Cuánto tiempo ignoraremos el aleteo

¿Hasta dónde puede tensarse una sociedad antes de quebrarse? ¿Cuántas personas deben perder su casa para que la vivienda deje de tratarse como una mercancía cualquiera?

POR NANCY CASTRO

El aleteo de una mariposa en Brasil podría, teóricamente, terminar provocando un tornado en Texas. Así lo plantea el efecto mariposa, una metáfora de la teoría del caos que explica cómo una variación aparentemente insignificante puede desencadenar consecuencias imprevisibles en sistemas complejos.

Las  sociedades funcionan de una manera semejante. Una vida expulsada de su casa, una puerta cerrada, una familia obligada a abandonar el barrio donde ha vivido durante décadas. Hechos que podrían parecer aislados hasta que se convierten en el detonante de una indignación colectiva.

Hay un momento en que el dolor deja de ser individual, atraviesa las paredes y se instala en las calles. Entonces, lo que parecía imposible comienza a moverse.

Hay una desazón que se respira en el ambiente. La muerte de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, ha sacudido las conciencias y reavivado una movilización que desborda las reivindicaciones habituales. En la Puerta del Sol, la acampada continúa creciendo y, según las cifras que circulan, ya alcanza las 1.248 tiendas de campaña. Maricarmen murió el miércoles 7 y, desde entonces, la rabia ha encontrado nuevas formas de hacerse visible. Una manifestación volvió a recorrer las calles hasta llegar al Congreso de los Diputados, mientras, a unos cuantos metros, los policías custodiaban el recinto.

Entre velas y fotografías, centenares de personas expresaban su indignación. Las voces señalaban al Gobierno y a unas políticas que, a juicio de los manifestantes, han permitido que los fondos de inversión conviertan el acceso a la vivienda en un negocio cada vez más lucrativo.

No se trata únicamente de los precios desorbitados del alquiler ni de la imposibilidad de comprar una casa. Se trata de algo mucho más profundo: de la sensación de que vivir bajo un techo se ha convertido en un privilegio, cuando debería ser un derecho.

Tal vez la pregunta no sea cuándo llegará el tornado, sino cuánto tiempo seguiremos ignorando el aleteo...”

Como canta Silvia Pérez Cruz, «Que esta gran culpa no es tuya ni mía». Y, sin embargo, ¿de quién es la culpa cuando miles de personas trabajan y aun así no pueden permitirse una vivienda? ¿Quién asume la responsabilidad cuando una familia debe elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o encender la calefacción? ¿Quién responde cuando los barrios se vacían de sus habitantes para llenarse de inversiones, mientras quienes los han construido con su vida se ven obligados a marcharse?

«Te roban y te gritan, no hay tanto pan, pan, pan». La canción se convierte entonces en una denuncia que rebasa el escenario y encuentra su lugar en la calle. Gente sin casa, casas sin gente. La paradoja es tan brutal como cotidiana: viviendas vacías que esperan a que alguien pueda pagar por ellas, personas que buscan desesperadamente un lugar donde vivir y un mercado que parece funcionar mejor si la necesidad resulta difícil de satisfacer.

El negocio es mordaz, despiadado. Se expulsa a la gente de sus hogares, se deshacen comunidades, se rompe el vínculo con los barrios y se convierte la incertidumbre de miles de personas en una oportunidad de rentabilidad. La vivienda deja de ser el lugar donde se construye una vida para transformarse en un activo financiero. Y, en esa operación, lo que para unos significa acumulación de riqueza, para otros representa desarraigo, miedo y precariedad.

¿Hasta dónde puede tensarse una sociedad antes de quebrarse? ¿Cuántas personas deben perder su casa para que la vivienda deje de tratarse como una mercancía cualquiera? La indignación que hoy llena las plazas no surge de la nada. Es el resultado de años de dificultades acumuladas, de promesas incumplidas y de una sensación cada vez más extendida de que las instituciones no están respondiendo a las necesidades más elementales de la población.

En este escenario, el futuro político pesa con importancia decisiva. La falta de apoyos para sacar adelante determinadas medidas de vivienda evidencia los límites del Gobierno y la fragilidad de cualquier intento de reforma que no cuente con una mayoría suficiente. La derrota de los decretos sobre vivienda ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa las conversaciones, las manifestaciones y las casas de quienes viven pendientes de su próximo contrato: ¿qué puede cambiar realmente?

Si la izquierda logra una mayoría suficiente, ¿habrá voluntad y capacidad para reformar las leyes de vivienda, reforzar la protección de los inquilinos y limitar los abusos del mercado inmobiliario? ¿Podrán adoptarse medidas que impidan que la especulación siga expulsando a quienes no pueden competir con los grandes capitales? Ganar unas elecciones no garantiza, por sí solo, una transformación. También hacen falta acuerdos, decisiones políticas y la voluntad de enfrentarse a intereses económicos poderosos.

¿Y si gana la derecha? ¿Qué ocurrirá entonces con las reformas pendientes, con los contratos de alquiler y con las medidas destinadas a contener la escalada de precios? ¿Se mantendrá el marco actual o se impulsarán cambios que reduzcan las protecciones existentes? El temor de quienes hoy protestan es que la vivienda continúe sometida a la lógica de la rentabilidad, que los fondos de inversión amplíen su presencia y que la distancia entre quienes poseen propiedades y quienes apenas pueden pagar un alquiler se vuelva todavía más insostenible.

No se trata de dar por escrito el desenlace antes de que ocurra, sino de comprender lo que está en juego. El resultado electoral puede determinar qué políticas se priorizan, qué reformas encuentran apoyo y cuáles quedan bloqueadas. Pero hay algo que no debería depender del color político del Gobierno: el reconocimiento de que disponer de una vivienda digna es una condición indispensable para ejercer otros derechos y construir un proyecto de vida.

Mientras tanto, la incertidumbre no se limita a España. Se extiende por un mundo donde las certezas parecen desmoronarse y los modelos de gobierno muestran sus contradicciones. Francia afronta sus propias tensiones sociales y educativas; Brasil continúa atravesado por profundas disputas políticas y sociales; y México sigue enfrentándose a una violencia de género que convierte los feminicidios en una herida abierta. En lugares distintos, con historias y circunstancias diferentes, se repite una misma pregunta: ¿quién protege a la gente cuando las estructuras que deberían sostenerla se muestran incapaces de hacerlo?

No hay un sistema político que pueda declararse saludable si abandona a una parte de su población. Tampoco basta con celebrar el crecimiento económico cuando los beneficios se quedan en pocas manos, mientras millones de personas viven con miedo a perder su empleo, su casa o incluso la vida.

La democracia no puede reducirse a votar cada cierto número de años. Necesita garantizar condiciones materiales, proteger la dignidad y ofrecer respuestas a quienes han dejado de confiar en sus instituciones.

Quizá por eso el aleteo de aquella mariposa importa. No porque podamos predecir el tornado, sino porque nunca sabemos qué gesto, qué pérdida o qué injusticia terminará desencadenando una transformación. Maricarmen no debería convertirse únicamente en un nombre asociado a una tragedia. Su muerte, y la movilización que ha provocado, nos obliga a mirar de frente una realidad que durante demasiado tiempo se ha tratado como si fuera inevitable.

Las tiendas de campaña en la Puerta del Sol, las velas encendidas, las fotografías sostenidas entre las manos y las voces que repiten que no hay gente sin casa cuando hay casas sin gente son algo más que imágenes de protesta. Son la expresión de una sociedad que se niega a aceptar que la precariedad sea su destino.

Tal vez la pregunta no sea cuándo llegará el tornado, sino cuánto tiempo seguiremos ignorando el aleteo.

Hay injusticias que parecen pequeñas mientras les ocurren a otros. Hasta que un día nos alcanzan. Y entonces comprendemos que ninguna casa vacía es un asunto privado, que ningún desahucio sucede de manera aislada y que ninguna sociedad puede permanecer intacta cuando convierte el derecho a vivir en un lujo.

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