Va ‘panista’ Luis Mendoza por la reelección en BJ, a pesar de su cercanía con Clara Brugada

Sin encuesta pública, el alcalde fue perfilado por el PAN rumbo a 2027, entre fracturas internas, quejas vecinales y una relación con Clara Brugada que desdibuja las diferencias partidistas.

Mientras Alessandra Rojo de la Vega confronta a Morena, Mendoza mantiene un perfil discreto y enfrenta críticas por el comercio informal, el deterioro urbano y el trato a la prensa.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

El PAN ya mueve sus piezas rumbo a 2027. Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, fue designado coordinador de la estructura panista en la demarcación, una decisión que lo perfila para buscar un segundo periodo al frente de uno de los principales bastiones históricos de Acción Nacional en la Ciudad de México. Su designación no estuvo acompañada de una encuesta pública que permitiera conocer cómo se impuso frente a otros posibles aspirantes ni de información sobre sus negativos entre los ciudadanos. El camino parece haberse despejado sin una discusión abierta sobre los resultados de su administración.

El destape ocurrió en un acto partidista en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, en las inmediaciones del Parque de los Venados, donde el PAN perfiló también a Alessandra Rojo de la Vega en Cuauhtémoc y a Carlos Orvañanos en Cuajimalpa. Los tres fueron presentados como coordinadores de la llamada Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, una fórmula que anticipa la definición de sus aspiraciones electorales antes del registro formal de candidaturas. La maniobra recuerda, por su carácter anticipado, los procedimientos de Morena para perfilar a sus propios aspirantes. En el caso de Orvañanos, una eventual alianza con el PRI parece posible a la luz de la trayectoria de coaliciones entre ambos partidos, aunque deberá confirmarse formalmente.

La designación de Mendoza tiene una particularidad política: su cercanía con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha sido señalada por vecinos que tradicionalmente han respaldado al PAN en Benito Juárez. La coordinación institucional entre gobiernos de distinto signo no tendría por qué resultar problemática; el asunto es que, a juicio de sus críticos, Mendoza ha desdibujado las diferencias partidistas que durante años definieron la identidad política de la demarcación. No ha protagonizado disensos públicos relevantes con Brugada, pero tampoco ha conseguido distinguir su gestión mediante una agenda propia que permita reconocer diferencias sustantivas frente al gobierno morenista.

El caso de Mendoza no es, por supuesto, el de Alessandra Rojo de la Vega, cuyo fenómeno político tiene características muy distintas. La alcaldesa de Cuauhtémoc podría buscar la reelección con el respaldo de una alianza con el PRI, pero su principal activo es una presencia pública que contrasta con la discreción de su correligionario en Benito Juárez. Rojo de la Vega mantiene una actividad cotidiana y llamativa en redes sociales, donde cuestiona reiteradamente a políticos de Morena y sostiene que existen intentos de frenar sus aspiraciones. En sus videos aparece recorriendo calles, trabajando con vecinos y exhibiendo acciones de gobierno, mientras construye una narrativa de confrontación con el oficialismo.

Se ha afirmado que Rojo de la Vega encabeza las encuestas de popularidad en la Ciudad de México, aunque esas mediciones deben identificarse por casa encuestadora, fecha y metodología para dimensionar con rigor el alcance de su respaldo. Su estrategia de comunicación, en todo caso, es visible: procura ocupar la conversación pública y convertir sus recorridos en piezas de posicionamiento político. Mendoza, en cambio, suele aparecer en intervenciones discursivas breves durante actos oficiales, reproducidas en comunicados institucionales que, en ocasiones, parecen no haber pasado siquiera por una revisión de sintaxis. Rojo de la Vega construye una identidad pública a partir de la confrontación con Morena; Mendoza parece confiar en la estructura territorial del PAN y en la fuerza electoral acumulada durante décadas en Benito Juárez.

La diferencia importa porque Mendoza no sólo enfrenta cuestionamientos de vecinos críticos de su gestión. También mantiene una confrontación conocida entre militantes del propio PAN y residentes de la demarcación. El conflicto comenzó con el desmantelamiento del equipo que había acompañado a Santiago Taboada, incluidos integrantes de la estructura operativa que contribuyó al desarrollo de Blindar BJ, el programa de seguridad convertido en uno de los principales activos políticos del panismo local.

La salida de personal que había participado en la instrumentación de ese programa abrió una fractura con quienes consideraban que la experiencia acumulada debía preservarse y fortalecerse, en lugar de desarticularse. El desencuentro no se limitó a las disputas internas del partido: alimentó críticas sobre la conducción de la alcaldía y sobre la decisión de Mendoza de marcar distancia respecto de quienes construyeron la estructura política y operativa de su antecesor. La cuestión es relevante porque Blindar BJ fue uno de los argumentos centrales con los que el PAN consolidó su presencia electoral en la demarcación. Desmontar parte de aquel equipo significó abrir un conflicto con sectores que habían contribuido a ese proyecto.

Entre los vecinos que han advertido sobre la cercanía de Mendoza con Brugada se encuentran integrantes de Enlace del Valle, un colectivo influyente que se ha distinguido por sus críticas al gobierno morenista de la capital y por su participación en asuntos urbanos que afectan a los habitantes de la zona. Desde ese colectivo detonó el movimiento contra los despojos de casas en Benito JUárez, que luego se extendió a denunciar más casos en Ciudad de México. Por ello, el colectivo ha mantenido cercanía y respaldo a Santiago Taboada, rival de Mendoza, particularmente con Federico Chávez y Carlos Estrada.

Para ese sector, la administración panista no ha marcado una distancia reconocible respecto de las decisiones del gobierno central. La pregunta es si el alcalde pretende conservar la identidad política que hizo de Benito Juárez un bastión del PAN o si apuesta por una convivencia con Morena que termine por volver irrelevantes las diferencias entre ambos partidos.

La seguridad sigue siendo uno de los principales activos electorales del panismo en Benito Juárez. La demarcación conserva una posición destacada en la percepción de seguridad de sus habitantes, aunque las variaciones registradas en las mediciones del INEGI obligan a examinar los datos por periodo y no conformarse con una etiqueta histórica. La seguridad importa, desde luego, pero no agota la evaluación de un gobierno. Las condiciones de las calles, el ordenamiento del comercio, el mantenimiento de los parques y la transparencia en el uso del espacio público también forman parte de la vida cotidiana.

En esos terrenos, las quejas vecinales se acumulan. Las calles presentan baches que residentes consideran impropios de una alcaldía que durante años hizo de sus servicios urbanos uno de sus principales argumentos de legitimidad. También ha vuelto a crecer la presencia del comercio informal en distintos puntos, un fenómeno que vecinos comparan con el control que se ejerció durante la administración de Santiago Taboada.

Libre en el Sur documentó cómo personal de la alcaldía cobraba a comerciantes informales y decidía en qué puntos podían instalar sus puestos, identificados con el emblema del corazón de Benito Juárez. La práctica llegó incluso a las inmediaciones del famoso árbol Laureano, un referente vecinal de la demarcación. Los propios ambulantes denunciaron que eran extorsionados para poder trabajar y que debían pagar por ocupar determinados espacios de la vía pública.

Las denuncias exhiben una práctica que contradice el discurso de orden urbano con el que el PAN ha gobernado históricamente Benito Juárez. La ocupación del espacio público termina convertida en una fuente de cobros y en un mecanismo de control sobre quienes comercian en las calles. ¿Qué sabe Luis Mendoza de estas prácticas, qué medidas ha tomado para impedirlas y por qué su administración ha reaccionado con reclamos ante las publicaciones que las documentan?

El problema no se limita a los puestos ambulantes. La instalación de estructuras para la recolección de heces fecales caninas en parques públicos también plantea preguntas sobre los contratos, los proveedores, los costos y la utilidad de esos dispositivos. Sin información pública suficiente, las decisiones de equipamiento urbano pueden convertirse en motivo de sospecha. Si se trata de servicios necesarios, la alcaldía debería transparentar sus condiciones y explicar por qué se eligieron esos modelos, quién los suministra y cuánto cuestan. La rendición de cuentas es la mejor manera de despejar dudas sobre eventuales intereses privados.

La ocupación comercial del espacio público tampoco es exclusiva de Benito Juárez. En avenidas principales de la Ciudad de México, como Insurgentes Sur, la proliferación de anuncios y soportes publicitarios ha atravesado distintas administraciones, desde los gobiernos de Marcelo Ebrard hasta los posteriores. El asunto revela una continuidad en la forma de entender el paisaje urbano como un espacio susceptible de explotación comercial, incluso cuando esa ocupación altera la imagen de la ciudad y obliga a preguntar quién autoriza, quién cobra y bajo qué reglas.

En Benito Juárez, la palabra “transformación” ha comenzado a aparecer incluso en las convocatorias para intervenir parques públicos. La referencia evoca el eslogan de la Cuarta Transformación y resulta llamativa en una alcaldía gobernada por el PAN, partido que históricamente ha buscado distinguirse de Morena. La coincidencia retórica contribuye a la percepción de que las fronteras partidistas se vuelven menos claras cuando se trata de administrar recursos, intervenir el espacio público o establecer relaciones con el poder central.

La cercanía que vecinos atribuyen a Mendoza con Brugada adquiere otra dimensión cuando se examina el trato que recibe la crítica periodística. Libre en el Sur ha enfrentado hostigamiento por parte de personal de Comunicación Social de Benito Juárez a raíz de la publicación de notas críticas al Gobierno de la Ciudad de México. El hecho resulta significativo porque las publicaciones que provocaron esas reacciones cuestionaban al gobierno central, no necesariamente a la administración de la alcaldía. La pregunta es por qué una autoridad panista reaccionaría contra un medio por ejercer una crítica dirigida a Morena.

La experiencia contrasta con la de los dos gobiernos sucesivos de Santiago Taboada, durante los cuales Libre en el Sur mantuvo una línea editorial crítica sin enfrentar, en los mismos términos, ese tipo de presiones. El respeto a la labor periodística no debería depender de la afinidad política entre el medio y el gobernante ni de que las publicaciones incomoden a una administración. Una oficina de comunicación social tiene la responsabilidad de informar, aclarar y responder; no de presionar a quienes publican cuestionamientos.

También ha habido reclamos del coordinador de Comunicación Social de Benito Juárez a raíz de las investigaciones de Libre en el Sur sobre presuntos actos de corrupción de elementos de Blindar BJ en su relación con franeleros. En la calle de Manzanas, vecinos documentaron en video situaciones que apuntaban a posibles acuerdos irregulares, mientras los llamados viene-viene continúan cobrando por lugares de estacionamiento en la vía pública. Los testimonios y las imágenes ameritan una investigación y una respuesta oficial. El problema no se resuelve reclamando al medio que difunde la denuncia.

La cuestión de fondo es qué entiende la administración de Mendoza por rendición de cuentas y libertad de expresión. Si una alcaldía que se reivindica panista reacciona con hostilidad ante críticas al gobierno de Morena, mientras sus propios funcionarios también son objeto de cuestionamientos, los vecinos tienen motivos para exigir explicaciones. La colaboración entre gobiernos de distinto signo no debería traducirse en silencios compartidos ni en una reducción del espacio para la crítica.

La designación de Mendoza despeja, por ahora, el camino interno del PAN en Benito Juárez. Queda por saber si esa continuidad responde a una evaluación transparente de su desempeño o a la decisión de conservar una candidatura sin abrir la discusión sobre sus resultados. A diferencia de Rojo de la Vega, que convierte la confrontación con Morena en una parte central de su identidad pública, Mendoza parece apostar por una convivencia que desdibuja las fronteras partidistas.

En 2027, esa diferencia tendrá que medirse frente a los resultados concretos de su administración y ante una ciudadanía que no sólo vota por siglas: también observa sus calles, sus parques, el uso del espacio público y la disposición de sus autoridades a rendir cuentas. Para el PAN, Benito Juárez representa mucho más que una alcaldía: es una de las principales pruebas de que conserva una identidad política propia en la capital. La pregunta es qué queda de esa identidad cuando su alcalde busca la continuidad sin marcar distancia frente al gobierno al que su partido dice oponerse.

En acto efectuado en BJ, el PAN designa a sus alcaldes como “coordinadores territoriales”.

Al estilo de Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) dio el banderazo oficial de salida rumbo a los comicios intermedios de 2027 en la Ciudad de México con un mitin multitudinario que congregó a unas 10 mil personas en la explanada de la alcaldía Benito Juárez.

Lejos de iniciar con un balance rutinario, el cónclave sirvió para estructurar el tablero territorial y blindar las demarcaciones que actualmente gobierna la oposición, apostando de lleno por las figuras que ya despachan en las oficinas gubernamentales como sus principales cartas de presentación política y su mayor activo frente al electorado capitalino.

Durante el acto político, la dirigencia nacional del partido nombró formalmente a Alessandra Rojo de la Vega (Cuauhtémoc), Carlos Orvañanos (Cuajimalpa) y Luis Mendoza (Benito Juárez) como los coordinadores encargados de encabezar la defensa de los bastiones blanquiazules en la metrópoli.

Para la cúpula panista, la estrategia electoral se sustenta en una premisa de probada eficacia territorial: cuando un candidato pide el voto por primera vez se trata de un acto de fe ciudadana, pero cuando lo gana por segunda ocasión consecutiva, se traduce de manera indiscutible en una gestión que ha cumplido y dado resultados tangibles a la comunidad.

La dirigencia nacional apuesta por los gobiernos locales y endurece el tono frente a Morena

Ante la presencia de otros alcaldes aliados que respaldan el bloque, como Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, y Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, el evento masivo funcionó también como una demostración de fuerza política frente al oficialismo.

Los discursos de los líderes locales giraron de manera constante en torno a la protección de la familia como núcleo social fundamental, el mejoramiento integral de los servicios urbanos, el rescate de los espacios públicos y el combate frontal a la inseguridad, señalando que las prioridades de su labor diaria se centran en devolver la tranquilidad y la certidumbre a los barrios, unidades habitacionales y colonias de la demarcación.

Asimismo, el tono de la concentración subió de intensidad al lanzar duras críticas contra la estrategia de seguridad federal y la actuación de los partidos gobernantes, a quienes acusaron de solapar la violencia y de lucrar políticamente con los problemas sociales más apremiantes de la ciudadanía.

Los oradores blanquiazules dejaron en claro ante la militancia que su objetivo principal para el proceso electoral venidero será replicar el histórico escenario de 2021, cuando la oposición logró arrebatarle al oficialismo más de la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México, rompiendo la hegemonía política en la capital del país.

En este contexto de efervescencia política, los liderazgos panistas insistieron en que la confrontación partidista debe quedar atrás para dar paso a la construcción de comunidad. Subrayaron que la ciudadanía actual exige soluciones reales a problemas cotidianos como la escasez de agua, los deficientes sistemas de movilidad, el desempleo y la falta de oportunidades económicas para los jóvenes, elementos que consideraron indispensables para articular una propuesta atractiva y competitiva de cara a las urnas.

Con este movimiento estratégico adelantado en el calendario político, el panismo chilango busca marcar la agenda pública, mantener la cohesión interna y consolidar un bloque de resistencia y ofensiva electoral sólida frente a la renovación de los gobiernos locales y los escaños del Congreso de la Ciudad de México en 2027.

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