Ciudad de México, diciembre 8, 2024 03:14
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Panistas procesados en Brasil piden permiso a juez… ¡para poder chupar!

Los exfuncionarios panistas de la Delegación Benito Juárez sujetos a un proceso judicial en Brasil por haber causado lesiones graves a un ciudadano brasileño, al que golpearon brutalmente, y actualmente en situación de libertad condicional en la ciudad de Fortaleza, solicitaron al juez que sigue su causa permiso para poder ingerir bebidas alcohólicas, una de las varias prohibiciones a las que están sujetos.

Así lo informa el corresponsal del diario Reforma, Alberto Armendariz, que publica un despacho especial en la primera plana de la sección Ciudad de su edición impresa este sábado 30 de agosto. Esta es la nota íntegra de Armendariz sobre la insólita petición de los panistas, que los describe, integrantes del clan de su amigo el delegado en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera:

— No pueden salir de Fortaleza, cada 15 días deben presentarse al juzgado, enfrentan un juicio que les podría dar hasta 8 años de prisión, pero lo que preocupó a los funcionarios panistas procesados por golpear a un hombre durante el Mundial en Brasil, es no tomar alcohol.

La defensa de los cuatro mexicanos en libertad preventiva solicitó al juez brasileño del caso les permitiera beber mientras esperan sentencia. La petición la hicieron Sergio Eguren Cornejo y Rafael Medina Pederzini, ambos panistas ex funcionarios de la Delegación Benito Juárez.

“Me parece algo absurdo que hayan pedido tomar alcohol en su situación; la noche del ataque justamente habrían estado bebiendo mucho”, señaló a REFORMA la víctima de la agresión Davis Chaves, quien como consecuencia de sus heridas no pudo trabajar durante 55 días.

Al concederles el privilegio de la libertad condicional, el juez impuso a los mexicanos, además de la veda de bebidas alcohólicas, la prohibición de ausentarse de Fortaleza sin autorización judicial.

Sus pasaportes fueron retenidos por la Justicia, se les impuso un toque de queda entre las 19:30 y las 06:00 horas y la orden de no acudir a lugares de entretenimiento colectivo así como de no contactar a las víctimas o a familiares de ellas.

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