Ciudad de México, noviembre 21, 2024 18:48
Medios y Periodistas

Sin acceso a la información, no hay democracia

STAFF / LIBRE EN EL SUR

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el acceso a la información es un pilar de las sociedades en su progreso hacia la paz, la justicia y la construcción de instituciones sólidas.

El derecho a la información es la base para otras garantías civiles y universales, ya que asegura que los seres humanos estén en pleno conocimiento de la verdad, y además exige la transparencia en las gestiones de los gobiernos para evitar crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, por ejemplo.

Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirma al respecto que en México y el mundo se ha avanzado en ese sentido. “Hoy podemos afirmar que no hay democracia sin acceso a la información, pero tampoco habría garantía de acceso a ésta sin la existencia de instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”.

En una democracia que pretenda funcionar como tal es fundamental el derecho al acceso a la información pública, un principio que es garantizado por el Artículo 6º constitucional, y a partir de 2013 se encuentra establecida una detallada colección de garantías que tienen que ver con el acceso a internet, a las tecnologías de información y a los contenidos de los medios de comunicación, asegura.

El estudioso de la democracia, la prensa y la comunicación, la sociedad, el poder político y los medios de comunicación, resalta la importancia de que el INAI, organismo público autónomo, facilite y garantice esta prerrogativa, además de canalizar las peticiones de los usuarios cuando no son satisfechas por cada dependencia del Estado mexicano.

Además, prosigue, es relevante que el Instituto sea un organismo autónomo para evitar que los intereses de los funcionarios de cada dependencia decidan qué información se proporciona a la ciudadanía y cuál no.

Con motivo del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se conmemora el 28 de septiembre, el académico rememora que es un asunto que comenzó a discutirse de manera más amplia y eficaz, con la fundación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), antecedente del INAI, en 2002.

Reconoce que a partir de entonces a la fecha en el país se ha afianzado la cultura de acceso a la información y hoy los ciudadanos saben que pueden conocer datos en poder de la administración pública. Sin embargo, no siempre hacen uso de los recursos que la ley les ofrece, y tampoco las instancias del Estado mexicano proporcionan la información que deben entregar por obligación.

Antes, si deseábamos conocer información en poder de la administración pública era una aventura, por lo general fallida. El cambio que vivimos en la actualidad –y que se ha logrado en menos de 20 años–, es la conciencia generalizada sobre el deber del Estado de informarnos, hay diversos matices y consecuencias en ese sentido, pero hoy tenemos una enorme batería de datos disponibles, aunque falta mucho por avanzar.

Resalta que el mejor aliciente para que haya plena transparencia en la información, es la exigencia de la sociedad; si no se entera de que tiene derechos, no los ejerce. Hoy tenemos que las reglas de transparencia han cambiado la situación.

Es importante el número de personas que solicitan ejercer su derecho a la transparencia en la solicitud y entrega de datos a los comités de transparencia, autoridades a nivel federal, como el INAI, o a los institutos de transparencia en cada entidad.

La facultad que tenemos los ciudadanos es sustancial: lo que tenemos que hacer es insistir y ejercer nuestras garantías; derechos que no se ejercen no se cumplen, asevera el universitario.

El Día Internacional del Acceso Universal a la Información, establecido por la Unesco, es ocasión para concientizar a los ciudadanos y a las autoridades sobre la importancia del derecho al acceso a la información como derecho humano fundamental y fomentarlo a través de la educación sobre los medios de comunicación.

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