Luis Mendoza le hace el trabajo a Clara Brugada: quita ambulantes en Tlalpan… ¡y se arma el zafarrancho!
Captura de pantalla del video de La Jornada.
Videos muestran a funcionarios de la BJ liándose a golpes con comerciantes, incluidas mujeres.
La alcaldía reportó el retiro de 22 puestos en Tlalpan, pero en avenida Revolución y otras vías proliferan decenas con la cromática de Benito Juárez, pese a las reiteradas quejas vecinales.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
Empleados de la alcaldía Benito Juárez se enfrascaron en un enfrentamiento a golpes con comerciantes ambulantes sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Ermita del Metro. La trifulca, registrada en video y reportada por el diario Reforma bajo el título “Intercambian golpes funcionarios de BJ y vendedores”, muestra a funcionarios y vendedores intercambiando golpes, con mujeres entre las personas involucradas. El operativo fue realizado por personal de la administración del panista Luis Mendoza, sin acompañamiento policial en una vía primaria cuya custodia corresponde al Gobierno de la Ciudad de México.
La alcaldía confirmó que el martes 20 de octubre retiró 22 puestos que calificó como irregulares. En su comunicado oficial sostuvo que, en uno de los puntos intervenidos, los presuntos comerciantes opusieron resistencia física violenta. Añadió que los hechos deberán esclarecerse ante las autoridades competentes, encargadas de deslindar responsabilidades. La administración de Mendoza presentó la intervención como parte de sus acciones para recuperar y preservar los espacios públicos.
Pero el comunicado no responde una pregunta fundamental: por qué el personal de la alcaldía ejecutó una operación de esta naturaleza en Calzada de Tlalpan sin respaldo policial. El resultado quedó registrado en imágenes: una acción de gobierno que terminó en una confrontación física entre funcionarios y comerciantes, incluidas mujeres. Si el objetivo era retirar puestos irregulares de una vialidad primaria, la ausencia de acompañamiento policial deja al descubierto un problema de coordinación y de responsabilidades entre la administración local y el Gobierno capitalino.
Los comerciantes denunciaron agresiones y el retiro de mercancías y herramientas de trabajo, según la cobertura de Unomásuno. Entre los productos mencionados se encuentran frituras, gelatinas y peluches. La alcaldía, por su parte, atribuyó el enfrentamiento a la resistencia de los vendedores. Las dos versiones deben contrastarse con las imágenes y con una investigación que permita establecer cómo se desarrolló el operativo, quién inició las agresiones y qué responsabilidad corresponde a los funcionarios involucrados.
El antecedente importa. En mayo pasado, Luis Mendoza ya había presumido operativos de reordenamiento de la vía pública en Calzada de Tlalpan y otros puntos de Benito Juárez como parte de las acciones preparatorias para el Mundial de 2026. La administración panista colocó el retiro del comercio ambulante entre sus medidas para ordenar el entorno urbano rumbo al torneo. Ni entonces ni ahora la invocación del orden público basta para justificar procedimientos que terminan en confrontaciones y que no explican con qué coordinación institucional se llevan a cabo.
Calzada de Tlalpan es una vía primaria cuya construcción y conservación corresponden a la administración central de la Ciudad de México, conforme a la Ley de Movilidad local. Aunque las alcaldías cuentan con atribuciones propias en materia de vía pública dentro de sus demarcaciones, eso no elimina la obligación de coordinarse con el Gobierno capitalino. La intervención de Benito Juárez en esa vialidad exige aclarar qué autoridad organizó el operativo, quién debía garantizar la seguridad y por qué los trabajadores de la alcaldía quedaron expuestos a una confrontación sin acompañamiento policial.
La situación también exhibe la posición en que queda la administración de Mendoza frente al gobierno de Clara Brugada. El alcalde panista participó en el reordenamiento de una zona estratégica a la que fue obligado por el gobierno central por los preparativos del Mundial, pero esta nueva intervención se ejecuta sin el respaldo policial necesario para evitar que el retiro de puestos derive en violencia. La subordinación política al Gobierno capitalino no puede traducirse en que la autoridad local asuma el costo de los operativos sin contar con las condiciones de seguridad y coordinación que corresponden a una vialidad primaria.
Pero hay otra contradicción que la administración de Mendoza debe explicar. Mientras su personal retira puestos en Calzada de Tlalpan, avenida Revolución está plagada de ambulantes que exhiben la cromática de la alcaldía Benito Juárez, particularmente en la zona de Mixcoac y Nonoalco. Los vecinos han denunciado reiteradamente la expansión del comercio en la vía pública y las afectaciones al tránsito peatonal y a la vida cotidiana de las colonias, sin que, según sus reclamos, la autoridad haya dado una respuesta eficaz.
La presencia de puestos con la imagen institucional de Benito Juárez vuelve todavía más urgente una explicación. La cromática no demuestra por sí sola que la alcaldía haya autorizado cada puesto, pero obliga a aclarar qué significa esa identificación, bajo qué programa se utiliza y si los comerciantes que la exhiben cuentan con permisos o forman parte de algún esquema oficial de ordenamiento. Si la administración sostiene que combate las ocupaciones irregulares, debe explicar por qué persiste esa concentración de ambulantes en Revolución y otras avenidas importantes de la alcaldía, y qué ha hecho ante las quejas de los residentes.
Las denuncias vecinales también apuntan a avenida Patriotismo y a calles interiores de las colonias (el caso de los ambulantes frente a la zona escolar del Colegio Williams es elocuente), donde la ocupación del espacio público se convierte en un problema cotidiano para quienes viven en la zona. El reordenamiento no puede limitarse a retirar puestos de una avenida principal para que el comercio termine desplazándose hacia el interior de las colonias, con afectaciones a banquetas, accesos, circulación y calidad de vida. Limpiar una vialidad a costa de trasladar el problema a las calles residenciales no resuelve el ambulantaje: cambia de lugar sus consecuencias.
La pregunta es inevitable: ¿con qué criterio decide el gobierno de Luis Mendoza dónde interviene y dónde permite que el problema persista? En Calzada de Tlalpan despliega un operativo que termina en golpes; en avenida Revolución, los vecinos denuncian una presencia extendida de ambulantes con la cromática de la propia alcaldía. La disparidad obliga a transparentar los criterios de actuación, los permisos existentes y las respuestas que se han dado a las solicitudes ciudadanas.
La administración de Luis Mendoza participó en el reordenamiento de una zona estratégica durante los preparativos mundialistas, una tarea que debía coordinarse con el Gobierno de la Ciudad de México. El episodio exige una explicación sobre la coordinación entre ambas administraciones y la actuación de los funcionarios de Benito Juárez. También obliga a responder a los habitantes de Mixcoac y Nonoalco, que llevan tiempo señalando la expansión del ambulantaje en sus avenidas y la falta de respuesta de la autoridad.
Hay hechos suficientes para exigir explicaciones. La alcaldía informó que retiró 22 puestos; Reforma reportó el intercambio de golpes entre funcionarios y vendedores y videos difundidos por La Jornada y en reds sociales, así lo confirman; comerciantes denunciaron agresiones y decomiso de mercancías; y vecinos de Benito Juárez cuestionan la persistencia de ambulantes en otras vialidades, incluidos puestos que exhiben la cromática institucional. Mendoza debe explicar cómo se organizó el operativo de Tlalpan, qué protocolos se aplicaron, por qué no hubo acompañamiento policial y qué relación tienen los puestos identificados con la imagen de la alcaldía con sus programas de ordenamiento.
Recuperar el espacio público no exime a ninguna autoridad de rendir cuentas. Si el propósito era imponer orden en Calzada de Tlalpan, el resultado fue una confrontación que obliga a esclarecer responsabilidades. Y si la política de la alcaldía consiste en retirar el comercio irregular, sus criterios deben ser transparentes y consistentes: no puede exigir orden en una vialidad mientras los vecinos de otras zonas denuncian que el problema crece frente a sus casas y que sus quejas siguen sin respuesta.
