EN AMORES CON LA MORENA / Afirmativa corrupta

Josefina Mac Gregor, una de las principales activistas en contra del PGOT, denunció lo que en adelante dibujará una caricatura de quienes en Morena se darán golpes de pecho por la corrupción inmobiliaria.

POR FRANCISCO ORTIZ PARDO

Se han cumplido 20 años de que Andrés Manuel López Obrador decretó el funesto Bando Dos cuando era Jefe de Gobierno. De consecuencias inconmensurables, tal ocurrencia para “repoblar” las entonces delegaciones centrales, sin previa y estudiada planeación, derivó en un “boom” de construcciones donde se confundió lo legal con lo corrupto, o lo legal fue acomodado por lo corrupto. Así proliferaron edificaciones por empresarios que eludieron la ley para hacerse de un negocito de más, medido en millones de pesos por cada piso adicional que se construyó, incluso con registros de uso de suelo apócrifos que los encargados de Desarrollo Urbano del hoy Presidente y sus sucesores en la Jefatura de Gobierno no fueron capaces de parar. 

Tras las múltiples laceraciones de ese esquema anómalo y confuso sostenido en el desarrollismo y no en la vida misma, en la Alcaldía Benito Juárez han sido señalados desde Fadlala Akabani –el entonces panista al que le tocó primero sortear el Bando Dos y que actualmente es secretario de Desarrollo Económico de la capital– hasta Santiago Taboada, hoy aspirante a la Jefatura de Gobierno por el frente opositor. No hay forma probatoria hasta ahora que los inculpe directamente, por más que los opositores de ambos políticos han usado el tema para golpearlos en tiempos electorales. Lo que es indudable es la degradación de la calidad de vida, particularmente por inviabilidades urbanas y ambientales– que el Bando Dos significó desde el 2003 por la falta de políticas públicas bien pensadas.

En diferentes momentos de estos veinte años Libre en el Sur ha dado cuenta, antes que nadie, de decenas de edificios que se construyeron en en BJ y otras alcaldías de manera irregular, con el contubernio de desarrolladores –a quien curiosamente nadie toca— con funcionarios tanto de estas demarcaciones como del gobierno central.

Pero hay dos casos emblemáticos que vienen a cuento no solo por su cercanía en el tiempo sino porque ocurrieron bajo las omisiones de funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en Ciudad de México, poco antes de ella misma enviara al Congreso la propuesta vergonzosa de un Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la ciudad para los siguientes 15 años.

Entre otras linduras de ese “programa”, se deja a los titulares de las 16 demarcaciones la discrecionalidad de especificar los requisitos para construir, sin importar por ejemplo la escandalosa falta de agua que azota a la urbe a pesar de la criminal sobre explotación del acuífero, que ya parece irremediable.

Con diferentes tácticas dilatorias –y a pesar de que la propia Claudia Sheinbaum reconoció las fallas de la propuesta y prometió corregirlas–  los diputados locales de Morena dieron el puntillazo este lunes al ausentarse de la sesión de las comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Planeación del Desarrollo y así provocar que el programa se apruebe por “afirmativa ficta”, es decir que sin debate y sin votos, lo que es un atropello a la opinión de expertos, académicos y ciudadanos organizados, para los que ni siquiera fueron abiertas las puertas del Congreso. Con ello se legalizarán, entre otras cosas, zonas irregulares en suelo de conservación en el sur y poniente de la ciudad. Ni crean que es para conseguir votos a favor del partido de gobierno. 

Por su importancia en estos momentos en que se deben entender las razones por las que Martí Batres impulsa el programa heredado por Sheinbaum, me permito reproducir una información toral de lo documentado por Libre en el Sur acerca de uno de los proyectos en Jardines del Pedregal, mencionados arriba. Otro caso más será publicado en estos días.

Pone el reportaje del 6 de agosto pasado:  

Mientras fue su titular Claudia Sheinbaum Pardo, que hoy hace proselitismo para convertirse en candidata de Morena a la Presidencia de la República, el gobierno capitalino facilitó los permisos para construir en Jardines del Pedregal seis megatorres de comercios y departamentos, que se pretenden de cuarenta niveles cada una.

Efectivamente, desde el 7 de junio de 2021, según los documentos aportados por vecinos a Libre en el Sur, Inti Muñoz, director general de Ordenamiento Urbano y Vivienda de la Seduvi, emitió el dictamen para la constitución de un Polígono de Actuación para integra ocho predios sobre el Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruíz Cortines (números 4026, 4030, 4040, 4050, 4058, 4068, 4080 y 4146), decisión que fue más tarde fue autorizada por el titular de dicha dependencia, Carlos Alberto Ulloa.

En esa fecha aún era alcaldesa de Álvaro Obregón, la demarcación afectada, la morenista Layda Sansores. La aspiración de los desarrolladores de la empresa Be Grand siguieron adelante.

Con la autorización del polígono se dio a conocer el proyecto de construcción de seis torres de 40 niveles cada una y una más de 10 pisos, albergando usos de suelo mixtos (plaza comercial, hoteles, agencias de autos y hasta 2,888 viviendas), aledañas a la zona residencial que proyectó Luis Barragán en la segunda mitad de los años cuarenta del siglo pasado.      

Para dar una idea más cabal sobre las dimensiones y el impacto del complejo, en el proyecto se prevé la construcción de 5,076 cajones de estacionamiento, lo que implica el movimiento en la zona de igual número de automóviles.

Para los vecinos de Jardines del Pedregal la mega obra –que contraviene la vocación de la zona– es una amenaza a la vida cotidiana, pues desde hace tres años padecen insuficiencia de agua potable. Además, el desplazamiento estrangularía las vialidades, ya de por sí con inclemente tráfico.

Originalmente Jardines del Pedregal tiene una zonificación H/2/70/R(1000 (Habitacional, 2 niveles máximos de construcción, 70% de área libre y 1 vivienda por cada 1000 m2 de la superficie total del terreno).

Excepcionalmente, de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón de fecha 10 de mayo de 2011, en el tramo comprendido de Anillo Periférico de Avenida Observatorio a Paseos del Pedregal, aplica un uso de suelo por vialidad de HM/15/20/Z (Habitacional Mixto, 15 niveles máximos de construcción, 20% de área libre y el número de viviendas será determinado por el proyecto inmobiliario, siempre y cuando no supere la superficie máxima de construcción).

El proyecto de Be Grand, autorizado por el gobierno capitalino, supera con creces lo permitido en ambas disposiciones.

Solo la superficie total de construcción de la primera torre de Be Grand Pedregal, en los predios 4026 y 4030, de acuerdo con la manifestación de construcción (15632-121RETE22, 21 de junio del 2021) será de 94,102.7 metros cuadrados.

En esa “etapa 1”, para usos de suelo de vivienda plurifamiliar, comercio, agencia de autos, taller y estacionamiento se construirán cinco niveles en sótano (25,599 metros cuadrados), cinco niveles de basamento (14,833 metros cuadrados) y 35 niveles de la Torre 1 (53,6668 metros cuadrados).

El 27 de junio de 2022 los vecinos presentaron siete denuncias ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) por infracciones a la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en lo que refiere a la colonia Jardines del Pedregal

Pero la PAOT, en reunión de trabajo con vecinos de Jardines del Pedregal el 20 de octubre de aquel año desestimó lo que para los residentes es claro en la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.

Paralelamente a la denuncia ante PAOT presentaron a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) un total de 518 solicitudes del mecanismo de Consulta Ciudadana, con la finalidad de que previamente al otorgamiento del Dictamen de Impacto Ambiental que otorga dicha dependencia al desarrollador inmobiliario, este sea sometido al consenso de los habitantes de la colonia, “toda vez que una obra de tales magnitudes causaría grandes afectaciones en materia de agua potable y movilidad”.

El 13 de julio de 2022, la Sedema, a través de Julio César García Vergara, director general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, negó tener facultades para implementar dicho mecanismo de participación ciudadana. El 16 de agosto los vecinos presentaron, sin éxito, un recurso de inconformidad ante el titular de Sedema.

En el via crucis por el que deben pasar los residentes frente al poder económico, el 29 de agosto de 2022 presentaron una demanda de Acción Pública ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para buscar la nulidad de las autorizaciones otorgadas por el la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por no haberse otorgado conforme a Derecho.

Además, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México relativo a presuntas violaciones en materia de agua potable y medio ambiente limpio y sano que autoridades del Gobierno de la Ciudad de México cometen en agravio de los habitantes de la colonia, especialmente al estar autorizando diversos proyectos inmobiliarios a través de la figura del Polígono de Actuación, que otorga beneficios a los desarrolladores. Ambos recursos se encuentran aún en proceso.

Todavía más: El 30 de junio de 2022 se presentaron ante la SEDUVI 244 solicitudes de vecinos de Jardines del Pedregal, requiriendo se lleve a cabo una Consulta Ciudadana, con la finalidad de que previamente al otorgamiento del Dictamen de Impacto Urbano por parte de dicha dependencia al desarrollador inmobiliario, este sea sometido al consenso de los habitantes actuales de la colonia.

Con fecha del 4 de agosto de 2022 se notificó la respuesta emitida por Naomi Dbash Morato Ávila, jefa de Unidad Departamental de Agenda y Vinculación de la SEDUVI, en la que negó solicitud de Consulta Ciudadana solo argumentando no tener facultad para ello, sin precisar los motivos. El 22 de agosto de 2022, los vecinos interpusieron recursos de inconformidad, que el 2 de marzo de este año fueron rechazados sin fundamentar ni motivar las causas que le impiden a dicha dependencia dar trámite a la figura de democracia participativa solicitada.

El 26 de enero de 2023, ante la conducta que los vecinos consideraron omisa por parte de Seduvi en el caso de la consulta, se presentó una demanda para la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, al ser la autoridad competente para resolver sobre las controversias de dicha materia. El Tribunal dictó, el 16 de febrero, el sobrseimiento del juicio por considerar que las causas que dieron origen a la controversia no fueron combatidas en tiempo.

Paradójicamente en la Alcaldía Álvaro Obregón se ha secado otro pozo de extracción de agua que pretendió ser restituido en el parque de San Lorenzo de la Alcaldía Benito Juárez por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Entre los argumentos que los de los técnicos confesaron estaba que la zona poniente –donde se planean las megatorres– es necesario abastecer con más agua del Cutzamala, por lo que el suministro para BJ sería insuficiente. ¡Qué cinismo!

Al igual que otro proyecto para succión de agua en Narvarte, el pozo de San Lorenzo fue cancelado en octubre pasado por la valiente intervención de los vecinos de la colonia Tlacoquemécatl del Valle, que parecen tener mucho mayor compromiso que la autoridad con el desarrollo sustentable y la defensa ambiental frente al cambio climático y el hundimiento de la ciudad.

Cualquier pozo de extracción, donde sea que se pretenda ubicarlo cuando no se ha planeado aprovechar el agua de lluvia para el abasto de las necesidades de los capitalinos, forma parte de una política pública depredadora, inmediatista y electorera. Punto.

Sobre el PGOT propuesto por Claudia Sheinbaum y que será aprobado al vencerse el plazo legal por afirmativa ficta este 8 de diciembre, sin debate ni votos como ya decíamos, Josefina Mac Gregor, una de las principales activistas en contra, declaró a Reforma lo que en adelante dibujará una caricatura de quienes en Morena se darán golpes de pecho por la corrupción inmobiliaria, esa misma con la que integrantes de partidos políticos suelen financiar campañas electorales. 

“Es un escenario completo de violación del derecho a la Ciudad”, dijo la dirigente de Suma Urbana. Haberte negado el derecho a la Ciudad, desde su concepción hasta su publicación en la Gaceta, es una violación brutal de derechos”.   

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