Mientras Sheinbaum presume cifras, 135 médicos enferman por brote de salmonela en el Hospital General de México

Las cifras alegres del informe pueden llenar discursos. Las cifras de un brote como éste llenan hospitales.

La infección, confirmada por laboratorio, obligó al hospital a suspender el servicio de comedor para médicos residentes. El saldo: 135 médicos afectados y 41 hospitalizados.

El episodio ocurre mientras la presidenta presume la recuperación del sistema sanitario, pero evita hacer cuentas con la herencia de López Obrador: desabasto, saturación, atención diferida, caída de la vacunación infantil y una pandemia con un enorme exceso de mortalidad.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum presumía en su Segundo Informe de Gobierno los avances de su administración en materia de salud, en uno de los principales hospitales públicos del país se vivía una emergencia sanitaria que involucró a más de un centenar de médicos.

Al menos 41 residentes y médicos de alta especialidad permanecen hospitalizados, luego de que 135 presentaran síntomas de gastroenteritis. El propio Hospital General de México reconoce que el brote está asociado al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional.

El contraste no podía ser más evidente: mientras desde Palacio Nacional se hablaba de recuperación, prevención, hospitales, medicamentos y nuevas unidades médicas, dentro del Hospital General de México decenas de médicos enfermaban por alimentos servidos en su propio centro de trabajo.

De acuerdo con una tarjeta informativa fechada este 3 de septiembre, 135 médicos presentaron síntomas, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito. De ellos, 41 permanecen hospitalizados bajo vigilancia y tratamiento médico.

El problema fue detectado desde el pasado 31 de agosto, cuando se registró “un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales”, señala el documento oficial.

Pero el dato más delicado es el resultado de los análisis.

Los estudios de laboratorio corroboraron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados. En dos de ellos, además, se identificó coincidencia con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

El hospital tuvo que actuar de inmediato. Según su propia información, suspendió “de manera inmediata” el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y puso en marcha una estrategia de búsqueda y seguimiento de las personas potencialmente expuestas.

La investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar “la fuente específica de contaminación”, así como establecer las medidas adicionales de prevención y control.

Es decir: todavía no se sabe exactamente cómo se contaminaron los alimentos, pero ya hay 135 médicos afectados, 41 de ellos hospitalizados.

Y todo esto ocurre apenas dos días después de que la presidenta hablara de los avances de su gobierno en materia de salud.

En su Segundo Informe de Gobierno, presentado el 1 de septiembre, Sheinbaum aseguró que su administración está revirtiendo el deterioro del sistema sanitario. “Por eso, estamos revirtiendo el daño causado por el abandono en décadas en materia de salud”, afirmó.

La presidenta presumió que durante su gobierno se han concluido y puesto en operación 33 nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, además de 11 Unidades de Medicina Familiar y 36 Centros de Salud y consultorios.

También afirmó que fueron habilitados 650 quirófanos modernos y que durante el sexenio se construirán 152 nuevas unidades de salud, con nueve mil camas adicionales.

En materia de medicamentos, el discurso fue igualmente optimista. Sheinbaum aseguró que mediante las compras consolidadas y el programa “Rutas de la Salud” se han distribuido 2 mil millones de piezas de medicamentos e insumos.

Y pronunció una frase particularmente contundente: “Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos”.

También presumió Salud Casa por Casa, programa que, dijo, ha permitido a 20 mil profesionales de la salud realizar más de 23 millones de visitas domiciliarias.

La memoria selectiva de la salud pública

Pero hay una omisión significativa en el discurso presidencial.

Sheinbaum habló de un supuesto “profundo retroceso” en el sistema de salud y responsabilizó fundamentalmente a décadas anteriores. Lo que prácticamente no apareció fue la estela de problemas que dejó la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del que ella fue parte y cuya política pretende ahora continuar.

Ahí están los años de escasez de medicamentos, las demoras en la atención, la sobresaturación de los servicios y las dificultades para acceder oportunamente a consultas, estudios y tratamientos.

No se puede contar la historia de la salud pública mexicana como si entre 2018 y 2024 hubiera existido un agujero negro administrativo.

Hubo un gobierno. Hubo decisiones. Se creó el Insabi y después desapareció. Se transformó el sistema de atención para la población sin seguridad social. Se modificaron los mecanismos de compra y distribución de medicamentos. Y se produjo una pandemia que puso al sistema sanitario bajo una presión extraordinaria.

El costo humano fue enorme.

El Instituto Nacional de Salud Pública documentó 600 mil 590 defunciones en exceso durante 2020 y 2021, 38.2 por ciento por encima de las esperadas. El análisis señaló entre las posibles explicaciones la sobrecarga de los servicios de salud y el retraso o interrupción de la atención médica.

No se trata de atribuir al gobierno anterior cada muerte provocada por la pandemia. Eso sería simplista. Pero tampoco puede borrarse de la historia que hubo personas que no recibieron a tiempo la atención que necesitaban y que la saturación de los servicios contribuyó al exceso de mortalidad.

La pandemia dejó además otro saldo preocupante: el deterioro de las coberturas de vacunación infantil.

Las interrupciones y el debilitamiento de las campañas de vacunación para menores significaron perder una de las herramientas más eficaces de la salud pública preventiva. Una campaña que se frena no necesariamente produce una tragedia al día siguiente. Produce una deuda sanitaria que puede cobrarse años después.

De acuerdo con UNICEF, la cobertura del esquema básico completo de vacunación en menores de un año cayó de 96.7 por ciento en 2015 a 64.7 por ciento en 2020. Para la vacuna triple viral, la proporción de niños que no había recibido ninguna dosis llegó a 29.1 por ciento en 2021.

Y, sin embargo, de todo esto hubo poco o nada en el balance presidencial.

Las ocurrencias también fueron política sanitaria

Hay otro capítulo que Sheinbaum tampoco quiso tocar: las decisiones y mensajes oficiales durante la pandemia.

Porque la crisis sanitaria no fue solamente producto de un virus desconocido. También estuvo acompañada por decisiones controvertidas, mensajes contradictorios y una estrategia que durante meses fue cuestionada por especialistas.

En los primeros meses de 2020, mientras otros países comenzaban a adoptar medidas más agresivas para contener la propagación del virus, el gobierno mexicano optó en ocasiones por un discurso que parecía más preocupado por evitar el pánico que por reconocer la dimensión del problema.

El propio López Obrador llegó a exhibir en sus conferencias las estampas religiosas que llamó su “detente”, como una especie de protección frente al coronavirus.

Al mismo tiempo, su gobierno insistía en que el riesgo para México era bajo.

El caso más emblemático fue, sin embargo, el de Hugo López-Gatell.

El entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud se convirtió en la principal voz técnica del gobierno. Y durante meses defendió una política de pruebas limitada y cuestionó la utilidad del cubrebocas.

En marzo de 2020 llegó a declarar: “No hay evidencia científica para demostrar que los cubrebocas sirven para evitar el contagio del coronavirus”.

También defendió la decisión de no realizar pruebas a gran escala y cuestionó la estrategia de hacer “prueba tras prueba tras prueba”.

El problema no es que una autoridad científica pueda equivocarse frente a un virus nuevo. Eso puede ocurrir.

El problema es convertir una posición discutible en dogma, mantenerla durante meses y después pretender que nada de ello tuvo consecuencias.

Las pruebas servían para conocer dónde estaba circulando el virus, identificar casos y ayudar a contener los contagios. El cubrebocas, por su parte, terminó convirtiéndose en una medida básica para reducir la transmisión, particularmente en espacios cerrados y situaciones de riesgo.

La discusión tampoco puede reducirse a determinar si una medida habría evitado una muerte específica. Eso sería imposible de demostrar caso por caso.

Pero sí es legítimo preguntarse cuántos contagios y cuántas muertes pudieron haberse evitado con una detección más amplia, una comunicación más clara y medidas preventivas aplicadas oportunamente.

Y ésa es justamente la conversación que faltó en el Segundo Informe de Sheinbaum.

La presidenta habló de recuperar el sistema de salud, de construir hospitales, de contratar especialistas, de distribuir medicamentos y de fortalecer la prevención.

Pero no hizo una revisión autocrítica de la política sanitaria de la administración que la precedió y de la que ella misma formó parte.

No habló de la escasez de medicamentos. No habló de las listas de espera ni de la sobresaturación. No habló del retraso en consultas y tratamientos. No habló del desplome de las coberturas de vacunación infantil. No habló del enorme exceso de mortalidad durante la pandemia.

Y tampoco habló de las decisiones tomadas durante aquella emergencia, algunas convertidas en auténticas ocurrencias políticas.

El “detente”, las dudas sobre el cubrebocas, la resistencia a las pruebas masivas y la minimización inicial del riesgo forman parte de esa historia.

No todo fue culpa del virus. También hubo decisiones humanas.

Y mientras tanto, en el Hospital General…

El problema es que las cifras de un informe no necesariamente cuentan lo que ocurre en los pasillos de los hospitales.

Mientras Sheinbaum hablaba de recuperación, hospitales nuevos, quirófanos modernos, millones de medicamentos distribuidos y prevención, el Hospital General de México enfrentaba un brote que afectó a sus propios médicos.

135 médicos enfermaron y 41 permanecían hospitalizados este 3 de septiembre. Los análisis confirmaron la presencia de Salmonella y en dos casos también Escherichia coli enterotoxigénica.

El hospital tuvo que suspender “de manera inmediata” el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantener una estrategia de búsqueda y seguimiento de las personas potencialmente expuestas.

La investigación continúa para determinar la “fuente específica de contaminación”.

Y ahí está precisamente el punto.

No se trata solamente de una intoxicación alimentaria ocurrida en cualquier lugar. Se trata de un brote infeccioso dentro de uno de los principales hospitales públicos del país, que afecta precisamente a quienes están encargados de atender a los pacientes.

Son médicos residentes y de alta especialidad que deberían estar concentrados en sus jornadas hospitalarias, no ocupando camas por una enfermedad relacionada, de acuerdo con la información oficial, con los alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor.

La tarjeta informativa es cuidadosa en su lenguaje: habla de un brote “asociado” a los alimentos y señala que todavía se investiga la fuente específica.

Pero los resultados ya son suficientemente graves: Salmonella confirmada, otro agente bacteriano identificado en algunos casos, 135 médicos con síntomas y 41 hospitalizados.

Todo esto ocurre mientras el gobierno federal presume resultados.

Las cifras alegres de un informe pueden llenar discursos. Las cifras de un brote como éste llenan hospitales.

Y hay una cifra que no cabe fácilmente en una presentación oficial: 41 médicos hospitalizados por un brote cuya fuente de contaminación todavía no ha sido esclarecida.

El Hospital General de México asegura que mantiene vigilancia médica y que la investigación continúa. Falta saber qué ocurrió con el servicio de alimentación, cómo fue posible que alimentos contaminados llegaran a una institución sanitaria y, sobre todo, quién asumirá la responsabilidad por lo ocurrido.

Pero también falta otra cosa: memoria.

Porque si la presidenta quiere hablar del desastre que recibió el sistema de salud, tendría que hablar de todo: de las décadas anteriores, sí, pero también de los seis años de López Obrador; del desabasto, de las listas de espera, de la saturación, de la atención diferida, de la pandemia y su brutal exceso de mortalidad, del deterioro de la vacunación infantil y de las decisiones tomadas durante la emergencia sanitaria.

No se puede presentar la historia como si el deterioro hubiera terminado mágicamente en 2018.

La salud pública también tiene memoria. Y los enfermos, las familias de quienes murieron y los niños que dejaron de recibir vacunas forman parte de ella.

Por eso el episodio del Hospital General resulta particularmente incómodo. Mientras la presidenta afirmaba que su gobierno está recuperando el derecho a la salud, los propios médicos que sostienen ese sistema terminaron hospitalizados por un brote de Salmonella relacionado con el comedor de su institución.

Porque una cosa es presumir que el sistema de salud funciona. Y otra muy distinta es que quienes están encargados de cuidar a los pacientes terminen hospitalizados por comer en él.

comentarios