Habilitan nuevos ‘mordelones’
Policías habilitados. Estarán en 13 de las 16 alcaldías. Foto: Cuartoscuro.
La Secretaría de Seguridad faculta a policías auxiliares y bancarios para multar; la medida, sin difusión previa, genera dudas sobre corrupción.
Especialistas advierten riesgos de abusos policiales en las calles, mientras la autoridad asegura que solo elementos certificados con dispositivos digitales pueden sancionar oficialmente.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha iniciado una nueva etapa en la vigilancia vial al facultar a nuevos elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para imponer infracciones de tránsito.
Esta determinación, que busca formalmente recuperar la fluidez en el tráfico y fortalecer el ordenamiento urbano, ha sido recibida con escepticismo por parte de la ciudadanía y diversos sectores sociales, quienes advierten sobre el riesgo inminente de un aumento en las prácticas de extorsión, popularmente conocidas como mordidas, en un cuerpo policial que tradicionalmente no tenía estas competencias.
El despliegue de estos nuevos agentes ocurre en 13 de las 16 alcaldías de la capital. Según la información proporcionada por las autoridades, el esquema operativo contempla que estos uniformados refuercen la vigilancia en corredores financieros, zonas comerciales y avenidas primarias, donde la movilidad suele verse entorpecida por vehículos mal estacionados o conductas viales negligentes.
Sin embargo, la implementación de este programa se realizó de manera discreta, sin una campaña de comunicación social robusta que permitiera a los automovilistas conocer con claridad qué elementos tienen la autoridad legal para detenerlos y aplicar una sanción económica.
Uno de los puntos críticos de esta estrategia es la identificación de los agentes. De acuerdo con la normativa establecida por la SSC, no todos los policías auxiliares o bancarios están habilitados para infraccionar. La capacidad legal para imponer multas está restringida exclusivamente a aquellos elementos que han cursado una capacitación específica en la Universidad de la Policía y que portan de manera obligatoria un dispositivo tecnológico denominado Hand Held.
Este equipo digital es la única vía oficial para registrar la infracción y emitir la boleta correspondiente, la cual debe estar vinculada directamente al sistema central de la secretaría.
Entre los grupos policiales señalados con estas facultades se encuentra el personal del Sector 73, identificado con el indicativo Excalibur, así como elementos destacados en otras zonas de alta incidencia de movilidad, como el Sector 56, conocido como Cobra.
La presencia de estos agentes se ha intensificado en áreas donde históricamente la vigilancia vial dependía exclusivamente de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Con este cambio, la PBI mantendrá su enfoque en zonas estratégicas y corredores financieros, mientras que la Policía Auxiliar se concentrará en las avenidas primarias y puntos identificados con alta recurrencia de faltas al Reglamento de Tránsito.
La falta de información clara sobre este proceso ha generado una confusión generalizada entre los capitalinos. Durante los primeros días de operación, diversos ciudadanos expresaron en redes sociales su desconocimiento sobre la validez de las detenciones realizadas por policías que, tradicionalmente, no tenían atribuciones de tránsito.
Ante este escenario, la SSC ha reiterado que cualquier ciudadano tiene el derecho de verificar la acreditación del agente. En teoría, si un oficial que intenta aplicar una sanción no cuenta con el dispositivo Hand Held, dicha infracción carece de validez legal, lo que podría constituir un abuso de autoridad tipificado en la ley.
El ámbito legislativo también ha reaccionado ante la medida. Diputados locales han solicitado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana transparente los padrones de los elementos habilitados y garantice que el sistema de monitoreo sea infranqueable. La preocupación principal radica en que el sistema tradicional de infracciones ya enfrentaba desafíos constantes respecto a la transparencia y la honestidad de los cuerpos policiales. Al expandir el número de uniformados facultados para sancionar, el control sobre el comportamiento individual de cada agente se vuelve, necesariamente, más complejo. Existe una legítima sospecha sobre si la estructura de mando actual es capaz de supervisar de manera efectiva a miles de nuevos agentes.
Para mitigar estas preocupaciones, la dependencia capitalina ha enfatizado que existe una política de cero tolerancia. Según las declaraciones emitidas por la jefatura policial, cualquier elemento que sea sorprendido utilizando esta facultad para obtener beneficios personales o incurriendo en actos de corrupción será dado de baja de manera inmediata de la corporación. Asimismo, se ha advertido que, de detectarse abusos recurrentes, se podría suspender la participación de la alcaldía correspondiente en este esquema de vigilancia vial, retirando a sus elementos las facultades otorgadas. Esta advertencia busca desincentivar prácticas irregulares, aunque la eficacia real dependerá de la rigurosidad con la que se apliquen los controles internos.
La recomendación oficial para los conductores es mantener una vigilancia estricta sobre la señalización vial y apegarse rigurosamente al Reglamento de Tránsito, con el fin de evitar cualquier escenario que propicie una interacción forzada con los agentes. No obstante, la responsabilidad recae también en la autoridad para demostrar que este programa no se convertirá en una herramienta de recaudación o en una vía para facilitar la proliferación de abusos en la vía pública. Resulta imperativo que la Secretaría establezca mecanismos de denuncia accesibles y rápidos, para que los ciudadanos tengan herramientas reales de defensa frente a posibles extorsiones.
La efectividad de esta medida, a largo plazo, dependerá de la capacidad de la SSC para supervisar el despliegue de sus elementos y, sobre todo, de la respuesta que los ciudadanos den ante las posibles irregularidades. La confianza en las instituciones es un activo que, en temas de tránsito y seguridad vial, resulta fundamental para el ejercicio cotidiano del derecho a la movilidad en una metrópoli de las dimensiones de la Ciudad de México. Mientras tanto, el programa continúa su marcha, transformando el rostro de la vigilancia en las calles y obligando a los automovilistas a una nueva forma de interacción con los cuerpos de seguridad. La sociedad permanecerá atenta a los resultados de este polémico despliegue operativo.
