Ciudad de México, octubre 29, 2020 12:20
Libre en el Sur

El inútil director de Prevención del Delito en BJ, Ángel Luna Pacheco, fue acusado de extorsión desde 2012; ante violencia, guarda silencio

Ante la serie de hechos violentos registrados en la delegación Benito Juárez durante las últimas semanas, entre los que destaca el asesinato de cuatro mujeres y un fotoreportero en la colonia Narvarte, la administración panista de esa demarcación –que en junio pasado se ubicaba en el subliderato capitalino delincuencial con una tasa de 30.2 ilícitos por cada 10,000 habitantes, según datos de la Procuraduría del DF– ha guardado significativo silencio, una actitud que ya le caracteriza.

Y nadie explica qué función tiene ni cuál es el destino de los recursos económicos que tiene asignada la dirección general de Prevención del Delito y Protección Civil, a cargo de Ángel Luna Pacheco (con un sueldo de 96 mil 610 pesos mensuales), integrante del clan cercano al delegado saliente Jorge Romero Herrera, que en lugar de hacer algo en contra de la inseguridad que priva en la demarcación, ha sido acusado inclusive de extorsión, sin nunca haber sido sancionado.

En efecto, Libre en el Sur informó desde marzo del 2013 acerca de prácticas generalizadas de corrupción en la DBJ, como la extorsión y la venta ilegal de servicios, hechos que fueron denunciadas de manera reiterada ante el exdelegado panista Romero Herrera desde que era director general de Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales durante la gestión del también panista Mario Palacios (2009-2012), pero no movió un dedo para frenarlas.

“Al menos en cinco ocasiones estuve en su oficina para informarle a detalle lo que estaba pasando tan solo en la dirección general de Prevención del Delito y Protección Civil, encabezada entonces y ahora por Ángel Luna Pacheco, donde yo trabajaba”, reveló en entrevista Héctor Daniel Delgado Becerril exconsejero regional del PAN en el DF y exfuncionario de la DBJ. “Le dije que se estaban llevando cerca de un millón de pesos al mes, a través de extorsiones, renta de ambulancias, venta de Programas de Protección Civil, extorsión de franeleros y otras prácticas. Le insistí en que el partido iba a pagar las consecuencias. Todo mundo sabía que él era el poder tras el trono: fue él quien puso a Mario Palacios Acosta en la jefatura. No hizo nada. Sólo me dijo ‘yo ya le dije a Ángel (Luna Pacheco) que le baje, que traten de ser más discretos y menos ostentosos, pero son órdenes de Mario (Palacios) y yo no puedo hacer nada’, me dijo, textual… Y al llegar a la jefatura delegacional, ratificó a Luna Pacheco en el cargo”.

Delgado Becerril se inició como militante en el Partido Acción Nacional en 2002. “Acabé más que decepcionado, asqueado de lo que pasa ahí dentro”, dijo en entrevista. En octubre de 2009, gracias a su amistad de varios años con Jorge Romero Herrera, Delgado Becerril entró como jefe de la Unidad Departamental de Campañas en Prevención del Delito, adscrito a la dirección general de Prevención del Delito y Protección Civil de la DBJ. Ahí estuvo hasta el 31 de mayo de 2011, cuando renunció para irse a trabajar con Demetrio Sodi en la delegación Miguel Hidalgo. “Poco después de mi ingreso a Benito Juárez empecé a percatarme de las prácticas de corrupción, que cada día eran más evidentes. En su momento se lo hice saber a Jorge, pero de nada sirvió”.

Contó entonces el panista que entre las irregularidades que le tocó constatar está la renta de ambulancias. La Delegación tiene entre cinco y siete unidades, pero se las “renta” a los operadores. “En ese entonces la cuota era de dos mil pesos semanales por operador y por turno. Esto significa más de 36 mil pesos semanales. El encargado de recibir el dinero era Alfredo González Barrada, subdirector de Prevención del Delito. Los operadores, a su vez, usan las ambulancias para realizar traslados particulares y para llevar heridos o enfermos a hospitales privados, como la Clínica Narvarte, que les dan una comisión por cada cliente”.

Lo más que Luna Pacheco pudo presumir en la última sesión del comité de seguridad pública de la DBJ es la colocación de cinco mil alarmas vecinal, sin dar ninguna precisión sobre las colonias donde supuestamente fueron instaladas ni cómo operan. La mencionada dirección general y el gasto que su operación significa, resultan absolutamente inútiles ante el incremento de la delincuencia en Benito Juárez y, de manera patética, frente a los hecho de violencia de alto impacto como el ya citado asesinato múltiple de Narvarte y, la ejecución casi simultánea de una mujer en una taquería de la colonia San José Insurgentes y, hace apenas unas semanas, el homicidio de una cuentahabiente al salir de un cajero de Bancomer en la avenida Revolución, colonia Nochebuena.

Jorge Romero Herrera dejó la Jefatura Delegacional de BJ en marzo pasado sin responder a múltiples acusaciones de corrupción durante su gestión, para asumir una candidatura plurinominal por el PAN a diputado local, que obtuvo sin someterse a la elección ciudadana. Ahora pretende convertirse en coordinador de la fracción panista en la ALDF.

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