POR RICARDO JOEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ

Colectivo CIMTRA

En la entrega anterior, comentamos que resulta necesario para toda acción contra la corrupción contar con un diagnóstico preciso de los nichos y redes de corrupción, de los espacios de interacción proclives a que se cometan actos contra el interés público. Pero, ¿qué aspectos hacen que los municipios sean (los más) proclives a la corrupción?

Hablamos de la opacidad y la cultura patrimonialista de la información, de la asignación de cargos públicos, la falta de mecanismos de rendición de cuentas, la ausencia de contrapesos reales, el diseño y ejecución de políticas públicas asistenciales, entre otros aspectos.

Ante esta situación, decíamos, cabe preguntarse qué estrategias implementarán, si así lo desean y se comprometen, tanto el próximo gobierno federal, como los gobiernos estatales y los ayuntamientos, así como las alcaldías de la CDMX, para enfrentar a la corrupción.

Se ha hablado de que el combate a la corrupción es más que perseguir y castigar a los peces gordos, aquellos que han gozado de impunidad dentro del propio sistema de gobierno.

En la escala municipal se señala que la corrupción es más evidente en tanto que se trata del ámbito en el que se tiene mayor interacción entre ciudadanía y autoridades y por ende se presentan las dinámicas más recurrentes de “arreglos” y  negociaciones con grupos de interés.

También en tanto que los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de dotar de servicios básicos a la población, otorgar permisos de construcción, de cambios de uso de suelo, etcétera, estos aspectos se vuelven un caldo de cultivo excelente para la corrupción.

Foto: Cuartoscuro

 

La corrupción es más que el efecto de haber elegido a malas personas para dirigir  el gobierno, que sí lo es. En el caso de los ayuntamientos se trata además de un diseño institucional caduco (hecho más para la opacidad), que se ha venido desgastando y convirtiendo en un ámbito en el que deciden unos cuantos, es decir, es el ámbito de gobierno donde se ha corrompido lo público para convertirse en un asunto de un puñado y en ese sentido ha terminado por ceder a una cultura de los arreglos, los desvíos y las corrupciones sistemáticas sin sanción alguna.

Enfrentar con seriedad a la corrupción en la escala local es buscar una forma distinta de hacer las cosas desde los gobiernos, no es sólo colocar un fiscal que persiga a las malas autoridades y a los malos servidores públicos, sino acotar los amplios márgenes de la opacidad y la impunidad, es rediseñar los sistemas mediante los cuales las autoridades se vinculan con la ciudadanía, es engrosar los niveles de información a la ciudadanía, es la posibilidad de tener participación en los asuntos públicos, por ejemplo, en el comité de adquisiciones, en los de seguridad pública, etcétera, no como simples testigos de actos opacos, sino con la capacidad de incidir contra los  actos de opacidad. Es necesario revisar los mecanismos de asignación directa de las obras públicas, de servicios prestados al ayuntamiento.

Es imprescindible contar con servidores públicos y autoridades que cumplan un perfil, un historial y un profesionalismo que permita asegurar la confianza ciudadana.

Procede que todas estas acciones, y otras más, adquieran un carácter de sistema anticorrupción a escala municipal, donde se cuente con una alta participación ciudadana para apoyar la identificación de los nichos de corrupción y se reorienten los procesos administrativos en los que se hace mal uso de los recursos y acciones públicas.

No se trata de que el ciudadano se reduzca a ser un “denunciante” sin efecto político alguno en las estructuras de gobierno ni en la estructura administrativa. Tampoco de que las acciones anticorrupción se reduzcan a crear nuevas e inútiles burocracias que sean absorbidas por las inercias de una estructura que ya ha dado muestras de caducidad.

Es preciso que la ciudadanía intervenga desde el corazón mismo de los gobiernos, ahí donde los asuntos públicos han quedado en manos de unos pocos. Después de todo, la soberanía y la libertad municipal, aquellas de las que han abusado las autoridades locales para hacer y deshacer, no radica en ellas, sino en el pueblo.

Es tiempo de poner controles a nuestras autoridades en un escenario que se tienen  condiciones históricas para producir cambios en la forma de gobernar este país.

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