inequidad en torno a las elecciones. Sea por cuestiones de acceso a medios para los partidos de la oposición y distribución de recursos. La reforma no logró la autonomía y mantenía al Secretario de Gobernación dentro del consejo general del IFE.

La reforma de 1996 logró sacar al Secretario de Gobernación del consejo, consolidando el carácter ciudadano del consejo mismo, acercando la autonomía de dicho instituto.

El artículo 41 constitucional que dota de vida al IFE, acrecentó sus facultades dotándolo de autonomía en este párrafo: “la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”.

En la elección de 2006 con un nuevo encontronazo entre las fuerzas políticas y el cuestionamiento en torno a los resultados por un candidato perdedor, obligó al Congreso y a las fuerzas políticas del país a generar cambios al instituto. Esta reforma no fortaleció la autonomía de dicho instituto y generó más problemas en torno a sus facultades y la intromisión del legislativo en los procesos internos del instituto.

En el 2012, volvimos a celebrar elecciones. Y volvimos a tener conflictos. En este caso los cuestionamientos giraron en torno a la fiscalización de los partidos, y sus gastos en campaña.

En el 2014 se volvió a propiciar una reforma que cambió de nombre al Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral.

Esta reforma provocó la creación de la ley general de instituciones y procedimientos electorales (LEGIPE). Que a grandes rasgos dotó al INE de más facultades en torno a las elecciones locales, más facultades en fiscalización, distrayéndolo de su función esencial que es la de garantizar elecciones confiables y justas.

Nos encontramos en el 2020, y el presidente busca hacer cambios a los organismos constitucionales autónomos. En especial al INE.

Todo cambio que debilite la autonomía es un retroceso. No se puede ver de otra manera después de este pequeño repaso histórico.

La autonomía es la piedra fundacional de nuestra joven y débil democracia. No la tiremos por la borda.

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