Opacidad y Despilfarro: Las Cuentas Pendientes de Clara Brugada
Clara Brugada. Foto: Cuartoscuro
Existe un cúmulo de expedientes por presuntas ilegalidades en gasto público de gobierno capitalino
Priorizan acabados en el Metro y repintado de calles sobre el mantenimiento estructural y crítico.
Erogan 690 MDP en eventos masivos mientras se acumulan rezagos en servicios básicos.
La ASF y la Contraloría fiscalizan 152 mil MDP en contrataciones y gasto federalizado en las alcaldías.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
La historia del gasto público en Ciudad de México bajo el mandato de Clara Brugada comenzó a escribirse con pinceles de pintura morada y terminó formalizada en los estrados de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Durante meses, los habitantes de la capital atestiguaron cómo banquetas, puentes peatonales, señalizaciones y mobiliario urbano cambiaban masivamente de tonalidad en un despliegue visual de identidad institucional que, lejos de pasar inadvertido, pronto encendió las alarmas de los órganos de fiscalización.
El punto de quiebre político y normativo ocurrió cuando las disposiciones en materia de movilidad y seguridad vial (la reglamentación técnica que estipula el color amarillo internacional para zonas de riesgo y señalización) obligaron a la administración capitalina a dar marcha atrás. De forma apresurada, cuadrillas urbanas tuvieron que cubrir nuevamente de amarillo el equipamiento que apenas semanas antes se había pintado en los tonos institucionales morado y rosa. Documentado por diversas fuerzas políticas e investigaciones periodísticas de Proceso e Infobae, este vaivén cromático —bautizado en el debate público como la “ajolotización” de la CDMX— derivó en denuncias por presunto daño patrimonial articulado mediante contratos por 250 millones de pesos, adjudicados de manera directa a un grupo reducido de proveedores sin concurso abierto.
El conflicto escaló de las tribunas del Congreso local a los tribunales penales. Dirigentes y legisladores de Movimiento Ciudadano —encabezados por Salomón Chertorivski y la bancada capitalina— acudieron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para interponer una querella formal contra la Jefa de Gobierno por la presunta comisión de delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como desvío de recursos públicos. En paralelo, el Partido Acción Nacional (PAN) formalizó una denuncia penal dirigida contra Brugada y el Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, exigiendo indagar la operación de una red de proveedores “todólogos” que facturaban simultáneamente conceptos tan heterogéneos como balizamiento, uniformes, calzado y pintura vial, lo que configuraría un patrón de duplicidad en pagos por servicios urbanos que ya contaban con cobertura presupuestal asignada.
Maquillaje en el Metro, Obras Mundialistas y Opacidad en la Movilidad
Esa misma prisa por transformar la apariencia de la metrópoli encontró eco bajo tierra, en los andenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, fuertemente presionado por la inercia de los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol 2026. A medida que las cuadrillas colocaban recubrimientos de mármol, cambio de pisos y acabados ornamentales en estaciones estratégicas como Auditorio y Tasqueña para proyectar una imagen cosmopolita ante el turismo internacional, los usuarios cotidianos continuaban sufriendo una realidad caracterizada por fallas mecánicas, interrupciones eléctricas y retrasos crónicos.
Investigaciones de medios nacionales revelaron que, dentro del paquete de obras asociadas al entorno mundialista para renovar el Metro, la administración entregó contratos por más de 100 millones de pesos a una red de constructoras señaladas por presunta simulación de competencia en licitaciones. Denuncias de legisladores del PAN y del PRI expusieron que el gobierno central privilegió intervenciones de carácter cosmético —como la colocación de luminarias y arbotantes ornamentales de 56 mil pesos por unidad en estaciones clave— en lugar de canalizar esos fondos a la atención técnica prioritaria del transporte de masa.
Fuera de la red del Metro, el caso más emblemático de opacidad en la infraestructura mundialista se concentró en la Calzada Flotante de Tlalpan, el corredor peatonal y ciclista elevado que conecta Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano. Edificada originalmente con un costo proyectado de 659 millones de pesos, la obra disparó su erogación final a 1,914 millones de pesos según los reportes formales de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) (y calculada en poco más de 2,000 millones de pesos por revisiones financieras de la oposición en el Congreso capitalino).
El proyecto fue adjudicado a la constructora Idinsa, empresa que ha acumulado más de 8,800 millones de pesos en contratos con administraciones locales y federales emanadas de Morena. Reportajes de La Silla Rota y El Universal documentaron que, a pesar de su elevadísimo costo y de haber sido inaugurada a marchas forzadas a escasos días del inicio de la justa mundialista, la infraestructura presentó severos encharcamientos en su primer día de operación y fue entregada sin elevadores operativos ni obras accesorias concluidas. Paralelamente, Movimiento Ciudadano exigió fiscalizar la bolsa global de más de 23,000 millones de pesos destinados a obras urbanas para el Mundial, acusando a la Sobse de denegar reiteradamente la entrega de expedientes técnicos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
Esta opacidad en la toma de decisiones financieras se proyectó de manera transversal hacia la fiscalización general de las 16 alcaldías. Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Contraloría General de la CDMX mantienen abiertas auditorías sobre 152 mil millones de pesos correspondientes a fondos federalizados y participaciones, detectando vacíos documentales, falta de comprobación de metas físicas e indicios de sobreprecios de hasta un 35% en contratos de bacheo y alumbrado público adjudicados a consorcios sin experiencia previa acreditada.
El Desbalance Presupuestal y los Eventos del Zócalo
Mientras la infraestructura vial y los servicios públicos esenciales reclamaban atención urgente en las colonias periféricas, los escenarios y sistemas de iluminación de la Plaza de la Constitución se mantuvieron encendidos de forma permanente. La narrativa del entretenimiento público y masivo se consolidó como el motor de un gasto corriente que escaló sin freno durante la primera mitad del sexenio capitalino.
Investigaciones periodísticas publicadas por Proceso y El Sol de México —sustentadas en decenas de solicitudes de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) dirigidas a la Secretaría de Cultura de la CDMX y en los análisis financieros de la Comisión de Presupuesto del Congreso local— documentaron que el gobierno de la ciudad ha erogado 690 millones 059 mil 524 pesos en la realización de 69 eventos masivos en el Zócalo. Al cruzar las cifras oficiales, el costo promedio por cada actividad de acceso gratuito asciende a 10 millones de pesos, alcanzando techos de hasta 30 millones de pesos en festivales de alta complejidad logística como las ediciones de la Verbena Navideña.
El análisis comparativo de las resoluciones de transparencia revela una aceleración sustancial del gasto: mientras que en el tramo final de la administración anterior (2022-2024) se destinaron cerca de 220 millones de pesos a festividades, en el periodo 2024–2026 de la administración de Clara Brugada la factura escaló a 419 millones de pesos, duplicando el ritmo de erogación en este rubro. Si bien eventos de convocatoria masiva como el concierto de Shakira o transmisiones futbolísticas no implicaron costo al erario gracias a patrocinios privados de empresas como Grupo Modelo, la administración local absorbió directamente los millonarios costos operativos de logística, vallas, tarimas, seguridad, audio y producción de decenas de festivales institucionales.
A este monto se sumaron los contratos asignados por adjudicación directa para montajes cívicos y exposiciones monumentales —como el ensamble cívico e instalaciones efímeras en el Zócalo— entregados a una red recurrente de empresas de banquetes y espectáculos, omitiendo las licitaciones públicas estipuladas por la ley de adquisiciones.
El análisis financiero expuso un profundo desequilibrio en las prioridades presupuestales: los 690 millones de pesos devengados en espectáculos en el Zócalo superan de forma individual las partidas anuales aprobadas para la rehabilitación de escuelas públicas (440 MDP), el programa integral de bacheo de vialidades primarias (500 MDP), la operación de los centros comunitarios PILARES (549.4 MDP), la red de Comedores para el Bienestar (573.9 MDP) o los servicios de atención primaria en salud (569 MDP). A esta asimetría se aúna el rezago en infraestructura de mercados públicos y las recurrentes denuncias por cobros opacos y verificaciones discrecionales del INVEA a comercios establecidos.
Frente al cúmulo de expedientes, solicitudes de auditoría y querellas penales radicadas en el Ministerio Público, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha desestimado las acusaciones calificándolas como un uso político del aparato de justicia por parte de la oposición. La mandataria ha insistido en que su administración se rige bajo una política inflexible de honradez y transparencia, reiterando que todas las contrataciones cuentan con plena solidez legal y manifestando su disposición para colaborar con los órganos internos de control y las instancias de procuración de justicia.
