Ciudad de México, octubre 23, 2021 18:26
Política

Retrocede México nueve lugares en Índice de Estado de Derecho; es 113 de 139 países

El World Justice Project analiza la corrupción en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Policía y el Ejército.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

México cayó nueve lugares en el Índice Global de Estado de Derecho 2021, al ubicarse en la posición 113 de 139 países y colocarse así al nivel de Nigeria, Madagascar y Angola.

Según el índice internacional  elaborado por el World Justice Project y presentado mundialmente la mañana de este jueves, el año pasado nuestro país  ocupó el lugar 104 de 128 naciones evaluadas por la organización.

Asimismo precisa que a nivel regional  México ocupa el lugar 27 de 32 países, solo superando a Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela.

El reporte indica que la peor evaluación para México fue en “Ausencia de Corrupción”, uno de los ocho factores que mide el World Justice Project, en el que fue ubicado en el sitio 135, apenas por arriba de Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo.

En el propio informe se precisa que este factor toma en cuenta tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos.

“Se analiza la corrupción en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Policía y el Ejército”, indica.

La mejor evaluación para México fue en “Gobierno Abierto”, que analiza el acceso a la información pública y su calidad, sin embargo, registró una caída del lugar 36 en 2020 al 43 para este año.

En el factor de “Justicia Civil”, que evalúa si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica a través del sistema de justicia civil, México ocupó el lugar 131.

El Índice Global de Estado de Derecho 2021 ubica en los primeros tres lugares a Dinamarca, Noruega y Finlandia, mientras que al fondo de la lista está Venezuela, precedido de Camboya y República Democrática del Congo.

A nivel mundial este año se registró un retroceso en el Estado de Derecho, lo que los expertos del World Justice Project consideraron un efecto de la pandemia.

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