Ciudad de México, enero 18, 2021 04:47
Libre en el Sur

Sin estudios del subsuelo, pretenden construir 78 departamentos en predio de Portales; ofrecen Döring y Manzo apoyo a vecinos contra la obra

El grupo inmobiliario Rouz pretende construir cuatro torres con 78 departamentos en el predio ubicado en Trípoli 515, colonia Portales Norte, que actualmente se encuentra clausurado por la delegación Benito Juárez. Los representantes de la inmobiliaria reconocieron, ante unos 70 vecinos inconformes con la obra, que no cuentan con los estudios de mecánica de suelo pues, dijeron, “no nos los pidieron”. Ante tal circunstancia Óscar Estrada, quien acudió como representante del senador panista Federico Doring a una reunión de evaluación del caso, ofreció estar “al lado de los vecinos”, pues “no tenemos ningún interés en tratar con la constructora”.

Estrada, ex dirigente del PAN en la delegación Benito Juárez, recomendó incluso a los residentes no firmar ningún acuerdo con la inmobiliaria hasta que ésta cumpla con todos los requisitos de ley, y cuestionó a la jefa de Verificaciones de la delegación Benito Juárez, Martha Gress –que estaba presente–, por no informar sobre las sanciones que se hubiesen impuesto a Grupo Rouz, empresa a la que los vecinos señalan por supuestamente haber derribado en el predio dos inmuebles –uno de ellos usado como taller mecánico y el otro de uso habitacional– sin contar con la licencia respectiva.

La funcionaria no respondió al cuestionamiento, pero reclamó a Estrada un desconocimiento de las leyes. “La manifestación de construcción se encuentra en trámite”, se había limitado a decir Gress al comienzo de la reunión. Por lo demás, ante el desconcierto manifiesto de los vecinos, ella inisitió en que no tiene facultades para intervenir “en un asunto entre particulares”, aunque aceptó entregar al Consejo Ciudadano Delegacional la totalidad de los documentos ingresados por Grupo Rouz a la DBJ al solicitar su manifestación de construcción.

Y es que, en efecto, en el tapial de la obra no se exhibe la placa de la manifestación de construcción, como lo exige la ley. Pero a simple vista se pueden ver los primeros cimientos construidos. José del Carmen Torres, coordinador de la Comisión de Vivienda del Consejo Delegacional de Benito Juárez, exigió que antes de llegar a acuerdos acerca de las medidas de protección civil y de limpieza de la construcción Rouz debía presentar los planos del proyecto. Entonces Cristina Doblado, quien acudió en representación de la inmobiliaria ofreció que los fuesen a consultar a su oficina, lo que provocó un rechazo generalizado.

Así que Doblado pidió a uno de los arquitectos de la obra explicar las generalidades del proyecto: Cuatro torres de cuatro piso cada una y dos nivles de estacionamiento, para 78 departamentos. Fue entonces cuando los colonos preguntaron si se realizó el estudio de mecánica de suelo para construir esa cantidad de departamentos. “No; es que no nos lo pidieron”, reconoció el arquitecto.

El diputado panista Federico Manzo, quien convocó a esa reunión de evaluación en una casa cercana al terreno en cuestión, refrendó su apoyo a los vecinos y les sugirió organizarse para vigilar el cumplmiento de la ley en el caso y tener información “veraz y oportuna”, particularmente en lo referente a todos los documentos “técnicos y financieros” del proyecto. En ese sentido, exigió la presencia del director responsable de la obra, que en ese momento no había llegado, a fin de que aportara lo que se le requiriera. Finalmente Rouz se comprometió con los vecinos a presentar el proyecto completo.

En el lapso de un año han sido clausuradas tres edificaciones de Grupo Rouz en la delegación Benito Juárez, la más sonada en Millet 39, colonia Extremadura Insurgentes, que se encuentra en juicio tras la denuncia presentada ante el Tribunal de lo Contencioso administrativo por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que solicita la revocación de la licencia de construcción pues presuntamente se obtuvo a través de documentos apócrifos. Las acusaciones han sido reafirmadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y por la asociación Vecinos del Parque Hundido.

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