¿Será que el Ejército ha acumulado tal cantidad de poder que el gobierno civil ya no está en condiciones de decirle que no?

POR FRANCISCO ORTIZ PARDO

El 20 de agosto de 2025 publicamos en Libre en el Sur un reportaje sobre Chapultepec y su dimensión frente a otros grandes parques urbanos de América del Norte: Central Park, en Nueva York; Stanley Park, en Vancouver; y Golden Gate Park, en San Francisco. La comparación permitía dimensionar algo que a veces olvidamos quienes vivimos en esta ciudad: Chapultepec no es simplemente un parque. Es un bosque histórico, un espacio ambiental, cultural y social de dimensiones extraordinarias, metido en el corazón de una de las ciudades más grandes del continente.

Si nos quedamos en los números, Chapultepec parece imbatible. Sus cuatro secciones suman 686 hectáreas, lo que lo coloca por encima de los otros tres grandes parques. Pero la comparación requiere una precisión: las zonas más activas y tradicionalmente visitadas de Chapultepec —la Primera y la Segunda Sección— concentran alrededor de 393 hectáreas. En esa comparación, Golden Gate Park, en San Francisco, alcanza unas 412 hectáreas; Stanley Park, en Vancouver, alrededor de 405 hectáreas; y Central Park, en Nueva York, 341 hectáreas. Es decir, Chapultepec tiene una dimensión territorial extraordinaria, pero la cifra por sí sola no explica su importancia. Lo verdaderamente excepcional es que esas hectáreas forman parte de un bosque histórico inserto en una de las mayores concentraciones urbanas del continente.

Pero no basta contar metros cuadrados. Hay parques más grandes que se viven más chicos.

Chapultepec es, además, una parte fundamental de la memoria de la Ciudad de México. Fue un sitio sagrado para los mexicas, residencia de virreyes y emperadores, escenario de episodios decisivos de nuestra historia y, con el tiempo, un enorme espacio público que reúne museos, jardines, lagos, monumentos y árboles históricos. Ahí están el Castillo, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Historia Natural, el Zoológico, el Audiorama y una cantidad de espacios que forman parte de la vida cotidiana de generaciones enteras.

Por eso resulta tan difícil entender que sigamos tratando el arbolado urbano como si fuera decoración.

Los árboles son infraestructura. Dan sombra, regulan temperatura, retienen agua, contribuyen a la calidad del aire y hacen habitable una ciudad cada vez más sometida al calor, al concreto y a la presión inmobiliaria. Y, sin embargo, basta caminar por algunas zonas de Chapultepec para encontrar árboles secos, áreas que requieren mantenimiento, banquetas deterioradas, problemas de riego y espacios que no siempre corresponden con la imagen del gran bosque que presumimos.

El problema es que los árboles no funcionan con la misma lógica que los funcionarios. No pueden esperar a que termine un sexenio, a que cambie una administración o a que se consiga presupuesto. Un árbol tarda décadas en convertirse en el árbol que una ciudad necesita y puede desaparecer en unas horas.

Y justo cuando deberíamos estar discutiendo cómo conservar y recuperar Chapultepec aparece un proyecto que obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿hasta dónde debe llegar la expansión de las instalaciones militares dentro o alrededor de un espacio que tiene una función ambiental, histórica y cultural tan importante?

La Secretaría de la Defensa Nacional proyecta construir en la Primera Sección un complejo que incluye el Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional y el Centro Nacional de Historia Militar. El proyecto contempla una intervención de 55 mil 624 metros cuadrados, una inversión estimada de mil 658 millones de pesos y un plazo de construcción de 36 meses. El terreno se encuentra dentro de un Área de Valor Ambiental y, de acuerdo con la información disponible, todavía requiere autorización de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

El proyecto no es menor. Incluye dos grandes edificios de exhibición, un auditorio para 364 personas, tienda, cafetería, un Centro Nacional de Historia Militar con espacios de consulta para 200 personas, archivo histórico, biblioteca especializada y taller de digitalización. También contempla otro edificio destinado a talleres de restauración y alojamiento para 174 elementos militares. A ello se suma un estacionamiento para 447 automóviles y ocho autobuses.

La pregunta, entonces, no es solamente cuánto va a costar. La pregunta es qué estamos sacrificando para construirlo ahí.

Porque el Ejército ya tiene presencia territorial e instalaciones militares en esta zona. Y tiene museos. La propia Secretaría de la Defensa Nacional cuenta actualmente con el Museo del Ejército y Fuerza Aérea en Ciudad de México, en Calzada de Tlalpan, además del Museo del Ejército y Fuerza Aérea Bethlemitas, en el Centro Histórico.

De modo que la pregunta resulta inevitable: si el Ejército ya tiene instalaciones y terrenos de carácter militar en esta zona, ¿por qué necesita ahora otros 55 mil 624 metros cuadrados para construir un nuevo complejo?

No se trata de estar contra los museos, contra la historia militar de México ni siquiera contra la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan espacios adecuados para conservar sus archivos y explicar su historia. La pregunta es dónde, cuánto y a costa de qué.

Y aquí aparece otro problema: la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México tendrá que decidir si autoriza o no el proyecto, pero para quienes hemos visto y documentado durante años cómo se trata el arbolado urbano, la sola intervención de la autoridad ambiental no ofrece demasiadas garantías. Lo digo desde la experiencia de quienes hemos documentado árboles talados, podas que parecen más mutilaciones que labores de mantenimiento y decisiones que terminan favoreciendo desarrollos inmobiliarios, públicos o privados, aun cuando existen afectaciones ambientales evidentes.

Ahí está, por ejemplo, el caso del emblemático Laureano, en Tlacoquemécatl del Valle, donde quienes hemos seguido de cerca la defensa del árbol hemos visto que la autoridad ambiental ni siquiera ha hecho, hasta ahora, el mínimo intento real por impedir que la obra avance. En lugar de una defensa firme del arbolado, lo que hemos visto son declaratorias, medidas de ornato y decisiones administrativas que parecen reducir la protección ambiental a un trámite, mientras la obra sigue su curso.

Y lo más desconcertante es que alrededor de estos casos también aparecen quienes se presentan como opositores, pero terminan actuando con una tibieza que resulta funcional a los proyectos que dicen combatir. Es difícil no pensar en algunos actores de Movimiento Ciudadano que han hecho de la defensa ambiental un discurso, pero que, frente a casos concretos como el de Laureano, parecen conformarse con acompañamientos testimoniales y declaraciones públicas.

Para quienes vemos esto desde la calle, la pregunta es inevitable: ¿quién está realmente dispuesto a defender un árbol cuando hacerlo implica enfrentarse a intereses inmobiliarios?

Yo quiero ver ahora si la Sedema es capaz de ponerse con las mismas ganas y, si hace falta, a las patadas, frente a las ambiciones militares en Chapultepec. Porque si una autoridad ambiental no ha sido capaz de impedir que avance un edificio para diez viviendas de lujo en un pueblo originario como Tlacoquemécatl del Valle, como hemos visto en el caso del emblemático Laureano, tendrá que demostrar que no existen proyectos intocables cuando del otro lado está el Ejército.

Ahí estará la verdadera prueba de congruencia. No bastarán las declaratorias de ornato, los comunicados ni las medidas cosméticas: habrá que ver si la Sedema está dispuesta a defender cada árbol, cada metro de área verde y cada principio de protección ambiental con la misma firmeza frente al poder público que la que, en teoría, debería ejercer frente a los desarrolladores privados.

Porque si para diez viviendas de lujo no hubo capacidad real de detener una obra que afecta un árbol emblemático, pero para un proyecto militar de mil 658 millones aparecen de pronto todos los argumentos técnicos para autorizarlo, entonces quedará claro que el problema no era la falta de facultades, sino a quién se tenía enfrente.

Y hay algo más que me preocupa.

En México llevamos años discutiendo el papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en la vida pública. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sectores importantes de la “izquierda” cuestionaron la participación militar en tareas de seguridad. Con Andrés Manuel López Obrador, en cambio, el Ejército recibió nuevas funciones y una presencia mucho mayor en áreas que antes correspondían principalmente a instituciones civiles. Diversos análisis han documentado esa expansión de funciones, atribuciones y recursos.

La contradicción merece discutirse sin consignas. Porque una cosa es reconocer que las Fuerzas Armadas pueden cumplir determinadas tareas que les encomienda la Constitución y otra muy distinta asumir que por ser instituciones militares deben tener una especie de carta blanca para extender su presencia territorial y administrativa.

Son confiables hasta que dejan de serlo.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos sobre los riesgos de depositar una confianza absoluta en las instituciones militares. Salvador Allende confió en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas chilenas incluso cuando existían advertencias sobre la crisis política y la conspiración que se estaba preparando. El 23 de agosto de 1973, después de la renuncia de Carlos Prats, Allende nombró a Augusto Pinochet comandante en jefe del Ejército. Diecinueve días después, el 11 de septiembre, Pinochet encabezó el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional.

La Junta Militar que asumió el poder suspendió libertades públicas, cerró el Congreso, proscribió partidos y puso en marcha una política sistemática de represión.

La lección no es que todo Ejército esté destinado a traicionar al poder civil. Tampoco que México sea Chile ni que las Fuerzas Armadas mexicanas tengan hoy el mismo papel que tuvieron los militares chilenos en 1973. La lección es mucho más sencilla: las instituciones democráticas deben conservar siempre la capacidad de poner límites al poder militar.

Cuba merece una mención aparte, precisamente porque durante décadas una parte de la izquierda latinoamericana ha preferido mirar hacia otro lado. No estamos hablando simplemente de un gobierno de izquierda con el que se pueda discrepar: el régimen cubano tiene un carácter autoritario y carece de elementos fundamentales del pluralismo democrático. Es un sistema de partido único que prohíbe el pluralismo político, restringe severamente las libertades civiles, mantiene bajo control estatal los medios y reprime la disidencia.

Por eso me parece legítimo hablar del régimen cubano como una dictadura, no como una simple discrepancia ideológica. Y aquí aparece la contradicción que me interesa señalar: durante décadas, buena parte de la izquierda latinoamericana convirtió la lucha contra las dictaduras militares en una bandera política, pero frente a Cuba ha sido mucho más indulgente con un sistema que concentra el poder político, impide la alternancia y reprime a quienes lo cuestionan.

El problema no es que Cuba sea de izquierda; el problema es que ningún proyecto político debería recibir un cheque en blanco para negar libertades fundamentales. Si se condena el autoritarismo cuando lo ejercen militares de derecha, tendría que condenarse también cuando lo ejerce un régimen que se reivindica revolucionario y socialista.

Y quizá por eso la historia de Chapultepec ofrece otra ironía.

Lázaro Cárdenas era general. Sin embargo, fue él quien decidió sacar la residencia presidencial del Castillo de Chapultepec y trasladarla al Rancho La Hormiga, al que después llamó Los Pinos. También abrió el Castillo al público, convirtiéndolo en un espacio destinado a la historia y a la ciudadanía. La propia historia oficial de Los Pinos recuerda que Cárdenas anunció en 1934 que dejaría el Castillo y que éste sería abierto al pueblo.

Resulta curioso que décadas después la llamada Cuarta Transformación haya convertido Los Pinos en símbolo de los excesos de la clase política, mientras la residencia presidencial se trasladaba al Palacio Nacional y, al mismo tiempo, el poder militar ampliaba su presencia en numerosos ámbitos de la administración pública.

Y ahí regreso al proyecto de Chapultepec.

La pregunta no es si un museo militar puede ser necesario. Claro que la historia militar de México merece ser conservada y divulgada, aunque lo militar me saca salpullido, desde Franco hasta Castro. Pero precisamente por eso prefiero que la historia se cuente, se estudie y se conozca antes que convertirla en una justificación para ampliar la presencia militar en un espacio ambientalmente tan valioso como Chapultepec.

La pregunta es otra: ¿por qué tiene que hacerse precisamente aquí y por qué tiene que costar tanto?

Y más todavía cuando Ciudad de México enfrenta problemas que no necesitan discursos para ser visibles. Calles llenas de baches, inundaciones cada temporada de lluvias, árboles que se caen o que son talados, infraestructura que se deteriora, espacios públicos que requieren mantenimiento y una enorme cantidad de necesidades culturales y sociales que compiten por recursos públicos.

No digo que el dinero destinado al museo deba necesariamente gastarse en otra cosa. Digo que mil 658 millones de pesos obligan a preguntar, peso por peso, cuál es la prioridad y qué beneficio público se obtiene.

Eso debería ser normal en cualquier democracia.

Y aquí aparece también una dimensión política que no puede ignorarse. La Ciudad de México llegará a 2027 en un escenario electoral competitivo y cualquier decisión que afecte espacios públicos, áreas verdes y patrimonio urbano tendrá necesariamente una dimensión política. No porque pueda anticiparse quién ganará o perderá, sino porque los ciudadanos tienen memoria y porque los conflictos ambientales dejan de ser asuntos técnicos cuando afectan directamente la vida cotidiana.

Chapultepec tiene además una comunidad cultural, ambiental y vecinal que durante décadas ha defendido el bosque. El proyecto militar tendrá que pasar por las instancias correspondientes y someterse a los procedimientos ambientales que marca la ley. Eso significa que la discusión apenas comienza.

Y habrá que observar qué ocurre cuando la autoridad ambiental tenga enfrente no a un desarrollador inmobiliario, sino a una institución militar con enorme capacidad presupuestal, territorial y política.

¿O será que el Ejército ha acumulado tal cantidad de poder que el gobierno civil ya no está en condiciones de decirle que no? No hay que adelantar la respuesta. Hay que verla en los hechos.

Porque finalmente un parque no es un terreno vacío esperando que alguien encuentre qué construir en él. Un bosque no es una reserva inmobiliaria, ni una hoja de cálculo donde las hectáreas disponibles se convierten en metros cuadrados construibles.

Chapultepec necesita agua, árboles vivos, mantenimiento, accesos dignos y seguros. Necesita que se cuide lo que ya existe antes de preguntarnos qué otra cosa podemos meter dentro.

Y si de verdad queremos construir un nuevo museo militar, quizá la primera pregunta debería ser mucho más sencilla: ¿no existe otro lugar donde pueda hacerse sin sacrificar una parte de un bosque que ya tenemos?

No se trata de estar contra los museos, contra el Ejército ni contra la historia militar de México. Se trata de recordar que el espacio público pertenece a todos y que el patrimonio ambiental no debería quedar subordinado a la institución que tenga más presupuesto, más capacidad de presión o más poder político.

Porque un pulmón no se mide solamente por sus hectáreas. También por lo que es capaz de respirar.

Hay parques más grandes que se viven más chicos. Y también hay bosques que, aun siendo enormes, pueden comenzar a morir a la vista de todos.

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