Prometen diputados de Morena frenar despojos en BJ
Protesta vecinal en la Del Valle. Promesa legislativa. Foto: especial.
Reúne bancada de Morena a vecinos afectados; ofrecen acompañamiento jurídico y seguimiento a denuncias particulares tras protestas vecinales.
Nuevas reformas al Código Penal y Civil sancionan con mayor severidad la simulación de actos jurídicos, la falsificación notarial y la suplantación de identidad.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
Diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México sostuvieron un encuentro con vecinos procedentes de diversas demarcaciones capitalinas, con especial énfasis en casos registrados en la alcaldía Benito Juárez, quienes enfrentan la usurpación ilegal de sus bienes patrimoniales tras una serie de protestas y plantones que encendieron la alerta vecinal en las últimas semanas.
Durante la reunión, efectuada en el recinto legislativo de Donceles y encabezada por la coordinadora de la fracción parlamentaria, Xóchitl Bravo Espinosa, los legisladores escucharon los testimonios de los afectados y prometieron establecer un mecanismo de revisión y acompañamiento jurídico personalizado para cada uno de los expedientes presentados.
En el diálogo con los colonos, en el que también participaron el diputado local Paulo García y el concejal en Benito Juárez Hugo Torres Zumaya, se destacó la urgencia de frenar el fenómeno delictivo conocido públicamente como el cártel del despojo, cuyas operaciones afectan con mayor frecuencia a personas adultas mayores, mujeres jefas de familia y comunidades vulnerables en zonas urbanas consolidadas de la capital.
Los representantes populares recordaron a los asistentes que ya se encuentra formalmente promulgada y en vigor la reforma integral impulsada por la administración local, la cual modifica diversas disposiciones del Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado de la Ciudad de México para endurecer la persecución de estas conductas ilícitas.
Se explicó que este nuevo marco normativo busca cerrar los vacíos jurídicos que históricamente han aprovechado bandas delictivas especializadas en la falsificación de documentos, la alteración de folios reales y la apropiación ilegal de inmuebles ajenos.
Entre los casos más emblemáticos documentados recientemente en la metrópoli y que detonaron la movilización ciudadana destaca la invasión de una histórica propiedad que perteneció a la familia González Camarena durante más de un siglo, así como diversas protestas y bloqueos viales registrados por residentes de colonias tradicionales como la Del Valle.
Asimismo, se detalló ante los vecinos que las modificaciones legales amplían de manera significativa las formas de persecución de este ilícito al incorporar explícitamente la simulación de actos jurídicos, la usurpación de funciones y la suplantación de identidad como modalidades constitutivas de delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.
Del mismo modo, se incrementaron sustancialmente las penas corporales y las multas económicas previstas en la ley, incorporando agravantes severas cuando los ilícitos se cometan utilizando documentación apócrifa o ejerciendo violencia física, moral o patrimonial contra los propietarios legítimos.
En el aspecto civil y administrativo, la nueva legislación establece la presunción jurídica de mala fe en aquellos contratos, convenios o actos jurídicos que se sustenten en simulaciones fraudulentas, decretando de manera automática su nulidad absoluta en los tribunales competentes.
De igual manera, se imponen controles digitales y registrales más estrictos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio para frenar de inmediato la inscripción de escrituras falsificadas o alteradas.
Aunado a lo anterior, la normativa finca responsabilidad penal directa contra aquellos notarios públicos que incurran en negligencia, complicidad, dolo o mala fe al autenticar transacciones irregulares o protocolizar actos que conlleven el despojo de bienes inmuebles.
Los legisladores locales y el concejal benitojuarense señalaron que la promulgación de estas leyes constituye un avance fundamental para dar certidumbre jurídica a los legítimos propietarios, pero insistieron en que el esfuerzo gubernamental debe complementarse con una atención institucional permanente.
Finalmente, reiteraron que exigirán a las instancias procuradoras de justicia y fiscalías locales una actuación eficaz que garantice la restitución inmediata de los inmuebles a sus dueños originales y el castigo ejemplar a los responsables de despojar el patrimonio familiar.
