POR MARÍA ELENA MESTA

Recordará el lector que en nuestra última colaboración compartimos con ustedes la resolución recibida a principio del mes de febrero por la Colonia Noche Buena de parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT). En ella la Procuraduría confirma que los vecinos tenían razón en estar inconformes con la construcción de diversos edificios en la colonia Noche Buena y en particular con uno, el que se construye actualmente en la calle de Porfirio Diaz 66.

Sabida la ilegalidad de Porfirio Diaz 66 los vecinos decidieron manifestarse el día 12 de febrero del presente año a fin de exigir el cumplimiento de la resolución de PAOT que señala que el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo (CUZUS) respecto del predio de Porfirio Diaz 66 se emitió mediando error, toda vez que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX “Realizó un cambio de uso del suelo, sin cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 42 Quinquíes de la Ley de Desarrollo Urbano de la CDMX.” Asimismo, en la resolución se establece el camino que debiera seguirse para la solución efectiva de este caso por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la alcaldía de Benito Juárez.

Foto: Especial

La manifestación que tuvo lugar con la participación de más de 35 vecinos sobre la Calle de Insurgentes en el cruce con Calle Porfirio Diaz; luego, frente a la obra de Porfirio Diaz 66 y finalmente frente al INVEA, generó una respuesta inmediata de las autoridades. Primero, por parte de las nuevas autoridades del INVEA se nos informó que ellos gestionarían una reunión en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) para esclarecer cuál era la situación del caso.  Acto seguido, el día 13 de febrero, para nuestra sorpresa, la Secretaría tuvo a bien convocar una reunión en la que estuvieran todas las autoridades responsables de los actos reclamados por los vecinos, a saber: INVEA, Alcaldía Benito Juárez, Consejería Jurídica y SEDUVI.

Durante la reunión la Secretaria, Ileana Villalobos fue clara en la intención de aplicar efectivamente la ley, no obstante, que en este momento del caso ni la SEDUVI, INVEA o la Alcaldía de Benito Juárez podían hacer nada al respecto dado que el mismo se está ventilando actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, instancia ante la cual los vecinos y PAOT plantearon sendas acciones públicas desde el mes de junio del año pasado.

Ante esta circunstancia, los vecinos nos preguntamos: ¿Será que en verdad este nuevo gobierno está dispuesto a tomar las medidas necesarias para aplicar efectivamente la ley y entienden la trascendencia de hacerlo para el futuro de la CDMX?

Sin duda la CDMX requiere de mecanismos de resolución de conflictos que atiendan la causa raíz de los problemas de la ciudad y satisfagan los intereses y justas demandas de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y adecuado para su desarrollo y bienestar.

El caso de Porfirio Diaz 66 es un caso critico que viene a poner en riesgo el futuro de los colonos, quienes estamos viendo afectado nuestro patrimonio y calidad de vida por una obra que causa serios impactos negativos a la colonia. Por un lado, está el impacto producto de la operación de un edificio de oficinas frente al Parque Hundido. No es difícil prever, que próximamente tendremos en la colonia oficinistas y puestos ambulantes en los alrededores del edificio de Porfirio Diaz 66 invadiendo un espacio que por derecho urbano es habitacional con uso comercial exclusivamente en PB. Por otra parte, nuestra expectativa de contar con una movilidad sustentable y equitativa se vera coartada ante el incremento de vehículos que este edificio con 8 pisos de estacionamiento pretende hacer circular sobre Calle Porfirio Diaz, cancelando la viabilidad de desarrollar corredores de movilidad sustentable en las Calles de Porfirio Diaz y Carolina.

En verdad que resulta increíble para los ciudadanos ver crecer un edificio con las características de Porfirio Diaz 66, con negligencia de autoridades son omisas para declarar la ilegalidad de la obra y suspender los actos reclamados para evitar se generen los impactos negativos de este edificio sobre una comunidad Resulta increíble que la obra haya avanzado impunemente a pesar de que el mismo atenta contra el interés social de los colonos y el orden público de la ciudad.

Esperamos que las nuevas autoridades de la CDMX que conocen de nueva cuenta de este caso, asi como el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, sean sensibles a las justas demandas de los vecinos-ciudadanos y en algunos casos propietarios. Ojalá comprendan que nuestro interés es el interés de ciudad y que resulta imperativo crear condiciones favorables para que prospere un nuevo modelo de sustentabilidad urbana, un modelo que responda a los nuevos requerimientos de una ciudad moderna en la que los derechos humanos son respetados y promovidos. La ciudad requiere de nuevos paradigmas de desarrollo de infraestructura sustentable que permitan el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente; áreas verdes que brinden servicios ambientales de calidad; una movilidad sustentable y equitativa; espacios seguros y saludables en que puedan prosperar comunidades sustentables. Se trata de hacer realidad los derechos económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos (DESCAP) a los que toda persona tiene derecho. Se trata de hacer efectivos los derechos de las presentes y futuras generaciones a un lugar adecuado para su desarrollo y bienestar. Por el bien de la Ciudad esperamos que asi sea.

Sabemos, que existe en la balanza de las decisiones el considerar el perjuicio que pudiera sufrir el Gobierno de la CDMX con motivo del juicio de lesividad que procede llevar a cabo en este caso, como lo señala PAOT en su resolución, no obstante, es justo señalar que los daños y perjuicios a los colonos y a la ciudad son infinitamente superiores a cualquier cantidad de recursos que hoy se tendrían que sufragar con motivo de los errores en que han incurrido funcionarios de la pasada administración del gobierno de la CDMX.

Puestos los intereses de particulares, gobierno y ciudadanos en esta perspectiva, toca a las autoridades la responsabilidad de tomar las mejores decisiones para la ciudad.  Confiamos en que el nuevo gobierno sabrá salvaguardar los derechos de la ciudad.

 

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francisco

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