Confiesa Delegación BJ que no hace nada contra la trata de personas; para contener prostitución se limita a pasar el recado de los vecinos
El gobierno de la Delegación Benito Juárez, encabezado por Jorge Romero Herrera, no va contra la trata de personas. Ni siquiera lo intenta, pues no ha cerrado ningún establecimiento –clandestino o no— en que se detecte esta acción ilícita, aun cuando la Procuraduría General de Justicia del DF ya ha intervenido diferentes locales de la demarcación.
Además de reconocer de manera oficial y por escrito que efectivamente no se han realizado operativos en contra de la trata de personas, la autoridad delegacional tampoco enfrenta el creciente problema de la prostitución, reiteradamente denunciada por vecinos, ante la que sólo da aviso a la policía, a la que han emitido 14 oficios “en atención a solicitudes vecinales”. (Oficio DGPDPC/1394/2014, firmado el 14 de mayo pasado por Ángel Luna Pacheco, director general de Prevención del Delito y Protección Civil).
Al solicitar a la Oficina de Información Pública delegacional que informase “cuántos locales y/o negocios en que se haya detectado trata de personas han sido clausuras por la delegación Benito Juárez del 1 de octubre del 2012 a esta fecha”, Alejandro Monge Pérez, subdirector Jurídico de la DBJ respondió que “no obra antecedente alguno relacionado con la realización de operativos en contra de la trata de personas, por lo que esta autoridad se encuentra imposibilitada para dar la debida atención al caso que nos ocupa, por lo que le sugerimos enviar su solicitud a la autoridad competente que es Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”. (Oficio DGJG/DJ/SJ/ 07069/2014, del 13 de mayo).
Al contrario de lo ocurrido en otras delegaciones, la acción contra ‘giros negros’ en Benito Juárez se limitó a la clausura del Butcher’s Club, en la colonia Del Valle, sólo después de que la ex diputada panista Rosi Orozco denunciara que el delegado Jorge Romero es “cómplice” de la trata de personas. Otros tantos establecimientos de ‘table dance’, que incluso anuncian a sus bailarinas con leyendas sugerentes en sus marquesinas luminosas, continúan operando sin que nadie los moleste.
En entrevista publicada en la edición impresa de Libre en el Sur en agosto del 2013 Orozco, dirigente del movimiento Unidos contra la Trata, aludió al artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas para sustentar su afirmación.
Lo leyó ella misma: “Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada”
Y subrayó: “Este es precisamente el caso de los llamados table dance”. Y advirtió, además, que conforme al artículo 42 inciso X-(e) de la propia Ley, Romero Herrera podría hacerse acreedor a una mitad más de la pena estipulada, debido a que es funcionario público. (Entrevista completa en http://libreenelsur.mx/content/es-delegado-jorge-romero-complice-trata-personas-acusa-rosi-orozco).
Por aquellos días de la denuncia de Orozco la PGJDF rescató a tres mujeres que eran obligadas a ejercer sexoservicio en una supuesta “casa de masajes” de la colonia Álamos, en la delegación Benito Juárez, y emprendió acción penal contra dos probables responsables de trata de personas.
En febrero pasado, Rosi Orozco reconoció que, a diferencia de Benito Juárez, Cuajimalpa es la primera delegación libre de trata de personas, después de que el jefe delegacional priista Adrián Rubalcava cerró la totalidad de ‘giros negros’, con lo que demostró que las delegaciones sí pueden hacerlo en el ámbito de sus facultades.
