Ciudad de México, abril 26, 2024 17:31
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Propondrá diputada juarense Dinorah Pizano reformas para que funcionarios cumplan recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos

Dinorah Pizano Osorio, la diputada local por Benito Juárez, anunció que presentará una iniciativa de reformas a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos y la Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para evitar que funcionarios públicos locales no acepten o incumplan las recomendaciones que emite la CDHDF.

Precisó la perredista que omitirían los términos de “aceptación parcial” y “cumplimiento parcial” de una recomendación, mismos que se encuentran actualmente en el Artículo 65 Bis de la Ley de Derechos Humanos, de tal forma que se establezca si aceptará o no, cumplirá o no, las recomendaciones suscritas por la Comisión.

Pizano Osorio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, apuntó que la modificación a la Ley Orgánica de la Asamblea, tendría como objetivo establecer un procedimiento claro y preciso para que, presenten una propuesta ante el Pleno de la ALDF o en su caso, a la Diputación Permanente y los funcionarios públicos comparezcan para responder los motivos del incumplimiento de una Recomendación de la CDHDF. Destacó que actualmente la Constitución señala que las “recomendaciones públicas no son vinculatorias”, en lo que se refiere a denuncias ante las autoridades respectivas, y como Ley local, no es posible estar por encima de la Carta Magna, sin embargo, lo que queremos hacer es que cuando se le solicite una comparecencia por incumplimiento de una recomendación, los funcionarios asistan a la ALDF, dijo.

La legisladora juarense afirmó que el objetivo es que las recomendaciones puedan ser consideradas totalmente cumplidas, minimizar los riesgos de un retroceso, de tal forma que los avances logrados perduren, aun cuando cambien las entidades administrativas responsables, sus titulares o el personal directamente involucrado en el cumplimiento de una recomendación.

(Foto: edificio de Millet 39, cuya demolición fue ordenada por une recomendación que el ex delegado panista en Benito Juárez, Mario Palacios, aceptó al inicio de su gestión. Tres años después, dejó el cargo sin haberla cumplido).

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