Impedirá Morena aprobación del Programa de Desarrollo Urbano de la CDMX propuesto por MAM; ‘violaría la nueva Constitución’, advierte Cravioto
El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto Romero, advirtió que sería anticonstitucional aprobar el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México propuesto por el gobierno capitalino, porque, subrayó, además de su tendencia privatizadora, abiertamente opuesta a los intereses vecinales, no respeta los tiempos establecidos por la nueva Constitución Política de la ciudad de México.
En efecto, agregó, la Constitución establece un plazo de año y medio para modificar, desde la nueva perspectiva constitucional, el desarrollo urbano. El jefe de Gobierno dice que defiende la Constitución, pero comienza a violarla desde antes de que entren en vigor sus ordenamientos, dijo Cravioto Romero.
En este marco, anunció que de manera conjunta con vecinos de las 16 delegaciones urbanas, la bancada pondrá en marcha un Plan de Acción para impedir la aprobación del referido programa impulsado por la administración capitalina, la cual cuenta con la anuencia cómplice de los diputados locales del PRD, PAN y PRI.
Cravioto informó, asimismo, que dicho plan está conformado por los siguientes siete puntos.
1. Formación de un frente en defensa del espacio público de la Ciudad de México.
2. Vincular, entre sí, las luchas de los vecinos de las 16 delegaciones urbanas.
3. Informar con oportunidad sobre los desarrollos inmobiliarios irregulares.
4. Brindar asesoría jurídica a los vecinos.
5. Realizar actos de resistencia civil pacífica.
6. Declarar una moratoria urbana.
7. Impedir la aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano.
A su vez, el diputado David Cervantes Peredo advirtió que las políticas y programas en materia urbana ambiental, impulsadas por el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, han provocado un enorme daño a la sociedad, al tiempo que sus impactos negativos ponen en riesgo el desarrollo sustentable de la ciudad.
Al respecto, explicó:
“La corrupción, la falta de transparencia, la violación a la normatividad, el uso discrecional y distorsionado de los instrumentos de planeación, la cancelación de la participación ciudadana, la arbitrariedad y la inoperancia de los procedimientos de queja y de los órganos jurisdiccionales, son el común denominador en la aplicación de estas políticas.
“Ello ha derivado en una violación sistémica a los derechos humanos de los habitantes y visitantes de la ciudad, y representa, a su vez, un grave incumplimiento de las responsabilidades de Estado a las que está obligado el gobierno de la ciudad conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución General de la República”, precisó.
(Foto: Tamara Zaragoza).
