‘Siembran’ documentos falsos en Seduvi para autorizar obras; piden en ALDF tipificarlo como delito
El titular del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (InveaDF), Meyer Klip, reconoció este jueves que no existe un mecanismo jurídico que le permita a los verificadores detectar documentos falsos con los que se acreditan usos de suelo, permisos de construcción o apertura de establecimientos, pues toda esa información depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (Seduvi).
En consecuencia, tras sostener una reunión de trabajo con Klip para conocer las acciones que se han realizado en contra de obras irregulares y de establecimientos que violan la normatividad vigente, el diputado local del PRD, Leonel Luna Estrada, urgió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a tipificar como delito la siembra de documentos falsos y castigar con cárcel a los funcionarios que lo lleven a cabo.
Klip explicó: “La falsificación, en Seduvi y en las delegaciones, funciona por siembra de documentos. Es decir, le dan un dinero a alguien que maneja el archivo, meten un documento falso, después piden cuna copia certificada del expediente, le vuelven a dar un dinero al que maneja el archivo, sacan la copia apócrifa y se amparan con el documento certificado. Lo que nosotros hacemos en esos casos, es solicitar a Seduvi si tienen o no información sobre ese documento. Si SEDUVI nos confirma y nos dice que no tienen constancia en sus archivos, prejuzgamos que el documento es falso y en ese momento suspendemos la obra”.
En ese sentido, Luna Estrada, integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF indicó que en la actualidad el Código Penal sólo contempla sanciones a quienes falsifiquen, alteren o hagan uso indebido de documentos oficiales. “Esto ha dificultado las actuaciones de distintas autoridades que al no poder fincar responsabilidades por la siembra de documentos falsos -sobre todo en expedientes de los archivos que concentran la información y antecedentes de cada predio en la Ciudad-, han visto limitada la efectividad de sus acciones”, dijo.
De ahí que señalara la necesidad de aprobar su iniciativa que propone sancionar con penas que van de cuatro a ocho años de prisión y de cien a mil días de salario mínimo de multa a quien introduzca un documento falso o alterado en archivos que se conserven en oficinas públicas. (En la foto, Plaza del Valle, ubicada en Moras y Parroquia, colonia Del Valle, que fue clausurada por el INVEA).
