Frena jueza definitivamente incorporación de la Guardia Nacional a Sedena
¿Guardia Nacional a Sedena? ¡Media vuelta! Foto: Cuartoscuro.
Otorga suspensión definitiva a la organización ‘Uniendo Caminos México’.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados deben limitar el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, indica jueza
STAFF/LIBRE EN ELSUR
Una jueza otorgó la suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México (UCMéxico) contra el decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El pasado 13 de octubre, Karla María Macías Lovera, jueza Novena de distrito, otorgó a UCMéxico, Unión Cívica 1 país, Firma Jurídica AC&AC A Asociados, Tojil, EeK, y ciudadanos, la primera suspensión provisional en los 53 juicios de amparo colectivos que interpusieron con el fin de que se declarara inconstitucional a nivel nacional el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.
Los efectos de la suspensión definitiva son para que no se transfiera el control operativo y administrativo de la corporación federal a la Sedena, y los mismos permanezcan a cargo de un mando civil en la SSPC, como lo establece la Constitución.
“Se concede al quejoso la suspensión definitiva solicitada, para… a) No se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, y dicho organismo continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como prescribe el artículo 21 de la Constitución”, acordó la juzgadora.
“b) Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional suspendan de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales a que se refiere el artículo Sexto transitorio, fracción II, del decreto combatido”.
La juez destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados deben limitar el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna.
Argumentó que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.
El 19 de octubre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito de Guanajuato revocó la suspensión provisional que ordenaba al gobierno frenar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.
En tanto, las autoridades federales manifestaron que la suspensión tenía que negarse y destacaron que la inaplicación de una ley de seguridad pública contraviene el orden social, que impide la consolidación de la GN como cuerpo policial permanente bajo el control operativo y administrativo del Ejército.
Ante estos señalamientos, la juez Macías desestimó los señalamientos de las autoridades al manifestar que el debate no debe ceñirse a aspectos utilitarios, sino atender a lo dispuesto en la Constitución.
La jueza Macías Lovera advirtió que en caso de que la transferencia ya haya iniciado, deberán restituirse todos los recursos de la Guardia Nacional a la SSPC, en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de 2022.
También pidió notificarle este fallo al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que no se lleve a cabo la transferencia de recursos de la SSPC a la Sedena y para que se restituyan aquellos ya transferidos.
Tanto a Ramírez como a las dependencias involucradas les dio un plazo de 3 días para que informen el cumplimiento a esta suspensión y les advierte que en caso de no hacerlo serán multados con 9 mil 622 pesos.
“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, resolvió Macías Lovera.
