ADRIANA RODRÍGUEZ
A través de un punto de acuerdo, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto de Bellas Artes a ordenar la suspensión provisional de los trabajos de desmantelamiento de los murales del edificio “A” de la SCT.
Lo anterior en tanto no se haga público el proyecto de conservación y se dé a conocer el plan de aprovechamiento del espacio público del actual inmueble, e implementen los mecanismos necesarios para establecer un diálogo con la ciudadanía, así como con los actores responsables de materia de cultura.
El objetivo, indican las diputadas que promueven el punto de acuerdo, Paula Soto y Gabriela Osorio, es la conservación adecuada de los murales y del patrimonio cultural de la Ciudad de México en un plazo máximo de 5 meses contados a partir de la suspensión de la obra.

Punto de acuerdo. Murales. Patrimonio cultural en riesgo. Foto: Congreso CDMX.

 

“La sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conocida como Centro SCOP, constituye un emblema histórico para nuestra Ciudad, tanto por la relevancia arquitectónica del diseño realizado por Carlos Lazo, Augusto Pérez y Raúl Cacho, como porque en sus paredes residen los Murales realizados por Juan O’Gorman, José Chávez Morado, Rosendo Soto, Arturo Estrada, así como  las obras de Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt”, expuso Gabriela Osorio.
A raíz de los sismos de septiembre de 2017,  el inmueble sufrió algunos daños que se han traducido en la decisión por parte de la SCT y del INBA de retirar los murales para salvaguardarlos.
Sin embargo, la diputada resaltó la resolución su resolución de la ONU del 30 de septiembre del 2016, que señala que la destrucción del patrimonio cultural o los daños a este pueden tener un efecto perjudicial e irreversible  en el disfrute de los derechos culturales.
Por ello, agregó Osorio, artistas, académicos e investigadores se han pronunciado en contra de que se remuevan dichos murales y han señalado el riesgo inminente de que sean dañados durante su remoción.
“Pese al llamado por parte de la comunidad las opiniones de la ciudadanía interesada no sólo han sido desestimadas, sino que la continuidad de las obras evidencia que no existen mecanismos que garanticen a la ciudadanía el derecho a proteger su entorno”, dijo al hacer uso de la tribuna.

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