Aprueba el Congreso la Ley de Participación Ciudadana, con efecto de la presión vecinal; revocación de mandato será vinculatoria

STAFF / LIBRE EN EL SUR

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó este lunes, con 45 votos en favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, la nueva Ley de Participación Ciudadana, la cual incorpora la figura de revocación de mandato, prevé la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y Consulta Ciudadana mediante voto libre y directo –y sin tòmbolas– y define un techo de 4% para el Presupuesto Participativo que ejercerán los ciudadanos en las alcaldías.

Después de varios días de manifestaciones de ciudadanos, tanto en redes como de manera presencial, la mayoría de Morena aceptó que el porcentaje destinado al Presupuesto Participativo aumentará de forma gradual. Los recursos se incrementarán a partir del año 2020 (iniciando con 3 por ciento) hasta llegar a 4 por ciento en el año 2023. Estas economías podrán tener recursos adicionales de las alcaldías. Y en la aplicación de este recurso participarán los vecinos, apoyados por un Comité de Ejecución y otro de Vigilancia.

Con la Ley aprobada, el referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular y la revocación del mandato tienen carácter vinculatorio para la autoridad, es decir, la decisión ciudadana se debe acatar. En el caso de la revocación de mandato, el proceso podrá iniciar cuando así lo solicite 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores.

Para fortalecer la participación ciudadana, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llevará a cabo la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo. Estas Comisiones estarán integradas por nueve personas, priorizando la equidad de género, así como la inclusión de jóvenes y personas con discapacidad.

La jornada electiva para los proyectos de Presupuesto Participativo de los años 2020 y 2021, así como la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, se realizará el 15 de marzo del año 2020. La convocatoria única será emitida por el IECM en la segunda quincena del mes de noviembre de 2019.

Por otra parte, la nueva ley dispone el desarrollo de plataformas digitales de participación y se contará con un Comité Técnico Permanente que garantizará la modalidad digital de los mecanismos de democracia directa y participativa. Este Comité estará integrado por la UNAM, IPN, UAM, universidades públicas, la Agencia Digital de Innovación Pública y el Instituto Electoral local.

Fortalecimiento de la democracia directa y participativa, y control de gestión

Durante la sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, diputado Martín Padilla Sánchez, argumentó que la democracia directa y participativa tiene un papel relevante, a través del uso de los instrumentos participativos que permiten a las personas opinar e incidir en la vida pública de su entorno y de la ciudad.

Son tres los sistemas de participación incluidos en la nueva norma: democracia directa, participativa, así como control de gestión y evaluación de la gestión pública. También se contemplan los instrumentos constitucionales: colaboración ciudadana, organizaciones ciudadanas, asamblea ciudadana, comisiones de participación comunitaria.

“Esta nueva ley es un parteaguas en la ciudad, es resultado de escuchar a los ciudadanos con el único interés de mejorar el entorno social. Hoy es un día histórico, con esta ley dejamos atrás  un modelo que se agotó. Reconocemos que todo cambio es sujeto de críticas, es producto de resistencias, pero avanzaremos”, resaltó.

Después de que el dictamen se aprobó en lo general, se realizaron cambios sustanciales a la norma. El diputado Padilla Sánchez propuso el aumento gradual al Presupuesto Participativo, hasta llegar a 4 por ciento. También propuso la eliminación del método de insaculación. Las proposiciones se aprobaron.

También presentaron reservas al dictamen las diputadas Ana Patricia Báez Guerrero, Gabriela Salido y América Rangel, del PAN, así como los diputados Guillermo Lerdo de Tejada, del PRI; Víctor Hugo Lobo, Jorge Gaviño, del PRD; y los diputados Federico Döring, Diego Orlando Garrido y Pablo Montes de Oca, del PAN.

De las reservas expuestas por la diputada Gabriela Salido se avaló que cuando una persona aspirante haga promoción fuera del periodo establecido será sancionada con la cancelación del registro; y se eliminó del articulado la posible discrecionalidad en la actuación de las autoridades.

También se aceptaron algunos cambios propuestos por la diputada Circe Camacho Bastida, del grupo parlamentario del PT.

Actuales Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos permanecerán

De acuerdo con el dictamen, las personas que actualmente son integrantes de los Comités Ciudadanos y de los Consejos de los Pueblos y Consejos Ciudadanos delegacionales permanecerán en su encargo hasta la integración de los nuevos órganos de representación ciudadana, conforme  a los lineamientos que emita el IECM.

El Instituto realizará los ajustes necesarios al ejercicio fiscal 2019, a fin de llevar a cabo la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo. Además, deberá difundir entre la ciudadanía el contenido de  la Ley aprobada, atendiendo el principio de máxima publicidad.

La jornada electiva para los proyectos de Presupuesto Participativo correspondientes a los años 2020 y 2021, así como  para la elección de las primeras Comisiones de Participación Comunitaria se realizará el 15 de marzo del año 2020, para lo cual el IECM emitirá la convocatoria única la segunda quincena del mes de noviembre de este año.

En el articulado de la ley aprobada resalta que las secretarías de Inclusión y Bienestar y la de Administración y Finanzas deberán emitir el índice y la asignación de recursos correspondientes a la consulta en materia de Presupuesto Participativo para el ejercicio 2020 dentro de los 15 días naturales previos a la emisión de la convocatoria que expida el Instituto Electoral local.

La Jefatura de Gobierno estará obligada a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos el monto total de recursos que se destinarán para el Presupuesto Participativo. El Congreso capitalino deberá aprobar el monto total de recursos que se canalizarán. En tanto, la Secretaría de Administración y Finanzas deberá publicar en el mes de marzo los montos de Presupuesto Participativo que corresponden por unidad territorial para la jornada electiva del 15 de marzo.

Las plataformas digitales, herramienta de interacción ciudadana

Las plataformas de participación digital son una herramienta para que las autoridades y la ciudadanía interactúen entre sí; éstas fungirán como repositorio y contendrán información desde su inicio hasta conclusión. También deberán permitir la autenticación de las personas para la participación, para ello deberán consultar el Registro Federal de Electorales.

Se establecerá un Comité Técnico Permanente que estará integrado por una persona representante propietaria y una suplente de: la UNAM, IPN, UAM, universidades públicas, la Agencia Digital de Innovación Pública y el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Deberá instalarse dentro de los 70 días posteriores a la entrada en vigor de la norma.

Este Comité garantizará la modalidad digital de los mecanismos de democracia directa e instrumentos de democracia participativa, relativos a la integración de la información resguardada en las plataformas, los protocolos de ciber-seguridad, interoperabilidad, protección de datos personales y todos aquellos necesarios.

El Instituto Electoral y el Gobierno de la Ciudad de México deberán instaurar plataformas digitales, las cuales deberán estar operando a más tardar 15 días antes del inicio de los procesos electivos a llevarse a cabo en el año 2020.

Legisladores se manifiestan en torno a la Ley de Participación Ciudadana

El diputado Federico Döring (PAN) destacó algunos puntos por los cuales manifestó su desacuerdo en el dictamen, ya que, dijo, no se escucharon las opiniones de los Comités Ciudadanos.

Al respecto, el diputado Carlos Hernández Mirón (Morena) recordó que más de 80 por ciento de las modificaciones a la ley fueron a propuesta de Döring Casar. “En ningún momento hubo cerrazón. Además, sí se consultaron a los comités ciudadanos”.

Jorge Gaviño (PRD), lamentó que el porcentaje al Presupuesto Participativo sea únicamente de 4 por ciento y no de 5 como se propuso en las iniciativas de ley que presentaron PT, Morena y PAN. Su compañero de bancada, Víctor Hugo Lobo, también cuestionó las sanciones aplicables a las y los ciudadanos integrantes de Comités de Participación Comunitaria que no ejerzan correctamente el Presupuesto Participativo.

La diputada Donají Olivera Reyes (Morena) recordó que en administraciones anteriores muchos de los proyectos incluidos en el Presupuesto Participativo no eran ejecutados, a pesar de que debían cubrir las necesidades comunitarias.

Durante el debate, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada (PRI) aseguró que el proceso de análisis y dictaminación de la ley debió ser constructivo, pero resultó atropellado. “Esto comenzó con un transitorio y advertimos que se estaba haciendo mal. Este dictamen trae avances, pero nos preocupa la reducción en el Presupuesto Participativo”.

Le siguió la diputada Gabriela Salido (PAN), quien expuso que hay muchas posibilidades de perfeccionar la norma. “Hago un llamado a la conciencia,  porque se tiene vocación de servicio y sé que se puede generar una Ley de Participación que merecemos”.

Carlos Castillo Pérez (Morena) enfatizó que la ley combate la corrupción en el manejo de Presupuestos Participativos, pues hay mecanismos de observación y actuación.

Por la fracción parlamentaria del PT, la diputada Circe Camacho Bastida, resaltó que con esta ley se fortalece el poder de los ciudadanos. “Esta norma se perfeccionará y también se fomentará el empoderamiento ciudadano”.