Alistan legislación para atender integralmente a consumidores de drogas en el DF; instituto contaría con 400 mdp
La Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal puede ser aprobada esta misma semana por el pleno de la Asamblea Legislativa, informó la diputada perredista Maricela Contreras Julián, para quien ello representará “una política transversal diferente en relación al trato que se le ha brindado al combate de las adicciones en todo el país, pues se privilegiará la prevención y la disminución de los factores de riesgo del consumo de algún tipo de droga legal o no, por encima de cualquier situación que genere violencia”.
La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social detalló que en el Proyecto de Dictamen que analizará ese órgano legislativo esta semana, se contempla la creación del Instituto para la Prevención y Atención de las Adiciones en la Ciudad de México como la instancia rectora en el tema de prevención de las adicciones, “se trata de un organismo que establezca las bases de una política pública para la atención ese fenómeno social como problema de salud pública, y dicte las bases de coordinación de todas las Dependencias del Gobierno de la Ciudad, incluidas las delegaciones, la academia, el sector privado y social para atender de manera integral el consumo de sustancias psicoactivas.”
Contreras subrayó que, de aprobarse esa legislación, el Instituto para la Atención de las Adiciones contará con 400 millones de pesos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, “producto de las gestiones del Jefe de Gobierno, además de diputados y diputadas tanto federales como locales que consideramos urgente la creación de una Instancia de esta naturaleza, por lo que podría entrar en funciones en Febrero de 2011, ya que se ha platicado con la Secretaría de Salud Federal para que liberen los recursos en cuanto se apruebe y entre en vigor la nueva Ley.”
La integrante del Grupo Parlamentario del PRD detalló que el eje rector de la Ley de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal, se basa en una política de no criminalización a las personas adictas a partir de un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, “se trata de establecer una política transversal que no considere a las personas que consumen alguna droga como delincuentes, sino como sujetos de derechos a los que se les debe brindar una atención integral, pues estamos convencidos que el Distrito Federal debe marcar la pauta para cambiar la política que se está llevando a cabo en todo el país que genera sólo más violencia y no compartimos la idea de reprimir para solucionar un problema estructural como lo es el aumento de las adiciones en México”, indicó.
Por ello, la perredista anunció que la nueva ley contempla modelos de atención específicos para la atención de sectores vulnerables, particularmente para reducir los factores de riesgo a los que están expuestos las niñas, niños y jóvenes que, a decir de la legisladora, “son en elemento de crecimiento exponencial en el consumo de alguna droga si no se realizan acciones de prevención e intervención a tiempo, por lo que se ha propuesto un esquema basado en la prevención, formación cultural y el ofrecimiento de alternativas de empleo y educación para evitar que entren en contacto con algún tipo de sustancia pscioactiva.”
La diputada del sol azteca informó que la nueva legislación contempla diversos criterios para la prevención, atención, tratamiento, rehabilitación e integración comunitaria de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas; también establece los requisitos y procedimientos que deben atender los establecimientos especializados en adicciones, “la intención es contar con lineamientos que deben seguir los establecimientos públicos, privados y de carácter social que ofrezcan sus servicios par la atención de las adiciones, a efecto de que no se violen los derechos de las personas que ingresan a ellos, por lo que Instituto (de Prevención y Atención de las Adiciones) podrá verificar su funcionamiento y si cumplen o no con los requisitos para que, en coordinación con las autoridades federales, puedan iniciarse procedimientos penales y administrativo si existe alguna irregularidad”, enfatizó.
