Clausura la Procuraduría del DF edificio de Millet 39; Rouz, indiciada por delitos ambientales
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a través de la Fiscalía de Delitos Ambientales y Protección Urbana, colocó este viernes sellos de clausura en el edificio irregular de Millet 39, en la colonia Extremadura Insurgentes de la delegación Benito Juárez, por delitos de “responsabilidad de los Directores Responsables de Obra” de la empresa constructora, el Grupo Rouz. La clausura de la PGJDF, que ya le da un carácter penal al caso, se suma a la suspensión de actividades aplicada por la Secretaría de Protección Civil del DF y la delegación Benito Juárez, a través del Instituto de Verificación del DF (Invea). Así, la fachada del inmueble luce ahora tres diferentes sellos, aunque es el de la PGJDF el que incluye también los accesos por la entrada principal y el estacionamiento. En los sellos de clausura la Fiscalía de Delitos Ambientales y Protección Urbana de la PGJDF se hace mención de dos averiguaciones previas en proceso, la FSCAPO/20/T1/275/09-09 y la FSCAPO/ 20/T3/1071/10-04. También se selló un predio adjunto, el de Cerrada de Millet número 17, en el que Rouz demolió una casa y construyó una extensión de cinco pisos al condominio, sin hacer la manifestación correspondiente. Las respectivas denuncias fueron presentadas en 2009 y 2010 por los vecinos, según informó Héctor Rojas, coordinador interno del Comité Ciudadano de la Colonia Extremadura Insurgentes, cuando denunciaron que en el predio se habían talado al menos 20 árboles, además de que se habían hecho trabajos de demolición sin permiso. La obra en cuestión –que permaneció más de dos años clausurada por la DBJ— ha sido impugnada por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda (Seduvi), la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) y la Procuraduría ambiental del DF (PAOT), que en diciembre de 2010 pidió su demolición. La PAOT estableció que “con solicitudes de constancia de uso de suelo apócrifas se hicieron valer derechos adquiridos para registrar manifestación de construcción para 70 viviendas en cinco niveles (8,994.96 m²) y para solicitar la terminación de obra, cuando la Seduvi expidió el certificado de uso de suelo folio MORO1640007, con tres niveles de construcción permitidos en una superficie máxima 4,767.07m²”. Por su parte, la Seduvi entabló un juicio de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, para revocar el permiso de construcción obtenido con documentos falsos y en enero pasado obtuvo una resolución favorable a su demanda, por lo que el edificio debería ser demolido. Sin embargo, por una supuesta “falla” en el procedimiento, el Tribunal ordenó a la Delegación Benito Juárez el retiro de los sellos de clausura, lo que ocurrió el pasado 9 de abril y permitió a la inmobiliaria Rouz ocupar el inmueble y llevar a cabo con una veintena de operarios, de manera apresurada, trabajos de resane y pintura en las áreas comunes. Una solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del DF a la Delegación Benito Juárez para que realizara la clausura “precautoria” del edificio no fue atendida. Finalmente, el pasado 26 de abril, verificadores del Instituto de Verificaciòn Administrativa colocaron “por órdenes de la DBJ” sellos de “suspensión de actividades”. Los vecinos exigen la clausura definitiva y la demolición del inmueble, demanda que va ya para tres años, pues desde septiembre de 2009 se le planteó al entonces jefe delegacional Germán de la Garza. El 24 de abril, el Invea colocó por órdenes de la DBJ sellos de “suspensión de actividades”, aunque no se clausuraron las puertas de acceso. Los vecinos, que mantienen un plantón permanente a un costado del inmueble impugnado desde el pasado 21 de abril, celebraron la intervención de la Procuraduría capitalina que se suma para detener la construcción de un inmueble en el que se conjuntan toda clase de irregularidades y violaciones a las normas. Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del GDF se mantiene también permanentemente a las puertas del edificio.
