Las conclusiones del Grupo de Diputados para el Caso Tlatlaya
Este jueves, aprobamos el Informe fina de actividades del “Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014”.
Este Grupo de Trabajo, que tuve el honor de coordinar, estableció como fin esclarecer públicamente los hechos en los que perdieron la vida 22 personas a manos del Ejército, en una zona remota de la Tierra Caliente del Estado de México. Debimos esperar varias semanas, e incluso meses, para reunirnos con algunas instituciones. La información documental con la que contamos fue escasa, ya que ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni el Gobierno del Estado de México ni la Procuraduría General de la República entregaron la documentación que les fue solicitada formalmente.
Es nuestro deber como legisladores contribuir a un esclarecimiento de uno de los acontecimientos más graves que han ocurrido en los últimos años en nuestro país, en que de 12 a 15 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, a fin de evitar la impunidad y proyectar acciones para que actos similares nunca se vuelvan a repetir.
Ofrecemos un resumen sintético de las conclusiones a las que llegó este Grupo de Trabajo y para quien desee consultar el Informe completo, puede encontrarlo en la siguiente dirección electrónica:
http://diputadosprd.org.mx/docs/Informe_Final_GT_Tlatlaya.pdf
Resumen de las conclusiones:
• El esclarecimiento del Caso Tlatlaya debe tener como consecuencia necesaria, acciones y proyectos por parte del Estado para la prevención, investigación, sanción y no repetición de las conductas violatorias de los derechos humanos
Se deben adoptar medidas para que se apliquen las normas ya existentes y que fueron presuntamente transgredidas en el Caso Tlatlaya.
• Los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos se encuentra en la alteración de vestigios y del lugar de los delitos, la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones.
• Es notoriamente insuficiente la información aportada al Grupo de Trabajopor parte de la SEDENA, la PGR y el Gobierno del Estado de México.Es necesario hacer un respetuoso llamado a dichas instituciones para que faciliten la rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, en especial, a partir de la consideración de que en el Caso Tlatlaya se configura un caso de violaciones graves a los derechos humanos.
• La independencia del ámbito jurisdiccional civil y militar, la separación de Poderes y la diferencia entre las facultades de las distintas instituciones públicas no pueden constituir un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
• Saludamos la decisión de la CNDH de reclasificar la Recomendación 51/2014 como un caso de violaciones graves a los derechos humanos.
• Es de especial relevancia que la CNDH haga uso de todas sus atribuciones constitucionales y legales para dar puntual seguimiento al cumplimiento de su Recomendación por parte de todas las autoridades señaladas.
• En el Caso Tlatlaya se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la SEDENA involucrados, que tuvo por consecuencia que, cuando menos, 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales.
• La secuencia de casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en México, incluyendo el caso paradigmático de Tlatlaya, son recurrentes y presentan patrones comunes, lo cual amerita una acción decidida por parte del Estado en su conjunto.
• Es urgente que el Congreso de la Unión discuta y apruebe a la brevedad una legislación sobre el uso legítimo de la fuerza para todas las autoridades y realice reformas en materia de tortura y de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias con los elementos máximos de la perspectiva de derechos humanos.
• Es conveniente convocar a un diálogo del más alto nivel entre los tres Poderes del Estado y los órganos autónomos respectivos, que devenga en un acuerdo amplio en que se planteen medidas legislativas, reglamentarias y administrativas para el retiro racional, paulatino y ordenado de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública.
• Con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH, la SEDENA reconoce que en el Caso Tlatlaya se violaron los siguientes derechos: a la vida, en agravio de 15 personas; a la verdad y a la debida procuración de justicia, en agravio de 25 personas y de un número indeterminado de víctimas indirectas, y a la integridad, en agravio de tres personas.
• Es imprescindible que la SEDENA esclarezca la fallas en la actuación de sus elementos relativas al respeto, protección y garantía de los derechos humanos; al control estricto de sus actos por parte de superiores; al cumplimiento a los protocolos sobre la interacción con civiles, incluyendo el registro en video y audio de las acciones; al cumplimiento a las obligaciones sobre el resguardo de los elementos, de la escena de los hechos y de los cuerpos, y a la definición clara de una jerarquía de mando interna y en relación con las autoridades civiles, durante los acontecimientos del Caso Tlatlaya.
• Con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH, la PGR reconoce que en el Caso Tlatlaya, se violaron los derechos al acceso a la impartición de justicia y al acceso a los derechos que corresponden a las víctimas y ofendidos del delito en agravio de 25 personas y un número indeterminado de víctimas indirectas.
• Con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH, el Gobierno del Estado de México reconoce que en el Caso Tlatlaya, se violaron los siguientes derechos: a la integridad seguridad personal y a la libertad sexual en agravio de 3 personas; a la verdad, acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia en agravio de 25 personas y de un número indeterminado de víctimas indirectas.
• Es necesario que el Gobierno del Estado de México aclare las razones por las que la PGJEM no investigó acerca de la alteración de elementos y de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original, ni se estudió, mientras el caso continuaba siendo de su competencia, la posibilidad de que pudieron haberse cometido actos de homicidio en agravio de civiles, así como las razones por las cuales los agentes y peritos de la PGJEM llegaron a la bodega del municipio de Tlatlaya más de seis horas después de que concluyeron los hechos.
• Debido a que el Gobierno del Estado de México cuenta con una base de información y de apoyo tanto de la CNDH como de la CEAV para reparar a las víctimas de violaciones a diversos derechos, confiamos en que en la reparación integral se apliquen los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, y se haga público el estado de su cumplimiento.
• Exhortamos a las autoridades federales, la CNDH, la CEAV y los gobiernos de los Estados de México, Guerrero y Morelos a que emprendan en conjunto una campaña de difusión y comunicación para convocar a las víctimas indirectas del Caso Tlatlaya a contactar a las instancias de procuración de justicia y de atención a víctimas a fin de ejercer los derechos que les corresponde.
• Hacemos un reconocimiento público al papel desempeñado por las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para denunciar la comisión de violaciones a los Derechos Humanos en el Caso Tlatlaya y en sucesos posteriores.
• Hacemos un reconocimiento público a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la información entregada formalmente a este Grupo de Trabajo, y a las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia, por su participación en la audiencia pública y las aportaciones realizadas.
