Violencia de género contra las mujeres
Los feminicidios son un delito respecto del cual cualquier Estado y gobierno democrático debe actuar sin que medie otro fin que el goce y disfrute de los derechos humanos. Erradicarlos es una cuenta pendiente del cual ningún agente o institución debe ser omiso. Resulta triste y contradictorio que a nivel nacional las cifras respecto a tal flagelo alcancen tintes trágicos y de emergencia generalizada.
De acuerdo con cifras recientes difundidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 12 feminicidios que a diario se cometen en América Latina, siete son en México. Además, en 85 por ciento de los estados existe una circunstancia de “violencia feminicida”. Así lo establece el documento “Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.
Son 28 entidades federativas donde es indispensable, urgente, que los diversos órdenes de gobierno dispongan acciones concretas para garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra. Si bien se trata de un fenómeno que gana en visibilidad y existen recomendaciones para atenderlo, al día de hoy son insuficientes los protocolos, programas de capacitación y sensibilización para las servidoras y servidores públicos. Incluso se incumple la Norma Oficial Mexicana 046, la cual estipula criterios para proteger los derechos humanos de las mujeres.
Solicitar la declaración de una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un camino institucional previsto en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Debe hacerse ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente del Instituto Nacional de las Mujeres, y puede ser requerida por organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, así como por organismos de derechos humanos, sean nacionales, internacionales o locales.
Rescato algunas cifras más del Diagnóstico para dimensionar el problema que enfrenta el país en su conjunto y, de manera particular, las instituciones. De acuerdo con el INEGI, en el año 2016 fueron dos mil 735 defunciones de mujeres por homicidio. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del año pasado arrojó que casi siete de cada 10 mujeres, sufrió algún tipo de violencia, la mayoría del tipo emocional y sexual. Aunado a ello, 43.7 por ciento de quienes tuvieron o tienen pareja fue agredida.
El ámbito comunitario también lastima a las mujeres. La misma medición muestra que el 38.7 por ciento sufrió violencia por parte de desconocidos, siendo la de carácter sexual la más recurrente. Como muestra de la escasa atención aparece que el 88.4 por ciento no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad. Entre las causales aparece la vergüenza, el miedo y el desánimo producto de los nulos resultados en las denuncias conocidas.
Ahondar respecto a las cifras nos sitúa frente a una problemática de carácter estructural. Propiciar que las mujeres se desarrollen en ambientes libres de violencia, garantizar el ejercicio pleno de derechos y, en suma, condiciones con la mayor armonía posible cruza varios ámbitos de la vida pública, comunitaria, familiar y personal. Es pertinente remarcar que las cuestiones de género no representan concesiones, reflejan el grado de madurez y humanidad que priva en una sociedad. Desafortunadamente en el caso de nuestro país la cotidianidad de millones de mujeres evidencia que estamos lejos de los objetivos apenas deseables.
