Cada 36 horas ocurre un enfrentamiento entre Ejército y el crimen organizado
Ejército. ¿Decorativo? Foto: Notipress
A pesar del despliegue sin precedentes, hoy se cuenta menos combate al narco que con Felipe Calderón y Enrique Peña, reporta estudio
JORGE CERINO
Pese a un mayor despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la frecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado ha disminuido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con respecto a sexenios anteriores. Según el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, durante lo que va del sexenio, elementos de la SEDENA se enfrentan, en promedio, una vez cada 36 horas con civiles armados. Mientras tanto, la frecuencia de enfrentamiento fue de uno cada 30 horas, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y uno cada 24 horas, en el de Felipe Calderón Hinojosa.
Respecto al despliegue de elementos de la SEDENA, el Centro Wilson destaca que ha aumentado, pese a la promesa del presidente López Obrador de regresar a los militares a los cuarteles. Actualmente el despliegue promedio de la SEDENA es de 73 mil 347 soldados, frente a 53 mil de Peña Nieto y 48 mil 500 de Calderón Hinojosa. Además, la cifra de soldados desplegados al día de hoy representa un aumento del 64% con respecto al inicio del sexenio obradorista.
No obstante, solo un 55.76% de esta movilización se dedica a tareas de seguridad pública, detalla el Centro Wilson. Un 16.97% se dedica a tareas de inmigración, un 15.75% a respuestas frente a desastres naturales y un 6.04% a dar seguridad a instalaciones estratégicas. Otro 2.53% se dedica a la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional y un 1.36% a operaciones contra el combustible ilícito. Finalmente un 1.12% trabaja en aduanas y un 0.48% en la erradicación intensiva de plantíos ilícitos.
A pesar del despliegue de un mayor número de soldados, las cifras muestran que la SEDENA desempeña un papel más pasivo, reconoce el estudio. Estos elementos se involucran en menos enfrentamientos, incautan menos armas de fuego y evitan el contacto con delincuentes armados. Además se han ampliado sus responsabilidades para incluir la distribución de vacunas contra la Covid-19 y suspender el aumento irregular de migrantes.
El estudio resalta también que, mientras los homicidios aumentaron en otros países latinoamericanos, debido a causas relacionadas a la crisis de la pandemia, en México los homicidios cayeron un 3.12% en 2021, respecto a 2020. El gobierno federal anuncia, además, una reducción del 25.1% de delitos del fuero federal, con respecto al inicio del sexenio de AMLO. También una disminución del 13.4%, respecto al máximo histórico de 3 mil 078 homicidios en julio de 2018, según el más reciente informe de seguridad del 20 de julio de 2022.
Además de esta mayor movilización de elementos de la SEDENA, el presidente ha recurrido con frecuencia a esta secretaría para asignarle nuevas atribuciones y encargos. Recientemente anunció su intención de dar a la SEDENA el mando de la Guardia Nacional y con anterioridad también se le otorgó la construcción y administración de importantes obras de infraestructura. Tal es el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ciertos tramos del Tren Maya, así como el aeropuerto de Tulum, Palenque y Chetumal, argumentando que se quiere evitar su privatización en sexenios posteriores. También ha participado dicha secretaría en la rehabilitación de hospitales, organización de las aduanas y la construcción de los Bancos del Bienestar.
En el sexenio actual se ha incrementado la presencia de la SEDENA en el país y la secretaría desempeña ahora nuevas tareas dentro de la administración pública. El gobierno federal presenta a las fuerzas armadas como un cuerpo disciplinado ajeno a la corrupción de los servidores públicos, con lo cual justifica su inclusión en dichas responsabilidades. Esto ha contribuido a una disminución en la frecuencia de enfrentamiento armado, aunque organismos defensores de derechos humanos critican que la militarización de la vida pública abre la puerta a un incremento en las violaciones de derechos humanos.
