Exigen vecinos del Parque Hundido destitución de Palacios y castigo penal a funcionarios corruptos; CDHDF los nombra ‘defensores de derechos humanos’
Al tiempo que la asociación Vecinos del Parque Hundido y el Comité Ciudadano de la colonia Extremadura Insurgentes exigieron la “destitución inmediata” del delegado en Benito Juárez, Mario Alberto Palacios –lo que fue respaldado por el Consejo Ciudadano Delegacional, presidido por Benjamín Vázquez— la Comisión de Derechos Humanos el DF (CDHDF) nombró a los activistas que han luchado contra la obra de Millet 39 ‘defensores de los derechos humanos’, por lo que demandó a la DBJ “no obstaculizar más su labor en favor de sus causas” y garantizar su seguridad.
Claudia Ordoñez, relatora de los Defensores de los Derechos Humanos de la CDHDF, planteó la obligación que tiene la autoridad delegacional de acatar las resoluciones en favor de los vecinos, incluidos los trámites procedentes para demoler el inmueble de Millet 39. Denunció que Héctor Rojas, presidente de la asociación Vecinos del Parque Hundido ha sido víctima de intimidaciones y allanamientos a su hogar. “Esta Comisión condena las descalificaciones y agresiones sufridas por los miembros del movimiento contra Millet 39”, sentenció. En ese sentido, Rojas responsabilizó al delegado Palacios –que, aseguró, es “cómplice” de la inmobiliaria Rouz, dueña de Millet 39— de cualquier agresión que puedan sufrir líderes vecinales de la delegación Benito Juárez que se han opuesto a las edificaciones ilegales. “Esto hay que verlo en el contexto de la delincuencia organizada”.
En conferencia de prensa en el Auditorio Digna Ochoa de la CDHDF, el líder vecinal informó que se ha reunido en privado con los cuatro candidatos a la jefatura delegacional, entre ellos Jorge Romero, del PAN, quien le confesó –dijo— que lo de Millet 39 le podía provocar una votación negativa al blanquizaul. “Pues si le toca pagar el pato, que se lo coma completo”, sentenció Rojas. “Romero ha formado parte de ese gobierno delegacional de Mario Palacios”.
Adelantó que promoverá una carta de compromisos que espera sea firmada por los cuatro candidatos y no, como ocurrió hace tres años, cuando se abstuvo de hacerlo el actual jefe delegacional. E hizo un llamado a la ciudadanía juarense a que quien haya fallado en los compromisos sufra las consecuencias en las urnas el 1 de julio próximo. Y ya de plano parafraseó al poeta Javier Sicilia: “estamos hasta la madre de los gobiernos del PAN”.
En el mismo lugar, Rojas recibió el apoyo del presidente del Consejo Ciudadano Delegacional, Benjamín Vázquez, quien acusó al delegado Palacios de incumplir con la Ley de Participación Ciudadana. “En las últimas reuniones con el Consejo ha pretextado cualquier cosa para no someterse a los cuestionamiento de los coordinadores, cuando por ley está obligado a responder”. Reveló además que Palacios le advirtió que, de continuar los líderes con su “actitud grosera”, enviará en adelante su informe por escrito. “Ya le respondí que eso también va contra la ley”, dijo Vázquez.
Por su parte, el actor y director de teatro Juan Carlos Colombo, vecino de Extremadura quien se ha sumado a las movilizaciones contra las obras de Millet 39 y antes contra la de Millet 72, dentro del Parque Hundido, denunció otras dos violaciones por parte de la autoridad delegacional: del derecho a la información, plasmado en la constitución, “una gran transgresión de los derechos humanos fundamentales”, y la descalificación de las expresiones ciudadanas, a las que señalan de tener motivaciones políticas. “El alegato es absurdo”, asentó. “¿Y qué si tuviesen motivaciones políticas? No por eso dejan de ser válidas y autenticas. Lo que pasa es que a las autoridades de la Delegación les da mucho miedo que los vecinos nos organicemos”.
El abogado de la asociación Vecinos del Parque Hundido, Alejandro Rojas, explicó los pormenores de sendas demandas ante la Asamblea Legislativa del DF y ante la Procuraduría de Justicia capitalina, una para pedir la destitución de Mario Palacios y otra para que sean castigados penalmente los funcionarios de la DBJ involucrados en actos de corrupción por obras ilegales. Entre los alegatos formulados ante la ALDF está la presunción de que la autoridad delegacional “pretende no sólo combatir las construcciones ilegales que existen en la demarcación, sino promoverlas, sin importarles el riesgo que eso conlleva en perjuicio de los ciudadanos que aquí vivimos”.
Entre los líderes que acudieron a manifestar su apoyo a Rojas estuvieron los coordinadores internos del Centro Urbano Presidente Alemán, Letrán Valle, Insurgentes Mixcoac, Del Valle 5 y Postal, así como dirigentes de organizaciones de derechos humanos y vecinos de las colonias Del Valle, Tlacoquemécatl, Ampliación Nápoles, Mixcoac, Nonoalco, Vértiz Narvarte, Nápoles, San Juan Mixcoac, San José Insurgentes y Portales.
