Falta de legalidad en utilización de recursos de FOPEDEP
Luego de que la ASF (Auditoría Superior de la Federación) dio a conocer que la delegación Benito Juárez destinó más de 65 millones de pesos en obras distintas a las establecidas por el FOPEDEP, (Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), decidí acudir a la Contraloría General del Distrito Federal para solicitar se investigue el posible daño al erario público, así como las omisiones y conductas indebidas de servidores públicos de la demarcación.
De acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, se asignó un monto de 118 millones de pesos, de los cuales más del 50 por ciento se utilizó en obras distintas a las establecidas. Se presume que 56 millones 189 mil pesos fueron utilizados en materiales de construcción, mismos que no correspondían a este rubro, tres millones 68 mil pesos en proyecto ejecutivo para la obra, cinco millones 592 mil pesos en mantenimiento de banquetas y 235 mil pesos en estudio de mecánica de suelo.
Otra omisión en la que incurrieron las autoridades delegacionales es que no publicaron en su página de Internet, ni en ningún otro medio de comunicación, información referente a las obras realizadas con el dinero del FOPEDEP 2013, lo cual hay una total falta de transparencia en la utilización de dichos recursos.
Asimismo, la Auditoría detectó que la demarcación tampoco cuenta con el procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la mitigación y administración de riesgos, ni con procedimientos para la autorización de planes.
En conclusión, la utilización de recursos destinados al FOPEDEP no estuvo apegados a la normatividad que regula su ejercicio y cumplimiento de las metas establecidas para dicho rubro.
Desde el inicio de mi gestión como legisladora por el Distrito XVII en Benito Juárez, he sido critica no sólo de las falta de transparencia que existe en la demarcación, sino de la corrupción que impera, y la constante negativa que sus autoridades señalan ante demandas y denuncias ciudadanas; por lo tanto el posible daño al erario público, además de las omisiones y conductas indebidas de servidores públicos de la demarcación debe ser investigado por las autoridades correspondientes.
