Con sus propios datos, fracasan políticas públicas de la 4T para frenar el consumo de alcohol
Festejos sin límite. Foto: Especial
El Estado ha fallado en contener una crisis de salud que cobra 41 mil vidas anuales
Entre la tolerancia pasiva al alcohol y una ofensiva selectiva contra otras sustancias, el gobierno ha permitido que la fiesta pública se convierta en una zona de riesgo sanitario y tragedia humana.
FRANCISCO ORTIZ PARDO
El saldo fatídico en los festejos del Mundial 2026 es solo un reflejo de una crisis estructural que el Estado se niega a reconocer. En la narrativa oficial, la salud pública de la Cuarta Transformación se presenta como un bastión de bienestar. Se habla de una transformación profunda, acceso universal y un cambio de paradigma.
Es una constante de la ineficiencia institucional que, a pesar de sus propios datos, el panorama sea devastador. Este reporte no es un juicio de opinión; es una constancia frente a una crisis que cobra cerca de 41 mil vidas al año y representa una carga económica anual estimada en 552 mil millones de pesos. El análisis publicado en Salud Pública de México (vol. 67, 2025-2026) y los datos detallados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) y la ENCODAT 2025 desnudan lo que el gobierno prefiere callar: que las intervenciones actuales operan bajo un esquema de simulación, ignorando deliberadamente la evidencia científica y la exigencia de la sociedad civil organizada.
México ocupa hoy una posición preocupante en el escenario global: se ubica dentro de los 15 países con mayor consumo per cápita de alcohol en América Latina, mientras que, en términos de consecuencias sociales y violencia asociada, escala al “top 10” mundial, según reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este posicionamiento es el resultado de años de una política permisiva que ha normalizado la ingesta como eje central de la vida social.
Existe, además, una hipocresía institucional flagrante. Mientras en naciones europeas el consumo excesivo de vino se integra al discurso cultural y se maneja bajo estrictos controles, en México se opera una estigmatización selectiva y clasista. El Estado dispara sus baterías contra el consumo popular de cerveza, destilados regionales y bebidas tradicionales como el pulque —cuyo contenido alcohólico es significativamente menor al de los destilados de alta gama—, ignorando que el daño etílico es un factor biológico que no distingue clases sociales. Existe una narrativa que sataniza las “bebidas de los pobres” mientras se omite que el consumo desmedido de whisky, vinos importados o licores de lujo es igual de devastador; la diferencia es que el consumo de los estratos altos se oculta tras un velo de sofisticación, mientras que el consumo popular se utiliza como chivo expiatorio para justificar acciones punitivas sin resolver la crisis de fondo. Resulta cínico que se ignore el consumo excesivo de vino, que por su alta graduación y volumen de ingesta en ciertos círculos, es una fuente no menor de daños hepáticos y conductuales, igual que cualquier otra bebida alcohólica.
El peligro de la simplificación política
Sin embargo, es imperativo señalar que frente al rotundo fracaso de la 4T, la crítica proveniente de ciertos sectores radicales también cae en la demagogia. Mientras el gobierno elude su responsabilidad con omisiones y discursos huecos, estas voces radicales proponen soluciones simplistas —como la prohibición total o el prohibicionismo absoluto— que ignoran la complejidad del tejido social, la psicología, la realidad económica de los productores tradicionales y la ineficacia histórica que las medidas extremas han demostrado en otras latitudes. La demagogia de estos grupos radica en pretender imponer una moralidad coercitiva en lugar de promover políticas de reducción de riesgos basadas en evidencia, intentando capitalizar el descontento social sin ofrecer alternativas sostenibles o realistas.
Los datos de la ENSANUT y la ENCODAT 2025 ofrecen un desglose pormenorizado del fracaso. La prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida en población de 12 a 65 años aumentó de 71.0% en 2016 a 73.7% en 2025. Al desglosar por sexo, la ENSANUT revela una tendencia alarmante: mientras el consumo en hombres se sitúa en 78.5%, en mujeres ha escalado al 69.3%, reduciendo la brecha de género a niveles históricamente mínimos.
En cuanto a la frecuencia, la encuesta detalla que el consumo en el último año alcanza al 52.3% de la población, siendo el grupo de 18 a 29 años el de mayor riesgo, con una prevalencia de consumo de alto impacto del 38.6%. La edad de inicio de consumo se mantiene estancada en los 13.5 años, pero la ENSANUT advierte que en zonas urbanas marginadas, el inicio se reporta desde los 11.8 años, un dato que invalida cualquier argumento de éxito en las campañas de prevención escolar.
De acuerdo con el análisis publicado en Salud Pública de México (vol. 67, no. 1, 2025), el consumo nocivo no solo persiste, sino que se ha diversificado. El artículo resalta que el consumo episódico excesivo (CEE) o binge drinking se ha incrementado significativamente, especialmente entre mujeres jóvenes, donde la tasa de consumo de 4 o más bebidas por evento ha crecido un 18%.
Asimismo, identifica una correlación directa entre la densidad de puntos de venta y la violencia doméstica: en municipios con alta densidad de establecimientos con venta de alcohol, las llamadas al 911 por violencia intrafamiliar aumentan hasta en un 22%. El análisis también subraya que la cirrosis hepática alcohólica es ya la primera causa de muerte prematura en hombres de 30 a 44 años en estados como Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. La exposición a publicidad en redes sociales influye en el 45% de los adolescentes para iniciar su consumo antes de los 15 años, evidenciando una falta de regulación digital.
Frente a esta omisión gubernamental, organizaciones como Salud Justa Mx, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) y el Poder del Consumidor han denunciado la “inadmisible” permisividad estatal. La sociedad civil ha sido enfática al señalar que la venta de alcohol en estadios deportivos y vía pública durante eventos masivos —como el Mundial 2026— constituye un “factor de riesgo significativo” para la escalada de violencia. Ante el deslinde de las autoridades federales, la sociedad civil califica esta postura como una “renuncia a la función de control del Estado” y exige la implementación estricta del paquete técnico SAFER de la OMS.
El consumo excesivo, definido técnicamente como la ingesta de 5 o más copas en hombres y 4 o más copas en mujeres en una sola ocasión, es el indicador que la ENSANUT señala como el principal detonante de la crisis sanitaria. Según la encuesta, 1 de cada 4 personas que consumen alcohol incurren en este patrón al menos una vez a la semana, correlacionando con el incremento en las tasas de morbilidad: 24.2% en cardiopatías, 11.3% en tumores, 4.9% en hepatopatías y 3.8% en homicidios.
Para mitigar esto, el paquete SAFER propone: Strengthen (fortalecer restricciones de disponibilidad); Advance (impulsar medidas contra la conducción bajo efectos del alcohol); Facilitate (facilitar el acceso a tratamiento temprano); Enforce (hacer cumplir la prohibición de publicidad y patrocinio); y Raise (aumentar impuestos selectivos). Al no implementar estas acciones, el gobierno ha privilegiado un esquema fiscal de IEPS puramente recaudatorio, cuando según el CIEP, el alcohol le cuesta al país al menos el 0.4% de su PIB anual.
La disparidad en las acciones de gobierno delata una selectividad peligrosa. Mientras la 4T desplegó una ofensiva —y absurda— contra los vapeadores, argumentando una defensa innegociable de la salud de los jóvenes, frente al alcoholismo ha mantenido una postura de tolerancia pasiva, protegiendo un sector que ha logrado blindarse frente a cualquier regulación real.
La realidad desbordó cualquier estrategia durante el Mundial 2026. En la Ciudad de México, tras la clasificación a octavos de final, 1.4 millones de personas se concentraron en Reforma y el Centro Histórico. El resultado fue una tragedia anunciada: cuatro personas fallecieron, tres por asfixia y una por paro cardiorrespiratorio, con más de 1,600 atenciones médicas. En Cabo San Lucas, un atropellamiento masivo dejó 17 heridos y terminó con la muerte del conductor tras ser agredido por una turba. La incapacidad de las fuerzas de seguridad para gestionar aglomeraciones y la normalización del alcohol en vía pública han convertido estas celebraciones en escenarios de tragedia. La omisión es política y la transformación prometida es, en este rubro, una deuda humana que sigue creciendo.
