Hay en BJ 900 construcciones irregulares, denuncia Dinorah Pizano; gobierno de Romero permitió la ilegalidad, asegura
“La actual administración panista en Benito Juárez se ha caracterizado por la proliferación de construcciones irregulares, las cuales, hasta el momento sumas cerca de 900 en toda la demarcación”, sentenció la diputada local Dinorah Pizano Osorio.
Informó que desde la Asamblea Legislativa ha impulsado Puntos de Acuerdo con el fin de suspender todas las obras que no acrediten el cumplimiento de la Norma General de Ordenación 26, sin embargo las autoridades delegacionales han hecho caso omiso y en muchos casos permitieron continuar las obras en decenas de construcciones que según la administración delegacional había clausurado.
Desde inicios del 2013, la legisladora perredista acompañada de vecinos, realizaron diversos recorridos por construcciones irregulares en donde se confirmó la falta de atención y conflictos que generan, como inseguridad, afectan la sana convivencia, la paz, tranquilidad, salud y productividad de todas y todos los juarenses.
Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recordó que la VI Legislatura puso freno a las ilegalidades de desarrolladores y aprobaron leyes para que las empresas constructoras que abusen de la Norma 26 o que falsifiquen documentación para desarrollar obras irregulares, tengan sanciones administrativas o vayan a la cárcel por afectar a los vecinos.
Añadió que el Jefe Delegacional ha demostrado falta de sensibilidad por no atender las peticiones vecinales, además de favorecer ganancias para desarrolladores inmobiliarios, misma que asciende al menos 2 mil 535 millones de pesos en los últimos tres años, de acuerdo con estimaciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). “Estamos hartos de que el problema de las construcciones no sea atendido y lastime el descanso de los juarenses impunemente”, subrayó.
Aseguró que desde la perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos de Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se busca garantizar que cuando se desarrollen construcciones sean adecuadas, que estén apegadas a derecho y sobre todo que no dañen el derecho al vecino colindante. “No es posible generar un beneficio para unos pocos en decremento del derecho de los otros”, asentó.
