POR MARCO ANTONIO ROMERO SARABIA

El pueblo de México ha estado, desde hace años, irritado con sus gobernantes. La acumulación de los agravios en los sexenios del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto resultaron insostenibles. Fue en 2018 cuando una amplia mayoría salió a votar molesta, pero esperanzada por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y Morena, cuya principal bandera ha sido el combate al llamado “régimen de corrupción y privilegios”. El mandato popular fue tajante: no queremos más de lo mismo. La llamada de atención que recibió la clase política fue demoledora. Lamentablemente, parece que no todos los gobernantes han tomado en consideración lo que expresó el pueblo. Benito Juárez ha sido, al menos en los últimos doce años, un fiel retrato de los vicios del antiguo régimen: delegados frívolos y corruptos que han utilizado a la Alcaldía (antes delegación) como trampolín de sus ambiciones políticas, y como la caja fuerte del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México.

Un grupo de jóvenes políticos panistas, liderados por Jorge Romero Herrera (delegado de 2012 a 2015) han hecho de la demarcación su botín político y esto, como es de esperarse, ha resultado en perjuicio de las y los vecinos de la Benito Juárez. Durante la campaña electoral de 2018, Santiago Taboada aparentó desmarcarse de forma habilidosa y demagógica de aquel grupo político. Prometió cambios radicales en una Alcaldía en la que cada vez eran más evidentes los problemas de seguridad, corrupción y servicios públicos. Pero la realidad ha sido muy distinta de lo que sostenía desde los templetes de la campaña.

 

Como postal, en los últimos días, nuestra demarcación ha dado la nota en los principales medios de comunicación de la CDMX por un caso muy peculiar. Resulta que, en 2008, se construyó una clínica veterinaria dentro del territorio del Parque Hundido. El delegado en ese entonces era el panista Germán de la Garza (no sobra decir que respaldó públicamente en el pasado proceso electoral a Taboada). Dicha construcción fue ilegal. Según la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico, el parque es catalogado como “espacio abierto monumental”, por lo cual “queda prohibida la realización de toda obra que altere los valores que justifiquen la declaratoria”, de acuerdo al Artículo 90 de la ley referida.

No obstante, y para sorpresa de los vecinos, recientemente la construcción fue demolida por autoridades delegacionales y, sin previo aviso, comenzaron una nueva construcción. Hasta el momento, y aunque resulte difícil de creer, nadie sabe qué es lo que ahí se levanta. El Alcalde se vio obligado a presentar un “proyecto” al que nadie le encuentra sentido y sólo representa mayor gasto público. Por otra parte, y también en días recientes, ha circulado entre los vecinos una información (brindada por la propia autoridad) que ha generado mucha indignación.

Totems de casi 172 mil pesos cada uno. Foto: Especial

“A partir de una solicitud de información que hizo una vecina para conocer cuál es el costo de los “totems informativos” (que tienen la imagen institucional de la Alcaldía y fueron colocados por Santiago Taboda en diversos puntos de la demarcación), se ha dado a conocer que el precio unitario es de 171 mil 982 pesos, lo cual representa un gasto total de dos millones 579 mil 730 pesos. Un auténtico despilfarro, pues prácticamente sólo sirve para autopromoción del alcalde. El enojo de las y los vecinos se vuelve justo y comprensible cuando se tiene en cuenta que los servicios más básicos han sido descuidados. “Es ahí donde debería estar la inversión pública”, se escucha en las reuniones vecinales con frecuencia.

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