Ciudad de México, noviembre 18, 2026 14:29
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Expresidentes del INE exigen acuerdo en San Lázaro ante crisis del árbitro electoral

Urgen los cuatro ex titulares del organismo electoral un proceso legislativo basado en el consenso político.

Advierten riesgos operativos y de credibilidad de cara a los comicios de 2027 tras la salida de Taddei del INE.

STAFF/LIBRE EN EL SUR

Cuatro exconsejeros presidentes del IFE y del INE, respaldados por una veintena de exfuncionarios y especialistas de alto nivel, irrumpieron de manera contundente en el escenario político nacional con una severa advertencia ante los profundos riesgos operativos, financieros y de credibilidad que se perfilan de cara a los trascendentales comicios intermedios de 2027.

Reunidos bajo el cobijo del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) en la Ciudad de México, figuras clave de la historia democrática reciente como José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova alzaron la voz para demandar a la Cámara de Diputados un acuerdo político urgente, transparente y basado estrictamente en el consenso plural.

Los firmantes advirtieron que el Estado mexicano no puede ni debe encarar un proceso electoral de magnitud intermedia con un árbitro electoral descabezado, debilitado y sujeto a presiones estructurales. La gobernabilidad democrática del país depende directamente de la imparcialidad incuestionable del órgano encargado de organizar las elecciones y garantizar la equidad en la contienda.

La profunda crisis institucional que hoy sacude a los cimientos del órgano electoral estalló con fuerza el pasado 26 de octubre, fecha en la que se concretó la estrepitosa y sorpresiva renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo autónomo. Su salida se precipitó en medio de una tormenta de fuertes señalamientos públicos por opacidad en la gestión interna y la adjudicación de contratos públicos multimillonarios que quedaron bajo un intenso escrutinio fiscal y social.

Como consecuencia directa de esta dimisión, hoy el instituto opera bajo un frágil y limitado interinato encabezado provisionalmente por Blanca Yassahara Cruz García, una solución de emergencia que está lejos de dotar al árbitro de la robustez institucional que exige la compleja realidad política del México actual.

Para los exconsejeros y exfuncionarios firmantes, el peligro más grave y alarmante no es únicamente el vaciamiento administrativo o la parálisis operativa temporal, sino la erosión sistemática y acelerada de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Sin un árbitro verdaderamente autónomo, imparcial y dotado de autoridad moral, el pacto democrático nacional se debilita de forma peligrosa frente a las recurrentes tentaciones hegemónicas del poder central.

Ante este panorama crítico, el bloque de exconsejeros exigió de manera categórica una reconformación integral y profunda del Consejo General del INE. Reclamaron también la implementación de un proceso de selección pulcro, abierto y riguroso dentro de San Lázaro, que destierre el reparto de cuotas partidistas y garantice conocimientos técnicos sólidos, probada capacidad de gestión y una absoluta legitimidad política ante todas las fuerzas vivas de la nación.

Por su parte, la respuesta institucional proveniente del gobierno federal tampoco ha contribuido a calmar las persistentes tensiones entre los poderes públicos y los órganos autónomos. A petición expresa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene abiertas diversas revisiones e indagatorias sobre contratos polémicos, abarcando tanto la pasada gestión como periodos anteriores de la administración electoral, incluida la etapa encabezada por Lorenzo Córdova.

Mientras la confrontación política escala en tribunas y medios, en el plano estrictamente operativo el INE intenta ganar tiempo, orden y estabilidad a marchas forzadas. El organismo anunció recientemente una serie de nombramientos temporales en áreas neurálgicas y técnicas de su estructura, como el Registro Federal de Electores y la Dirección del Servicio Profesional Electoral.

Sin embargo, los analistas y los propios firmantes coinciden en que los remiendos administrativos y las soluciones coyunturales de última hora no bastan de ninguna manera para contener la tormenta institucional que se avecina. Frente al centralismo absorbente que permea desde las estructuras gubernamentales, la defensa férrea de la autonomía electoral se erige como una trinchera republicana indispensable para la supervivencia del régimen democrático.

Las y los ciudadanos de todo el país exigen certezas republicanas firmes y no simulaciones burocráticas que terminen por vaciar de contenido real a la representación popular. La pelota se encuentra ahora firmemente plantada en la cancha del Congreso de la Unión. Los legisladores federales tienen la responsabilidad histórica de decidir entre apostar por el acuerdo plural, abierto y transparente o consolidar definitivamente la ruta de la opacidad institucional, demostrando con hechos si la democracia mexicana posee la resiliencia necesaria para resistir los constantes embates y manoseos desde el poder.

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