Asegura GCDMX siete predios por despojo en BJ
Despojos en BJ. Otra lacra. Foto: especial.
Autoridades capitalinas informan de avances en mesas de trabajo con vecinos organizados tras casos críticos en colonias como Del Valle; alistan restitución de cuatro inmuebles.
Habitantes insisten en la urgencia de cambios legislativos de fondo y de replicar esquemas punitivos más severos contra bandas inmobiliarias que se apoderan de predios.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
La ofensiva institucional frente al despojo inmobiliario en la Ciudad de México comienza a arrojar resultados tangibles con el aseguramiento precautorio de siete propiedades localizadas en la alcaldía Benito Juárez, un fenómeno que durante los últimos años ha vulnerado el patrimonio de decenas de familias y detonado una intensa movilización vecinal.
En el marco de las mesas de seguimiento acordadas tras protestas emblemáticas —como el caso de la finca ubicada en la calle de Matías Romero 18, en la colonia Del Valle—, el gobierno central y las instancias procuradoras de justicia detallaron que existen condiciones óptimas para concretar la restitución material y legal de al menos cuatro de estos inmuebles a sus legítimos dueños.
Durante un encuentro de más de dos horas entre autoridades y los habitantes afectados, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, acompañada por el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, precisó que las indagatorias ministeriales para desarticular estas redes delictivas se concentraron de manera estratégica en la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana.
La funcionaria reconoció que el rezago histórico es monumental, pues la capital acumula más de 50 mil carpetas de investigación abiertas por el delito de despojo. Esta cifra contrasta drásticamente con un saldo inicial de apenas dos personas detenidas y vinculadas a proceso judicial, además de expedientes abiertos contra servidores públicos e integrantes de la propia procuraduría bajo sospecha de colusión y corrupción.
En la reunión, estructurada bajo el formato de revisión de casos particulares pactado previamente, Alicia Camps, representante vecinal, y el abogado penalista Arturo Santana Alfaro confirmaron que predios largamente disputados se encuentran ya en la etapa final de resolución administrativa para otorgar la posesión definitiva a sus legítimos copropietarios.
Los defensores jurídicos y vecinos celebraron que exista una renovada voluntad política y administrativa por parte de la actual administración local para atender un problema que operaba bajo el amparo de la impunidad y vacíos burocráticos.
No obstante, los colonos recalcaron que las acciones de recuperación de inmuebles y los aseguramientos son insuficientes si no se transforma el marco legal vigente.
Por ello, exigieron al Congreso local aprobar reformas profundas equiparables a la denominada Ley Carlota implementada en el Estado de México, orientadas a castigar con mayor severidad a los despojadores y evitar que el tiempo juegue a favor de los invasores.
Por su parte, César Cravioto invitó a los ciudadanos que enfrentan este tipo de ilícitos a recurrir a los especialistas de la Defensoría Jurídica Ponciano Arriaga, instalada en el Zócalo, con el propósito de garantizar asesoría y representación legal gratuita en la defensa del patrimonio familiar.
