ONU pone a México bajo la lupa por desapariciones forzadas

Indicios de crímenes de lesa humanidad sacuden la narrativa oficial

El caso de Ceci Flores confirma, en tierra, lo que organismos internacionales advierten desde fuera

STAFF / LIBRE EN EL SUR

Un comité de Organización de las Naciones Unidas ha dado un paso inusual: solicitar que la Asamblea General de las Naciones Unidas examine la situación de las desapariciones forzadas en México. No es un pronunciamiento más. Es una señal de alarma que coloca al país bajo observación internacional por posibles crímenes de lesa humanidad.

La decisión fue tomada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), que concluyó que existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como parte de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.

El anuncio no ocurre en el vacío. Llega en una semana que condensa, con crudeza, la distancia entre el discurso institucional y la realidad del país.

Apenas un día antes, Juan Ramón de la Fuente renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores, oficialmente por motivos de salud, en medio de crecientes presiones internacionales. Y, casi en paralelo, se confirmó lo que una madre llevaba años buscando entre la tierra.

El patrón que el Estado no logra contener

El lenguaje del comité es técnico, pero su implicación es política: no se trata de casos aislados, sino de un patrón.

Habla de múltiples ataques en distintas regiones del país, de repetición, de sistematicidad. Y subraya algo que incomoda: para que exista un crimen de lesa humanidad no es necesario que haya una orden desde la cúspide del poder. Basta con la magnitud de los hechos y la incapacidad —o tolerancia— del Estado para impedirlos.

El propio comité reconoce que no encontró pruebas de una política federal deliberada para desaparecer personas. Pero advierte que hay información que apunta, en algunos casos, a la participación directa o indirecta de funcionarios públicos, o al menos a su aquiescencia.

Durante años, el Estado mexicano ha sostenido que la mayoría de las desapariciones son responsabilidad del crimen organizado. El comité no lo niega, pero introduce un matiz que desarma esa defensa: incluso organizaciones criminales pueden cometer crímenes de lesa humanidad si actúan de forma organizada y sistemática contra la población civil.

Las cifras terminan de dibujar el cuadro: más de 4,500 fosas clandestinas, más de 6,200 cuerpos recuperados y alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar.

No es un problema de percepción. Es una crisis estructural.

De la estadística al nombre: el caso de Ceci Flores

Mientras la ONU habla de patrones, en México las historias tienen nombre.

Esta misma semana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó a Cecilia Flores que los restos encontrados corresponden a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en 2017.

Fueron más de 2 mil 500 días de búsqueda. Siete años de recorrer el desierto, de excavar donde nadie más lo hacía. El hallazgo, realizado por el propio colectivo de madres buscadoras, antecedió a la confirmación oficial.

La frase de su familia resume lo que las cifras no alcanzan a decir: “Trajimos el luto por siete años”.

Ese caso no explica la crisis. La encarna.

Porque mientras los informes internacionales hablan de miles, las familias buscan a uno. Y en ese uno se condensa todo: la ausencia del Estado, la persistencia del crimen y la obstinación de quienes no se resignan.

Un Estado rebasado y bajo presión

El comité advierte que, pese a las medidas adoptadas en los últimos años, no hay una mejora sustancial. Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud del problema y se requieren reformas estructurales urgentes.

Por ello, activó un mecanismo excepcional: pedir a la Asamblea General que considere medidas de apoyo para México, incluyendo cooperación técnica, asistencia forense y mecanismos eficaces para esclarecer la verdad y proteger a las familias.

No es una sanción. Es algo más incómodo: el reconocimiento de que el país no ha sido capaz de resolver por sí mismo la crisis.

Entre lo que se dice y lo que se encuentra

México ha defendido matices: que no todas las desapariciones son forzadas, que muchas corresponden al crimen organizado, que no hay una política de Estado.

La ONU responde con otra lógica: la de los patrones, la de las cifras, la de la sistematicidad.

Y en medio, la realidad se abre paso desde la tierra.

Porque mientras los organismos internacionales elevan el caso a instancias globales, en Sonora una madre confirma, con ADN, lo que ya sabía desde que encontró huesos en el desierto.

Ahí, en esa distancia entre el informe y la pala, entre la diplomacia y la búsqueda, se define la crisis mexicana: una donde el mundo empieza a mirar… lo que las familias llevan años desenterrando.

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