Supervía: La encrucijada del GDF
Cientos de vecinos de las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón en el Distrito Federal iniciaron el año nuevo con una serie de protestas en contra del Gobierno capitalino por la construcción de la Supervía Poniente, que contempla la demolición de varios predios ubicados en la Colonia “La Malinche”.
El Gobierno del Distrito Federal decidió reforzar los trabajos de esta obra desde el primer día de 2011, a pesar de no contar con los consensos necesarios entre los vecinos opositores, quienes rechazan el proyecto por considerarlo un peligro para el medio ambiente e ineficaz para disminuir el tráfico de la Ciudad.
Los vecinos que integran el Frente Opositor a la Supervía, instalaron un plantón en la zona, impidiendo el avance de los trabajos y la introducción de maquinaria pesada para continuar con el derribo de las viviendas que, a decir de los colonos, fueron expropiadas de manera ilegal por el Gobierno capitalino para la realización de esta obra.
Lamentablemente, la situación ha empeorado: como ha sido una costumbre reiterada, el Jefe de Gobierno envió a la zona cerca de 500 granaderos, con el fin de resguardar la zona de la obra, y garantizar los trabajos de la construcción, ocasionando únicamente un desafortunado enfrentamiento entre ciudadanos y autoridades.
Ante la incursión policiaca, cerca de 250 integrantes del Frente Amplio contra la Supervía realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, exigiendo a Marcelo Ebrard el retiro inmediato de la fuerza pública, detener las obras y llevar a cabo un encuentro donde dé a conocer el verdadero impacto de este importante proyecto vial.
Lo cierto es que más allá de los beneficios que esta obra tendrá para los capitalinos que utilizan el transporte público, de los millones de pesos que costará el proyecto, y de los esfuerzos que hagan los ciudadanos por detener esta obra que está en marcha desde agosto del 2010, el verdadero problema radica en la nula sensibilidad política del jefe de gobierno para atender a los ciudadanos, escucharlos y ofrecerles alternativas reales que permitan alcanzar consensos y acuerdos, y con ello evitar más conflictos que ponen en riesgo constante la integridad de los vecinos.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la semana pasada una recomendación al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el sentido de que se suspendiera la obra denominada Supervía Poniente “hasta que se lleve a cabo una consulta pública, a fin de garantizar una participación amplia y plural en la que se recojan y consideren las preocupaciones, opiniones y propuestas de las personas afectadas por la obra”. Lo anterior, debido a que se acreditó la violación a los derechos a la seguridad jurídica, a la información y a la participación ciudadana, entre otros.
Ahora, el gobierno de la ciudad está en la encrucijada de acatar o no la recomendación. Si lo hace, colocará a los concesionarios en un estado de incertidumbre que les impedirá prever desarrollos futuros por la discrecionalidad con que se conduce la autoridad. Si no lo hace, infundirá frustración en los afectados por la obra, quienes después de solicitar audiencias con el Jefe de Gobierno verán malogradas sus expectativas por la inadecuada aplicación del derecho.
