EN AMORES CON LA MORENA / Vivienda: el pretexto de los ultras

“La serie ‘Salvador’ no anticipó las protestas en España por la vivienda ni pretendió hacerlo. Lo que parece haber visto antes es el ambiente que puede producir una generación sin demasiadas certezas”.

POR FRANCISCO ORTIZ PARDO

Hay algo particularmente revelador en Salvador, la serie española de Netflix que se estrenó el 6 de febrero de este año. Apenas han pasado ocho meses y aquella ficción parece haber adquirido una actualidad que nadie habría imaginado entonces. Creada por Aitor Gabilondo y dirigida por Daniel Calparsoro, cuenta la historia de un conductor de ambulancias, interpretado por Luis Tosar, que descubre que su hija pertenece a un grupo ultra de extrema derecha. Una noche de violencia entre neonazis y antifascistas termina por meterlo en una guerra que parece haber empezado mucho antes de que los jóvenes salieran a pelear a las calles. El Estado aparece en medio, intentando contener una violencia que ya no sabe muy bien de dónde viene.

La serie no habla de vivienda. Pero quizá habla de algo que viene antes: de lo que ocurre cuando una generación empieza a sentir que el lugar que le prometieron en el mundo ya no existe. Y eso es lo que hace que Salvador se vea de otra manera después de lo ocurrido con Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desalojo en Madrid terminó provocando una ola de protestas por la vivienda. Su caso dejó de pertenecerle. De pronto, aquella mujer que salía de su casa se convirtió en la imagen de miles de jóvenes que pueden trabajar, cobrar un sueldo y aun así no encontrar una manera razonable de vivir en la ciudad donde trabajan.

La escena tiene algo de regreso al pasado. En 2008, cuando estalló la crisis hipotecaria, España descubrió que aquello que parecía una de las certezas más sólidas de la prosperidad —comprar una casa, pagar una hipoteca y construir alrededor de ella una vida— podía desaparecer de un día para otro. Llegaron los desahucios, el desempleo, el rescate bancario y una desconfianza que terminó ocupando las plazas. En 2011 fueron los indignados. La vivienda estaba allí, junto al desempleo, los recortes y la sensación de que la política había dejado de escuchar.

De aquellas plazas salió una nueva izquierda y, unos años después, Podemos llegó a las urnas con la promesa de romper el tablero. En Madrid fue la punta de lanza de una nueva confluencia política que en 2015 llevó a Manuela Carmena a la alcaldía al frente de Ahora Madrid, una candidatura municipalista de la que Carmena fue independiente y que reunió a Podemos, Ganemos, Equo y sectores de Izquierda Unida. La palabra era casta y la idea era que el sistema político español necesitaba algo más que una alternancia entre el PSOE y el Partido Popular. La indignación parecía tener entonces una dirección bastante clara: hacia una izquierda rupturista con los partidos tradicionales.

Apenas hace diez años ocurrió aquello. Y Podemos no pudo. Terminó fracturándose incluso frente a sus antiguos aliados, que confluyeron en Más Madrid, y acabó prácticamente desapareciendo de la geografía política madrileña. En las elecciones autonómicas de 2023 obtuvo apenas el 4.73 por ciento de los votos y se quedó sin representación en la Asamblea. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso había convertido al Partido Popular en la fuerza dominante de la Comunidad: en 2021 obtuvo el 44.73 por ciento de los votos y 65 escaños.

Y aquí aparece la pregunta que importa para esta historia: ¿qué hizo aquella izquierda en Madrid cuando tuvo una oportunidad excepcional de gobernar y la vivienda había sido precisamente una de las banderas con las que llegó?

El Ayuntamiento de Manuela Carmena aumentó la apuesta por la vivienda pública, recuperó la construcción de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo y planteó más de cuatro mil viviendas para alquiler público. También heredó un parque municipal severamente reducido por las ventas de promociones a fondos de inversión durante la legislatura anterior. Hubo, por tanto, políticas concretas y un intento de recuperar la vivienda pública, pero el esfuerzo quedó muy lejos de transformar la dimensión de una crisis que ya venía creciendo.

La pregunta sigue siendo válida porque la vivienda no dejó de ser un problema durante aquellos cuatro años. Y quizá ahí esté una de las razones por las que aquella izquierda terminó perdiendo la conversación frente a una derecha que aprendió a hablar de Madrid como una promesa de prosperidad mientras el precio de vivir en la ciudad seguía aumentando.

Pero la política tiene la costumbre de convertir las rupturas en instituciones. Podemos terminó formando parte del Gobierno de Pedro Sánchez y aquello que había nacido para impugnar el sistema acabó teniendo que administrarlo. Mientras tanto, el descontento siguió ahí, esperando otra salida. Y la encontró en el otro extremo.

Vox comprendió que una sociedad frustrada no necesita necesariamente una explicación correcta, sino una explicación sencilla. Si los jóvenes no pueden comprar una casa, si el alquiler se come buena parte del salario, si los trabajos ya no garantizan una vida independiente y si las ciudades parecen cada vez más reservadas para quienes pueden pagar precios internacionales, siempre habrá alguien dispuesto a decir quién tiene la culpa.

En buena parte del discurso de Vox, ese alguien es el migrante.

Es una operación política tan sencilla como eficaz: convertir un problema inmobiliario, económico y urbano en un problema de identidad. El joven que no puede pagar un piso deja de preguntarse por qué se construye tan poca vivienda asequible, cómo se ha organizado el suelo, cuánto pesa el alquiler turístico, qué papel tienen los fondos de inversión o por qué se concentra la demanda en unas cuantas ciudades, y empieza a escuchar que quizá el problema está en quien llegó de fuera.

La realidad es bastante menos cómoda. La inmigración presiona sobre determinadas ciudades, como también lo hace el turismo, la inversión inmobiliaria y la llegada de personas con mayor poder adquisitivo. La gentrificación existe y puede terminar expulsando a los vecinos de los barrios donde nacieron. Pero ninguna de esas cosas explica por sí sola una crisis que lleva años cocinándose con una oferta insuficiente de vivienda, una demanda cada vez más concentrada y un mercado que ha convertido la casa en algo más que el lugar donde uno vive: también es una inversión, un negocio y, en algunas ciudades, un producto turístico.

España vive atrapada en esa contradicción. Quiere seguir recibiendo turistas porque el turismo genera empleo y riqueza, pero al mismo tiempo descubre que algunas de sus ciudades se están quedando sin viviendas para quienes trabajan en ellas. El Gobierno de Sánchez presume de que España se acerca a Francia en número de turistas, alrededor de cien millones cada una, mientras intenta limitar los pisos destinados al alquiler turístico. La pregunta aparece sola: ¿cómo se puede querer que lleguen cada vez más visitantes y, al mismo tiempo, reducir las viviendas que pueden alojarlos?

No es una contradicción exclusiva de España. En Ciudad de México conocemos también esa discusión. La capital quiere ser una ciudad internacional, atraer visitantes y convertirse en uno de los grandes destinos urbanos del mundo, pero al mismo tiempo enfrenta el desplazamiento de habitantes de barrios que se han vuelto demasiado caros. Clara Brugada ha colocado la gentrificación en el centro de su discurso, mientras la ciudad presume su atractivo turístico y su condición de destino internacional. Ni ella se entiende: una ciudad puede querer estar de moda y descubrir después que estar de moda tiene un precio que pagan quienes ya no pueden seguir viviendo en ella.

En España la cuestión migratoria añade todavía otra capa. Europa necesita trabajadores extranjeros para sectores enteros de su economía y, al mismo tiempo, cada vez más partidos presentan a esos trabajadores como una amenaza. Llegan porque buscan la oportunidad de vivir mejor que en sus países de origen, ocupan puestos que necesitan ser ocupados y terminan formando parte de la economía que después los señala como uno de sus problemas.

Y aquí aparece una pregunta que la izquierda europea debería hacerse antes de volver a explicarnos que el peligro está solamente en la extrema derecha: ¿cómo se llama a los gobiernos de izquierda que durante años no han conseguido producir suficiente vivienda social? ¿Cómo se llama a los socialistas que gobiernan París, una de las ciudades donde vivir se ha vuelto extraordinariamente caro, mientras buena parte de sus habitantes enfrenta precisamente el problema del alquiler? Emmanuel Grégoire, del Partido Socialista, asumió este año la alcaldía después de que la izquierda conservara París por quinta vez consecutiva. El propio Grégoire ha colocado la vivienda entre sus prioridades y se ha comprometido a crear 30 mil nuevas viviendas sociales y otras 30 mil asequibles. El dato, sin embargo, dice algo sobre la magnitud del problema: París necesita prácticamente duplicar su ritmo anual de producción de vivienda pública para acercarse a ese objetivo.

La pregunta, entonces, no es si esos gobiernos son de izquierda. La pregunta es qué ocurre cuando la etiqueta ideológica ya no alcanza para explicar la vida de quienes los votan. Porque una ciudad puede estar gobernada durante décadas por la izquierda y seguir siendo prácticamente inaccesible para buena parte de los trabajadores. Y eso es justamente lo que termina dejando un espacio político que la extrema derecha puede ocupar con una explicación mucho más sencilla.

Francia ofrece además una paradoja que conviene mirar desde España. La izquierda consiguió conservar París mientras Marine Le Pen y la extrema derecha continúan teniendo una presencia decisiva en la política nacional. El problema de la vivienda no es propiedad de ninguna ideología y tampoco la frustración que produce. Cuando las políticas sociales dejan de traducirse en una experiencia cotidiana de protección, la etiqueta de socialista empieza a pesar menos que el precio del alquiler.

Es difícil no pensar entonces en la otra gran contradicción europea: mientras más necesaria resulta la integración entre sus países, más fuerza adquieren los nacionalismos. España es un caso especialmente curioso. El PSOE de Pedro Sánchez necesitó a Junts, el partido nacionalista catalán de Carles Puigdemont, para construir una mayoría parlamentaria. No hay nada extraño en que un gobierno busque los votos que necesita para gobernar; para eso está el Parlamento. Lo extraño es que una política cada vez más dependiente de alianzas territoriales termine conviviendo con una sociedad donde precisamente las identidades nacionales vuelven a ganar espacio.

Junts puede ser indispensable para que Sánchez gobierne y, al mismo tiempo, votar junto con PP y Vox contra algunas de las medidas con las que el Gobierno pretendía responder a la crisis de vivienda, que si hablamos de lo costoso lo es todavía más en Barcelona. La política española se ha convertido en una especie de rompecabezas en el que las piezas cambian de lugar según el asunto que se vote. Después nos extrañamos de que la gente deje de entender qué significa ser de izquierda o de derecha.

Me permito usar en este texto una geografía política de izquierdas y derechas solamente porque así se nombran las diferentes posturas en una polarización que crece mientras las certezas disminuyen. La verdad es que muchas veces yo ya no sé dónde quedó la bolita. Y empiezo a sospechar que ninguna de esas casillas está vestida de un verdadero humanismo, ese en el que la ideología no consiste únicamente en pegar letras para ponerle nombre a las personas, acomodarlas en un bando y después decidir qué parte de la realidad merece ser defendida.

La vivienda terminó poniendo todas esas contradicciones sobre la mesa. La derrota parlamentaria de los decretos fue uno de los detonantes del adelanto electoral anunciado por Sánchez para el 29 de noviembre. Este mismo martes, ya con las Cortes disueltas, el Gobierno aprobó de nuevo medidas de emergencia en materia de vivienda, entre ellas límites a los alquileres en determinados supuestos, protección temporal frente a algunos desahucios y restricciones a determinadas compras empresariales de vivienda.

Puede ser una jugada de supervivencia. Llevar la vivienda a la campaña y hablarle directamente a los jóvenes que están pagando rentas imposibles puede ser una manera de recuperar a quienes alguna vez confiaron en el PSOE o en Podemos y ahora miran la política con una mezcla de cansancio y desconfianza. El problema es que una campaña electoral puede convertir la vivienda en el gran tema nacional, pero no puede construir una casa en los pocos meses que quedan para votar.

Mientras los partidos hacen esa geometría, un joven sigue buscando piso.

Ahí está la diferencia entre la política y la vida. Se puede discutir durante horas sobre nacionalismo, inmigración, turismo, alianzas parlamentarias o modelos de Estado, pero al final del día alguien tiene que pagar la renta. Y si no puede hacerlo, poco le importa que el Gobierno tenga una explicación sofisticada para el problema.

Por eso sería un error reducir las protestas contra la gentrificación a una movilización de la izquierda. También sería un error dejar que la extrema derecha convierta esa frustración en una protesta contra los migrantes. La gentrificación y la inmigración pueden coincidir en determinados barrios, pero no son el mismo fenómeno ni tienen las mismas causas. Una ciudad puede recibir población extranjera, turistas y capitales y, al mismo tiempo, padecer una falta de vivienda social que viene de décadas atrás.

La solución, por supuesto, es bastante menos atractiva electoralmente. Hay que construir vivienda asequible, aumentar el parque público, ordenar el alquiler turístico, combatir la especulación y conseguir que las ciudades puedan recibir inversión y visitantes sin convertirse en lugares donde solamente puedan vivir quienes tienen mucho dinero. También hay que aceptar que una vivienda no aparece porque un presidente anuncie un decreto ni porque una alcaldesa prometa contener las rentas.

España acaba de volver a esa discusión justo cuando Sánchez ha decidido poner las urnas en el calendario. El propio Gobierno reconoce que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y acaba de aprobar nuevas medidas para ampliar la oferta asequible. Pero el problema tiene una dimensión que difícilmente cabe en un decreto: durante años se ha construido demasiado poco allí donde la gente necesita vivir y demasiado poco de aquello que la gente puede pagar.

Europa lleva demasiado tiempo tratando sus problemas como si fueran únicamente problemas de discurso. La vivienda ha venido a demostrar que no es así. Cuando una generación no puede emanciparse, no estamos ante una discusión abstracta sobre el mercado inmobiliario: estamos ante una generación que empieza a retrasar proyectos de vida, que abandona las ciudades donde nació y que pierde la sensación elemental de que trabajar sirve para algo más que pagar por seguir trabajando.

Y es precisamente ahí donde la política puede equivocarse de enemigo.

El migrante no construyó el mercado de la vivienda. El turista tampoco. El joven que busca un piso no es responsable de que no haya suficientes. El propietario que alquila una vivienda tampoco puede ser convertido automáticamente en villano. Cada uno participa, desde un lugar distinto, en un problema que es bastante mayor que cualquiera de ellos.

Lo verdaderamente peligroso es que alguien sí puede beneficiarse de que la explicación sea otra.

Vox lo sabe. Por eso la vivienda puede convertirse en el pretexto perfecto para los ultras: porque detrás de una renta imposible hay una frustración real y detrás de esa frustración siempre habrá alguien dispuesto a ofrecer una respuesta que no exige demasiadas explicaciones.

Ahí es donde Salvador vuelve a cobrar sentido. La serie no anticipó las protestas por la vivienda ni pretendió hacerlo. Lo que parece haber visto antes es el ambiente que puede producir una generación sin demasiadas certezas, atrapada entre una realidad económica que no entiende y una política que le habla de todo menos de lo que tiene delante.

Primero fue la hipoteca que no se podía pagar y después el alquiler que no alcanza. Entre una cosa y otra han pasado quince años de gobiernos, elecciones, indignados, nuevos partidos, pactos, nacionalismos y promesas. La vivienda sigue ahí, como sigue la frustración de quienes no encuentran una forma razonable de vivir en las ciudades donde estudian, trabajan o nacieron. Y ahora los ultras han descubierto que pueden ponerle un nombre sencillo a todo eso.

Hasta que la frustración termine convirtiéndose en violencia, como en Salvador.

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