POR MARÍA ELENA MESTA FERNÁNDEZ

Últimamente han llamado mi atención diversos casos que se han presentado en la alcaldía Benito Juárez en los que los ciudadanos demandan que haya una participación en la toma de decisiones que les afectan. Por ejemplo, tenemos los casos de las pistas de correr y áreas para perros que se realizan en diversos parques de la alcaldía; la colocación de las letras “B” y “J” en diversos puntos de esta demarcación territorial y, más recientemente, el caso de la obra que se realiza en el Parque Hundido en el lugar donde antes había una tienda de helados y luego una veterinaria.

Todos estos casos dan cuenta del interés de los ciudadanos de opinar sobre diversos aspectos que sienten les afectan. Los ciudadanos arguyen el uso ineficiente de los recursos públicos, la afectación de la imagen urbana, la contaminación visual y el impacto al patrimonio cultural y urbanístico de la ciudad, por mencionar algunos de los temas que son más importantes. Desafortunadamente, para la ciudadanía nos enfrentamos con la ausencia o deficiencia de mecanismos que puedan servir para dialogar con la autoridad y deliberar conjuntamente los asuntos que nos afectan.

Es ante estos casos que uno se pregunta como ciudadano qué ha cambiado con motivo del establecimiento de las nuevas alcaldías.

Pendones metálicos junto a ruta arqueológica del Parque Hundido. Foto: Especial

 

Según la Ley Orgánica de Alcaldías, uno esperaría que, bajo esta nueva forma de gobierno, “las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes de la administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana. Para ello adoptarán instrumentos de gobierno abierto y electrónico, innovación social, mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos que señalan la Constitución Local y las demás leyes aplicables”.

Así mismo, podríamos aspirar a que las finalidades de las alcaldías se hicieran realidad, en particular las promesas de que las alcaldías promuevan una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la población; faciliten la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos; propicien la democracia directa y consoliden la cultura democrática participativa,  e implementen medidas para que progresivamente se promueva un desarrollo sustentable en estas demarcaciones territoriales.

La realidad es que en las alcaldías nada ha cambiado porque la cultura institucional y burocrática sigue siendo la misma que la que prevalecía en las antes delegaciones. No existe procesos dirigidos a promover una innovación social y dudo que la vaya a haber si los ciudadanos no asimilamos los cambios que se han venido promoviendo en las políticas públicas de la ciudad y asumimos que los cambios deben provenir de nuestra actuación pública.

En primer lugar, habría que cobrar conciencia de los cambios en las atribuciones y funciones de las alcaldías y empezar a promover desde la sociedad civil formas de participación ciudadana efectivas e innovadoras.

Partiendo de la Ley de Participación Ciudadana los ciudadanos debiéramos comenzar a reconocer nuestros derechos y obligaciones y comenzar a ser partícipes de nuestra propia visión de la “cosa pública” y del desarrollo de nuestras colonias y de nuestra ciudad, sea que visión se materialice en la forma de calles, parques, espacios públicos, imagen urbana, entre otros. Debiéramos encontrar formas creativas de organizarnos para participar en la formulación de planes que definan el futuro que deseamos en la forma de programas parciales de desarrollo urbano, programas de parques y jardines, programas de vialidades y programas de seguridad entre otros.

Lo anterior, exige que los ciudadanos dejemos atrás ladesafección generalizada por el actuar de los políticos y la influencia en la política[1] y asumamos el compromiso cívico de desarrollar nuestras propias capacidades en temas que son fundamentales para: participar en el diseño, formulación, planeación, monitoreo y evaluación de políticas, programas y acciones de gobierno; capacidades para solicitar información; capacidad para exigir el cumplimiento de una ley o regulación; exigir la rendición de cuentas de programas y, en su caso, promover la revisión de actos de autoridad. Se trata de convertir las causas que el Instituto Nacional Electoral ha diagnosticado como origen de la debilidad democrática actual, en causas por el fortalecimiento de una nueva cultura democrática para la ciudad.

Foto: Libre en el Sur

 

Hoy por hoy, la ciudadanía debe rescatar su silla  en los principales procesos del ejercicio de la autoridades. Se trata de revalorar la fortaleza de los procesos deliberativos sustentados en el más pleno acceso a la información pública y fortalecer los medios para exigir cuentas a las autoridades.

Para ello los ciudadanos contamos con leyes e instituciones que deben “echarse a andar” de manera efectiva como son la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que nos da la posibilidad de solicitar la información pública que como ciudadanos requerimos para participar en la toma de decisiones de asuntos públicos que nos afectan y aprovechar los beneficios de la información pública disponible para participar e incidir en los procesos de toma de decisiones de políticas públicas de las alcaldías o del Gobierno de la CDMX.

Hoy contamos en la Ley de Participación Ciudadana de la ciudad con mecanismos e instrumentos que debemos fortalecer para exigir el cumplimiento de las normas y los resultados entregados por las instituciones públicas.

Ojala empezáramos a trabajar en el desarrollo de una ciudadanía informada y participativa con apoyo de instituciones como el Instituto Electoral de la CDMX, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Ecológico (PAOT) o la Procuraduría Social (Prosoc) en beneficio de una mejor ciudad y de nuestras colonias. Tal vez entonces, la autoridad vería en nosotros un aliado fundamental para implementar con mayor efectividad políticas y acciones de gobierno que requieren como condición necesaria para su éxito de la participación social.

Baste con pensar qué sería de nuestras colonias si todos los vecinos fuésemos corresponsables de lo que sucede en el espacio público, si en verdad participáramos de manera efectiva en tareas como el buen manejo de los residuos, el manejo del arbolado urbano, la denuncia de irregularidades en obras en nuestras colonias, el reporte y seguimiento de fallas en los servicios urbanos, o incluso participáramos en el diseño, monitoreo y evaluación de la obra pública.

Mientras escribo, corre el rumor que en la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México se trabaja en las modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana para desaparecer los Comités y Consejos Ciudadanos en virtud de que “estos no trabajan” o “están coptados por las delegaciones”. ¡Vaya que eso sí sería una medida retrograda y contraria a cultura democrática y sobre todo, un despropósito para la propia participación ciudadana.  Tal vez, lo mejor por el bien de la ciudad sea preguntarnos seriamente cuál es la verdadera causa de la debilidad institucional de los Comités y los Consejos Ciudadanos y el porqué de que estos no funcionen.

Hoy cabe preguntarse en conciencia qué elemento falta en el nuevo gobierno de las alcaldías. Seguramente encontraremos que el gran ausente es la ciudadanía debido a su vez a la falta de una verdadera política de participación ciudadana y ausencia de programas que la promuevan.

Ojalá, el Gobierno de la CDMX se dé cuenta que, si bien hoy la participación de la ciudadanía puede resultar para algunas autoridades un problema por la el descontento y desaprobación que esta puede manifestar hacia ciertas decisiones de gobierno (por ejemplo hacia el Programa Ecoparq), esta situación puede cambiar radicalmente en favor de la ciudad de aprovecharse los cambios institucionales en las alcaldías y promover una política de participación ciudadana que acerque a los ciudadanos a trabajar conjuntamente con el gobierno en objetivos comunes.

Tal vez entonces, resultado de promover una cultura democrática en la ciudad, el gobierno de la CDMX se dé cuenta de que la ciudadanía puede resultar ser su mejor aliada para emprender los  cambios significativos que se requieren para lograr objetivos de desarrollo sustentable como lo mandata la nueva Constitución de la Ciudad de México.

 

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francisco

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