EN AMORES CON LA MORENA / Se le cae la casa a Clara

A Clara Brugada se le complica sostener el relato con el que Morena convirtió a BJ en emblema de la mafia inmobiliaria. El PAN no puede refugiarse en la defensa de la propiedad privada mientras evita responder por las decisiones tomadas durante sus administraciones. Y MC no puede presentarse como alternativa si, ante una propuesta vecinal concreta, sus simpatizantes desvían la discusión y terminan enfrentados con quienes buscan defender el bien común.

POR FRANCISCO ORTIZ PARDO

Hay ciudades que terminan por cobrarles a sus gobernantes las palabras que pronunciaron para llegar al poder. A Clara Brugada le está ocurriendo en Benito Juárez, la alcaldía que esa misma izquierda populista utilizó para construir una acusación política contra el PAN y convertir la llamada mafia inmobiliaria en uno de sus principales argumentos electorales. Ahora, esa demarcación se ha convertido en uno de los focos de resistencia contra el nuevo Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), impulsado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

La paradoja es evidente. El gobierno que prometió poner orden en el desarrollo urbano enfrenta ahora la desconfianza de ciudadanos que llevan años viendo cómo crecen los edificios, se saturan las colonias, escasean los servicios y se multiplican las denuncias sin que las autoridades consigan frenar la especulación inmobiliaria. La movilización vecinal no apareció de la nada. Es resultado de una historia de permisos cuestionados, normas que se aplican de manera discrecional y gobiernos que, sexenio tras sexenio, han permitido que el negocio inmobiliario avance por encima de la calidad de vida de quienes habitan la ciudad.

El POZMVM pretende actualizar la planeación metropolitana con un horizonte de 25 años. La necesidad de un instrumento de esa naturaleza es indiscutible: la expansión urbana, la movilidad, la disponibilidad de agua, la infraestructura y la protección ambiental rebasan desde hace mucho las fronteras administrativas. El problema es que una iniciativa de esta magnitud exige claridad jurídica, información accesible y una consulta pública capaz de incorporar las preocupaciones de quienes vivirán sus consecuencias.

La controversia se ha concentrado, entre otros puntos, en las disposiciones relacionadas con predios baldíos o subutilizados y los mecanismos que podrían conducir a su desarrollo o subasta pública bajo determinadas condiciones. La redacción de algunos planteamientos ha generado dudas y las autoridades han tenido que aclarar aspectos del proyecto. No significa que el programa establezca la expropiación automática de cualquier vivienda ni que todos los propietarios estén obligados a vender sus casas. Pero esa precisión no resuelve el fondo del conflicto: cuando un gobierno propone modificar las reglas del territorio, debe explicar con absoluta claridad qué pretende hacer, con qué facultades y bajo qué garantías para los propietarios y las comunidades.

La desconfianza tampoco se remedia con una presentación técnica ni con la promesa de que todo se hará por el bien de la metrópoli. Los vecinos necesitan saber cómo se tomarán las decisiones, quién vigilará su cumplimiento, qué mecanismos impedirán los abusos y qué ocurrirá con los proyectos que han acumulado denuncias durante años. Sin respuestas verificables, cualquier programa de ordenamiento corre el riesgo de convertirse en otro documento de buenas intenciones, mientras la ciudad continúa transformándose a golpe de concreto y de intereses privados.

El 6 de octubre, vecinos inconformes bloquearon Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Ermita, para protestar contra el proceso. Días después, el 12 de octubre, alrededor de 400 habitantes de Benito Juárez participaron en un foro para exigir que se repita la consulta. La dimensión de la inconformidad debería bastar para que las autoridades entiendan que no están ante una molestia aislada ni ante una campaña fabricada por sus adversarios. Lo que se reclama es confianza, y esa confianza no puede exigirse por decreto.

En la Ciudad de México, además, el debate no ocurre en el vacío. Hay demasiados antecedentes para que los habitantes acepten sin reservas la palabra de cualquier gobierno. Durante administraciones del PRD, de Morena y del PAN se han acumulado conflictos relacionados con autorizaciones, construcciones que exceden lo permitido, cambios de uso de suelo y desarrollos que modifican de manera radical la vida de barrios enteros. Las responsabilidades deben establecerse caso por caso, pero el patrón de impunidad atraviesa gobiernos y partidos. Por eso resulta insuficiente que unos culpen a los otros mientras el modelo de ciudad sigue premiando a quienes construyen y deja a los habitantes con las consecuencias.

Mítikah es hoy uno de los mejores ejemplos de esa tensión entre el gran negocio inmobiliario y la vida de barrio. El megaproyecto transformó el entorno de Xoco, pueblo originario que ha denunciado durante años los efectos de una intervención de dimensiones extraordinarias sobre sus calles, sus servicios y su relación con el territorio. La falta de agua y las afectaciones a la vida cotidiana han formado parte de las reclamaciones de sus habitantes, mientras el complejo se convirtió en una de las expresiones más visibles del nuevo paisaje corporativo y comercial del sur de la capital. El problema no consiste en negar que la ciudad necesita inversión, sino en preguntar quién paga el costo de esa inversión y qué capacidad tienen las comunidades para defenderse cuando sus condiciones de vida quedan subordinadas a un proyecto de esa escala.

En Benito Juárez, City Towers representa otra dimensión de la misma discusión. Sus conjuntos de vivienda de alto costo se levantaron con autorizaciones de las autoridades correspondientes, en una alcaldía donde la expansión vertical se ha convertido en un rasgo dominante. La cercanía de zonas con antecedentes de daños graves durante el sismo de 2017 obliga a exigir transparencia sobre permisos, estudios y cumplimiento de las normas de construcción. No se trata de afirmar sin pruebas que un edificio es inseguro por su ubicación, sino de exigir que las autoridades hagan públicos los elementos técnicos que permitan despejar cualquier duda. En una ciudad sísmica, la confianza no se construye con propaganda: se construye con supervisión y rendición de cuentas.

En San Ángel, la movilización contra el ordenamiento metropolitano también se alimenta de una larga disputa por la conservación del patrimonio y el carácter de los barrios. El movimiento encabezado por Josefina Mac Gregor ha cuestionado el avance de proyectos que amenazan el equilibrio urbano de una zona patrimonial. Entre ellos destaca el enorme desarrollo inconcluso en el entorno de Insurgentes Sur y Altavista, cuya escala y situación han alimentado la preocupación de quienes ven cómo el paisaje y la vida cotidiana de la zona quedan expuestos a decisiones inmobiliarias difíciles de revertir. La defensa del patrimonio no puede reducirse a conservar fachadas mientras se tolera que la densidad, la movilidad y los servicios rebasen la capacidad del entorno.

Es precisamente esa experiencia acumulada la que explica por qué las protestas contra el POZMVM han encontrado eco en distintas colonias. Los habitantes no discuten únicamente un documento de planeación. Discuten décadas de promesas incumplidas, de denuncias que avanzan lentamente y de proyectos que parecen tener más capacidad para negociar con el poder que los ciudadanos para obtener respuestas. La pregunta de fondo es sencilla: ¿por qué habría de confiar la gente en un nuevo esquema de ordenamiento si las autoridades no han demostrado que pueden hacer cumplir las reglas que ya existen?

Laureano, el laurel centenario de Miguel Laurent y Fresas, en Tlacoquemécatl del Valle, permite observar esa contradicción a escala de una esquina. El movimiento Salvemos a Laureano busca que el predio privado donde se proyecta construir diez viviendas de lujo se destine a un parque de bolsillo con un pozo de absorción y un jardín de lluvia. Para conseguirlo, exige que el Gobierno de la Ciudad de México explore las posibilidades legales para hacer realidad esa propuesta, entre ellas los acuerdos de permuta o donación del terreno. La intención es preservar el árbol centenario, favorecer la infiltración del agua y ofrecer un espacio verde a la comunidad, en lugar de sumar otro edificio de departamentos de lujo a una colonia sometida a una creciente presión inmobiliaria.

La manipulación de seguidores de la diputada federal de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros consistió en difundir la especie de que Salvemos a Laureano pretendía expropiar el predio. En una comunidad donde la amenaza de expropiación despierta temores legítimos entre los propietarios, la palabra fue utilizada para desacreditar la iniciativa y defender, en los hechos, tanto al desarrollador como el proyecto de diez viviendas de lujo. La propuesta vecinal nunca consistió en exigir que el gobierno arrebatara el terreno a su propietario por la fuerza, sino en reclamar que las autoridades buscaran alternativas legales y negociadas para darle un uso ambiental y comunitario. Al desfigurar esa demanda, los seguidores de MC desviaron la discusión y contribuyeron a torpedear el pliego petitorio.

El episodio retrata una contradicción de Movimiento Ciudadano. ¿Con qué autoridad podrá denunciar en campaña que Morena o el PAN son aliados de los desarrolladores inmobiliarios si, ante una demanda concreta de vecinos independientes, sus seguidores terminaron defendiendo la continuidad de un proyecto de diez viviendas de lujo? La confrontación llegó incluso a la agresión contra Francisco Ortiz Pinchetti, director de Libre en el Sur, durante una conferencia de prensa. El episodio obligó a la dirección nacional del partido a ofrecer una disculpa pública. Los vecinos buscaban respaldo para proteger un árbol y obtener un espacio verde, no una disputa partidista que desviara su petición.

La cercanía entre el alcalde panista Luis Mendoza y Clara Brugada agrega otra contradicción a esta historia. Benito Juárez fue durante años el territorio que el PAN exhibía como prueba de que era posible gobernar la capital desde una posición contraria a Morena. A su vez, Morena convirtió a la demarcación en el emblema de su denuncia contra la llamada mafia inmobiliaria. Ahora, cuando el gobierno capitalino impulsa un programa de ordenamiento que despierta protestas entre los habitantes de esa misma alcaldía, la relación entre ambos gobiernos plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegará la disposición de Mendoza a confrontar a Brugada cuando los intereses de sus gobernados entren en conflicto con las decisiones de la administración central?

La coordinación entre una alcaldía y el gobierno de la ciudad es indispensable para resolver problemas de servicios, movilidad, seguridad y planeación. El problema comienza cuando esa colaboración se convierte en una razón para evitar pronunciarse sobre asuntos que afectan directamente a los vecinos. Mendoza tiene la obligación de fijar una posición clara frente al POZMVM, explicar qué objeciones ha planteado su administración y defender la participación efectiva de los habitantes de Benito Juárez. Si guarda silencio ante una inconformidad de esta magnitud, sus adversarios y una parte de sus propios electores podrán interpretar esa actitud como una señal de subordinación política.

El contraste es todavía más delicado porque el PAN hizo de la defensa de Benito Juárez frente a Morena uno de sus principales argumentos electorales. No puede utilizar la demarcación como estandarte cuando necesita votos y desentenderse de las preocupaciones de sus habitantes cuando estas incomodan al gobierno de la Ciudad de México. Tampoco puede limitarse a denunciar a la mafia inmobiliaria del pasado sin explicar qué hará para impedir que continúen los abusos y garantizar que las normas se cumplan bajo su propia administración.

El PAN ya anunció la reelección de Luis Mendoza. La decisión coloca al alcalde ante el reto de explicar a los habitantes de Benito Juárez qué ha hecho y qué hará para defenderlos frente a las decisiones del gobierno capitalino. En ese contexto, su cercanía con Brugada adquiere una dimensión política inevitable: Mendoza tendrá que demostrar que la coordinación institucional no significa renunciar a la defensa de los intereses locales. Si mantiene silencio frente a las preocupaciones vecinales por el POZMVM, sus críticos podrán interpretar esa actitud como una señal de subordinación política, precisamente cuando su partido busca renovar el mandato de quien gobierna la demarcación.

Así, el POZMVM pone a prueba a los dos gobiernos y a los partidos que los sostienen. Brugada debe demostrar que el ordenamiento metropolitano no será otra puerta para la discrecionalidad inmobiliaria. Mendoza debe aclarar si su cercanía con la jefa de Gobierno le permite defender mejor a Benito Juárez o si, por el contrario, limita su capacidad de disentir. En una ciudad donde la confianza institucional está deteriorada, la respuesta no puede quedarse en fotografías conjuntas, declaraciones de colaboración o acuerdos entre funcionarios: tiene que expresarse en posiciones públicas, decisiones transparentes y resultados verificables.

El problema, sin embargo, no termina en los dos gobiernos. Morena, el PAN y MC tienen cuentas pendientes con los habitantes que enfrentan las consecuencias del desarrollo inmobiliario. Unos han gobernado la ciudad, otros han administrado alcaldías y todos buscan presentarse como defensores de la ciudadanía cuando les conviene. Frente a las demandas vecinales, la experiencia de movimientos como Salvemos a Laureano deja una impresión difícil de ignorar: los partidos parecen más dispuestos a proteger los intereses inmobiliarios que a acompañar a quienes reclaman un entorno habitable.

No es una sospecha que pueda convertirse automáticamente en una acusación judicial contra todos los partidos o todos los desarrolladores. Es una pregunta política legítima, alimentada por una relación que merece escrutinio público: ¿quién financia las campañas electorales y qué intereses encuentran después una puerta abierta en las decisiones de gobierno? Los grandes desarrollos inmobiliarios requieren capital, interlocución política y autorizaciones administrativas. Por eso es indispensable transparentar los financiamientos electorales, los permisos, las reuniones con desarrolladores y las decisiones que afectan el uso del suelo. Sin esa información, la ciudadanía queda condenada a sospechar mientras los partidos se acusan unos a otros.

Salvemos a Laureano no nació para servir a Morena, al PAN ni a Movimiento Ciudadano. Sus integrantes buscan proteger un árbol, recuperar un espacio para la comunidad y defender una idea de ciudad en la que el interés colectivo tenga peso frente a la rentabilidad privada. Esa independencia es precisamente lo que vuelve incómoda su causa: no pueden ser reducidos con facilidad a una estrategia electoral ni obligados a guardar silencio por disciplina partidista.

Después de cuando menos 25 años de explosión inmobiliaria en la zona central de la Ciudad de México, de pisos excedentes, construcciones denunciadas como ilegales y expedientes acumulados en oficinas públicas y tribunales, vale la pena preguntarse: ¿cuántos desarrolladores inmobiliarios están en la cárcel?

La pregunta alcanza a los gobiernos que autorizaron, supervisaron o dejaron avanzar proyectos cuestionados, pero también a los partidos que han convertido la denuncia de la corrupción inmobiliaria en una herramienta electoral sin garantizar que las responsabilidades se investiguen y sancionen. La ciudad necesita algo más que acusaciones cruzadas: necesita saber quién autorizó cada obra, quién incumplió la norma, quién obtuvo beneficios y por qué las consecuencias rara vez parecen proporcionales al daño denunciado.

A Clara Brugada se le complica sostener el relato con el que Morena convirtió a Benito Juárez en emblema de la mafia inmobiliaria. El PAN no puede refugiarse en la defensa de la propiedad privada mientras evita responder por las decisiones tomadas durante sus administraciones. Y Movimiento Ciudadano no puede presentarse como alternativa si, ante una propuesta vecinal concreta, sus simpatizantes desvían la discusión y terminan enfrentados con quienes buscan defender el bien común.

La pregunta ya no es qué partido tiene el mejor discurso contra los desarrolladores. Es quién está dispuesto a demostrar, con decisiones verificables, que los intereses de los habitantes están por encima de los compromisos políticos y económicos. Mientras esa prueba no llegue, los vecinos tienen razones para desconfiar de los tres.

La casa política se cae cuando quienes compiten por gobernar dejan de escuchar a la ciudadanía y confunden el interés público con el interés de quienes pueden financiar, influir o negociar con el poder. Y cuando los vecinos tienen que defender por su cuenta un árbol centenario, un parque posible y el derecho a una ciudad habitable, la crisis no es solamente de planeación urbana: es de representación democrática.

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