Calle Primero de Mayo 139: El ‘modus operandi’ de Luis Vizcaíno en Delegación BJ, tal cual
(Mariana Malagón)- Durante los seis años en que el panista Luis Vizcaíno Carmona se desempeñó como director general Jurídico y de Gobierno en la delegación Benito Juárez –en la administración de Mario Palacios (2009-2012) y en la de Jorge Romero (2012-2015)-, floreció la ilegalidad en obras de construcción y ambulantaje. Decenas de notas informativas publicadas durante esos dos periodos dan cuenta de ello.
El caso de la edificación ubicada el número 139 de la calle Primero de Mayo, en San Pedro de los Pinos, resulta emblemática de aquellos tiempos en que Vizcaíno era mucho más visible para los vecinos que ahora que enfrenta un escándalo por el presunto intento de extorsión a la firma deportiva Asdeporte.
La historia es que en un predio con uso de suelo uso de suelo H3, es decir, que permite la edificación de tres niveles, se construyó un edificio de ocho pisos. De acuerdo con María del Carmen Gutiérrez de la Vega, activista de San Pedro de los Pinos, a partir del 2010 –año en que iniciaron los trabajos de construcción— empezaron las denuncias vecinales contra esa obra ante la DBJ, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), ya que el registro de manifestación de construcción era de 2007 y en 2010 ya habría perdido vigencia.
Tan estaban probadas las irregularidades en la obra, que en 2011 la Dirección General de Jurídica y Gobierno, a cargo de Luis Vizcaíno, resolvió la demolición parcial (por los pisos excedidos) y total (debido a que no constaba con licencia de construcción). Pero la constructora Coinasa quebrantó los sellos de clausura y no suspendió los trabajos.
Curiosamente, al cabo de 10 meses, en julio de 2012, la delegación ingresó el Registro de Manifestación de Construcción (FBJ-0091A-12) bajo la Norma 26, la cual establece que el precio de los departamentos de interés social sean como máximo de 700 mil pesos. A pesar de esto, la Constructora incumplió esta Norma, ya que se vendieron a precios de entre un millón 200 mil a un millón 400 mil pesos.
Cuando los coordinadores solicitaban por escrito que la DBJ verificara dicha construcción irregular, con el propósito de que clausuraran la obra (lo que corresponde a la Dirección Jurídica y de Gobierno), la autoridad colocaba los sellos… por unos días. “Obviamente los extorsionaban y les regularizaban la obra”, espeta sin miramientos Luis Munguía Martínez, secretario general del Consejo Ciudadano Delegacional en BJ. Eso mismo, afirma, ocurrió con otra obras irregulares. “La delegación nos utilizaba y después su equipo llegaba a extorsionar”. Ello provocó que cesaran las denuncias.
A finales de 2013, María del Carmen Gutiérrez, mediante un oficio girado al jefe delegacional Jorge Romero, a René Aridjis, director general de Obras, y al propio Vizcaíno, solicitó que se iniciara el proceso de nulidad del Registro de Manifestación de la obra por las violaciones mencionadas. Y es que además la construcción no contaba con la necesaria aprobación de Instituto Nacional de Bellas Artes, pues el predio en pugna colinda con dos edificios catalogados como sitios patrimoniales. Tampoco tenía proyecto de protección a colindancias ni póliza de daños a terceros. Todo chueco.
Según lo declarado por constructores a Munguía, por una verificación sencilla las constructoras tenían que dar a la DBJ desde 80 mil pesos, en tanto que por la regularización el monto era de entre 600 y 800 mil pesos para H5. A pesar de pagar el “blindaje” –como le denominan—, cada vez que regresaban los verificadores la empresa tenía que entregar 10 mil o 15 mil pesos.
Los quejosos sólo recibieron una respuesta de la DBJ: La de Jorge Carlos Acuña, director de Desarrollo Urbano, quien sugirió que su solicitud fuera presentada ¡ante la Dirección Jurídica y de Gobierno! Y en este 2015 los departamentos fueron puestos en venta.
