Medina Mora, el fracaso de la justicia
Esta semana, 83 senadores de la República eligieron como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Señor Eduardo Medina Mora, propuesto por Enrique Peña Nieto para ocupar dicho cargo hasta el año 2030.
En la opinión pública (y en una petición con más de 50 mil firmas recabadas en una plataforma electrónica por una iniciativa ciudadana) predomina la percepción de que Medina Mora no es el sujeto idóneo para cumplir con el espíritu del artículo 95 de la Constitución, que señala que el cargo de Ministra o Ministro debe recaer en personas que “hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad”.
Medina Mora, como Procurador General de la República, se puso al servicio de una visión particular y regresiva para menoscabar los derechos de las mujeres al solicitar que se anulara la reforma para despenalizar la interrupción legal del embarazo en la capital del país. En su análisis, el pleno de la Suprema Corte no le dio la razón a sus alegatos.
Medina Mora fue artífice del operativo policíaco en San Salvador Atenco, que derivó en 26 violaciones sexuales, 2 ejecuciones extrajudiciales y decenas de heridas graves. Mantuvo por largos meses en prisión a Teresa, Alberta y Jacinta, indígenas acusadas de secuestrar a agentes federales, que han sido absueltas. Mantuvo en la impunidad las violaciones a derechos humanos cometidas por las autoridades en la Ciudad de Oaxaca y en Lázaro Cárdenas, Michoacán; situaciones que hemos denunciado las y los diputados de izquierda que trabajamos por los derechos humanos en la actual legislatura.
Medina Mora es responsable de que hoy no exista justicia a estos casos que siguen vivos para miles de víctimas, de familias, de personas destrozadas por una estrategia absurda de “combate al crimen organizado” iniciada por Felipe Calderón y retomada por Enrique Peña Nieto. Medina Mora fue Procurador General durante los primeros tres años de esta época trágica, en la que lejos de procurar justicia, se dedicó a encubrir y justificar los atropellos y desaciertos del jefe del Ejecutivo. Por ello, Medina Mora dejó tras de sí una profunda herida en el país que, en el mejor de los casos, tomará décadas esclarecer y remediar.
Medina Mora es responsable de la utilización desmedida de la figura del arraigo, que nos hemos propuesto eliminar desde que comenzó la LXII Legislatura, y que ha sido considerada contraria a los derechos humanos en al menos 7 recomendaciones de órganos internacionales.
Fue incapaz de sentar las bases para el nuevo sistema penal acusatorio, que comenzó en 2008. Un documento de autoridades estadounidenses difundido por Wikileaks revela que para funcionarios de aquel país, el nuevo Ministro se resistió a transformar a la PGR, y por lo tanto es partícipe de los graves retrasos y pendientes en la transición a un nuevo sistema penal, que hoy apenas empieza a concretarse.
Por estas y todas las razones que han sido señaladas por integrantes del Senado, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, así como ciudadanas y ciudadanos con interés en la justicia y los derechos humanos, es posible afirmar que el nombramiento del señor Medina Mora transgrede el modelo de división de poderes, pues su cercanía con la cúpula gobernante, así como su nula experiencia judicial o académica denota que tiene un encargo, una misión para secundar ciertas decisiones preponderantes, por ejemplo, en materia energética, de transparencia, de casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia no es un refugio para la impunidad y el servilismo, por ello me parece indignante que Eduardo Medina Mora ocupe un asiento de la misma Suprema Corte que integró Benito Juárez, Ministro electo popularmente, que desde los cargos que ocupó se dedicó a combatir los privilegios, la impunidad, la discriminación y el predominio de los poderes fácticos. El tiempo habrá de darle la razón a la ciudadanía.
