Ciudad de México, septiembre 23, 2020 23:49
Dinorah Pizano Osorio Opinión

El andamiaje de DH necesita al CONAPRED

Es menester conservar y hacer crecer organismos verdaderamente autónomos que garanticen que a pesar de los vaivenes políticos sexenales, se mantenga un rumbo institucional en la materia. Desmantelarlos sería un retroceso grave.

POR DINORAH PIZANO

Recientemente una polémica colocó en el ojo del huracán al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), luego de que organizara el foro virtual “Racismo en México” donde participaría el polémico Chumel Torres, abierto crítico del gobierno federal, pero también figura acusada de emplear mensajes racistas y clasistas en sus famosos stand ups televisivos. Al final, el foro fue cancelado.

Al día siguiente durante la conferencia matutina, el Presidente López Obrador afirmó desconocer a la institución, agregando que debería desaparecer y sus funciones deberían ser absorbidas por la Secretaría de Gobernación.

Tales declaraciones ocasionaron las más diversas reacciones en redes sociales. Muchas y muchos señalaron que desconocían no sólo la existencia, sino también la labor que desempeña el Consejo. Por ello me pareció de la mayor importancia abundar sobre ello.

El CONAPRED fue creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio del mismo año. De hecho ya es una instancia sectorizada a la Secretaría de Gobernación, aunque con marcada autonomía.

El CONAPRED fue instituido en nuestro país para erradicar uno de los graves males que nos aquejan. Se llama discriminación. Y ha sido fundamental en diversas luchas de grupos y personas que han buscado visibilizar los actos de injusticia y exclusión que han vivido en carne propia.

En opinión del académico Jesús Rodríguez Zepeda, el CONAPRED ha tenido el indiscutible mérito de identificar, desde la voz tanto de los sujetos discriminadores como de los discriminados, un sistema de relaciones de dominio que, basado en prejuicios y procesos de estigmatización, genera una desventaja sistemática para grupos humanos completos como las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad, las minorías sexo-genéricas, los grupos etarios, etcétera.

 

Efectivamente, el acto discriminatorio tiene su origen en los fenómenos de injusticia y/o de desigualdad, que se manifiestan en los grupos sociales por lo que se consideran diferencias, sean sociales, étnicas, de ideología, de credo, de nacionalidad, de preferencia sexual, de identidad sexo genérica, etc.

Se materializa por medio de un comportamiento nocivo en contra de los miembros de un grupo que es objeto de un prejuicio o valor negativo. Si el imaginario social posiciona una marca negativa en tal grupo, resulta muy complejo revertirla, promoviendo un proceso de permanente repetición. Así se conforma un estereotipo por prejuicio.

Los prejuicios así mismo, dirigen los juicios hechos de sentimientos negativos hacia los individuos o los grupos que tienen una pertenencia en la sociedad distinta a la del quien la emite, lo que causa por lo general, un rechazo.

Llama la atención que la percepción de la discriminación grupal es muy superior a la discriminación individual. De ahí que al presentarse el fenómeno de la discriminación de un particular, las víctimas reaccionan directamente contra la persona o ente agresor, en tanto que en la discriminación institucional, las víctimas recurren a acciones colectivas generalmente acudiendo a la federación.

Lo anterior, en virtud de que discriminación coarta la posibilidad de ejercer un derecho a una persona. Y es el Estado, a través de sus instituciones públicas, las que promueven, impiden u obstaculizan el ejercicio de un derecho.

Aquí es precisamente donde entra el CONAPRED. A diferencia de la Comisión de Derechos Humanos que únicamente emprende acciones contra [email protected] de gobierno o contra las instancias que representan, tiene la potestad de intervenir en conflictos entre particulares.

Porque existe la creencia errónea que un sujeto o una instancia particular no viola derechos humanos. Todo proveedor privado de bienes, servicios o de cualquier otra rama, tiene por ley la obligación de hacerlo sin distingos de ninguna clase, a todas y cada una de las personas.

Después de luchas históricas la discriminación en nuestro país es ya un delito. El CONAPRED por tanto, puede intervenir para intermediar entre presuntos actos de discriminación ejercidos tanto por entes de gobierno, como por empresas, o incluso por personas que representan a alguna de las anteriores.

Por otro lado, el Consejo es el encargado también de desarrollar anualmente la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) la que por ejemplo, en 2017, concluyó que en México el 20.2% de los 84 millones de personas de 18 y más años, se ha sentido discriminada por algún motivo en los 12 meses anteriores al levantamiento de la encuesta.

Tal estudio periódico y meticuloso, cuenta en ocasiones con la colaboración de diversas instituciones de investigación, tales la UNAM, del INE, del IPN, o alguna otra instancia gubernamental, por cuyo respaldo aporta datos fidedignos para calibrar las políticas públicas del gobierno federal, encargado de acortar las brechas de desigualdad en la población.

El CONAPRED en suma, ha emprendido valientes batallas para combatir el principio de exclusión. Ha revertido numerosas violaciones a derechos y solicitado la reparación del daño, cometidas contra mujeres, personas indígenas, personas adultas mayores, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad, personas jóvenes, infancia, etc. Todo ello por medio de una estructura compacta y con brillantes liderazgos que la han dirigido con profesionalismo, justicia y equidad.

Desde lo sucedido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, así como líderes de opinión ocupados por la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, han levantado la voz con preocupación en virtud de ver cada vez más disminuido el todavía frágil andamiaje de derechos humanos de nuestro país.

Es menester conservar y hacer crecer organismos verdaderamente autónomos que garanticen que a pesar de los vaivenes políticos sexenales, se mantenga un rumbo institucional en la materia. Desmantelarlos sería un retroceso grave.

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