Organizaciones civiles demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) fincar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales de la represión del movimiento estudiantil del 10 de junio de 1971, conocida como “el halconazo”.

10 de junio. La agresión brutal. Foto: Especial.

 

Anunciaron también una coordinación permanente de lucha contra la represión en el país por parte de agrupaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas.

Lauren Manuel Durán, coordinador de la Marcha del Halconazo; Arisbeth Reséndiz, consejera universitaria de la Central de Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Víctor Guerra, del Movimiento del 68, expusieron que sólo así se pondrá fin a la impunidad.

Acción conentrada en San Cosme. Foto: Especial.

 

En conferencia de prensa y a propósito de los 48 años de la masacre del 10 de junio, afirmaron que lo más importante es garantizar el acceso a la justicia y rescatar la soberanía nacional para acceder a una verdadera democracia.

Víctor Guerra afirmó que los mexicanos demandan el fin de la impunidad y exigen una Guardia Nacional encabezada por civiles y no por militares, “porque no queremos más guerra disfrazada de lucha contra la delincuencia ni tampoco más daños colaterales”.

Lauren Manuel Durán expuso que los actos conmemorativos de la masacre del 10 de junio de 1971 son, en términos políticos, algo más que un reclamo de justicia y castigo a los responsables de los crímenes de Estado del pasado.

Recordó que el 6 de septiembre de 2018 presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una queja por denegación sistemática de justicia en la represión de esa marcha.

Francotiradores asesinos. Foto: Especial.

 

Según el activista, el Estado mexicano ha obstaculizado el desarrollo de juicios penales contra funcionarios de administraciones pasadas responsables de crímenes de lesa humanidad y las promesas de justicia ofrecidas en el momento de la alternancia en el poder derivaron en una situación de alto contenido político.

“En estas circunstancias, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como responsable de la conducción política del país, está obligado a fijar públicamente su posición respecto de los asuntos concretos que están determinando el rumbo general de la justicia en México”, subrayó.

Durán aseguró que en la actual administración, aprecian la continuación de los planes de militarización en el país con la implementación de la Guardia Nacional.

En su opinión, este grupo de seguridad otorga “mayores licencias” a quienes formarán parte de ella “para actuar en clara violación de los derechos humanos” al continuar desdibujando las responsabilidades de las fuerzas encargadas de la seguridad pública y las militares.

NOTIMEX.

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